La Contraloría General divulgó que ya existen los recursos para empezar a indemnizar a las víctimas que el grupo Nule dejó debido a los incumplimientos e irregularidades en que incurrió mientras era el contratista delegado para terminar la fase III de Transmilenio.
Según la contralora Sandra Morelli, se han recaudado unos $180 mil millones de maquinarias, pólizas y embargos. Sin embargo, aún falta recuperar dineros provenientes de las empresas de energía EnerTolima y EnerPereira, cuyas acciones fueron vendidas por los Nule a terceros, transacción que este ente de control busca reversar.
Las propiedades de los Nule en el exterior, no obstante, siguen en la mira de la Contraloría. Para lograr este cometido, se supo que el organismo ha contado con la asesoría del exdirector de la Policía, general (r) Rosso José Serrano. “Él no trabaja para la Contraloría, pero nos enseñó el camino”.
Pero mientras los Nule siguen estando en la picota pública, el Consejo de Estado eximió a dos congresistas de su responsabilidad en el carrusel de la contratación en Bogotá. La sala plena de esa corporación mantuvo las investiduras de los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal, investigados por presuntamente haber intentado ejercer sus influencias en beneficio del polémico contratista Emilio Tapia.
Besaile –investigado por parapolítica–, Elías y Tapia son los tres originarios de Sahagún (Córdoba). El 18 de septiembre de 2011, este diario publicó que los parlamentarios habían estado en el despacho de Luis Felipe Henao, secretario general del Ministro del Interior. La cita había sido pedida con antelación por los parlamentarios y agendada por la propia secretaria de Henao. El propósito del encuentro era ni más ni menos que solicitarle a Henao un cupo para Tapia en el pabellón de los parapolíticos de la cárcel La Picota de Bogotá.
La Procuraduría, sin embargo, consideró que no había pruebas suficientes para decretar la muerte política de los congresistas, y esa misma tesis acogió el Consejo de Estado. Según el alto tribunal, no se presentó un documento clave para inferir que los congresistas presionaron al entonces secretario del Ministerio del Interior, Luis Felipe Henao, en el tema del lugar de posible reclusión de Tapia.
El Consejo de Estado señaló que la única prueba presentada por el demandante fue, precisamente, el artículo que este diario publicó.
Por Redacción Judicial
