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Con su decisión de mantener el asilo político para la procesada exdirectora del DAS, el gobierno de Panamá rechazó ayer la solicitud de extradición a Colombia de María del Pilar Hurtado, procesada dentro del expediente por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, en razón del espionaje continuado de la policía secreta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En noviembre de 2010 la exdirectora del DAS recibió del gobierno del presidente Martinelli la calidad de asilada, al argumentar que en Colombia no tendría un juicio justo y que era víctima de persecución política. Desde entonces, sin mayores apariciones públicas —salvo unas fotos que causaron escozor en el país, pues aparecía disfrazada de conejita en el último Halloween—, Hurtado esquivó los requerimientos de la justicia colombiana.
El ministerio panameño de Relaciones Exteriores esgrimió varias razones para rechazar la solicitud de Colombia. La negativa se basa fundamentalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”. En esencia, Panamá decidió seguir manteniendo el asilo a Hurtado porque debido a esta norma “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente”.
La decisión del gobierno del vecino país cayó muy mal entre las víctimas del DAS que durante las últimas semanas desplegaron una cruzada diplomática en Ciudad de Panamá para hacerles entender a las autoridades políticas que María del Pilar Hurtado no está siendo perseguida por el Estado, ni mucho menos puede escudarse en la figura del asilo para esquivar las cuentas pendientes que tiene con la justicia. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, se mostró sorprendido por la posición de Panamá cuando “Hurtado está siendo investigada por delitos comunes, no políticos”.
Debido a la larga tradición de asilo en el vecino país, allí se encuentran los exgobernantes Jorge Serrano Elías (1990-1993), de Guatemala, y Abdalá Bucaram (1996-1997), de Ecuador.
Por Redacción Judicial
