Yo estuve en la acusación contra Pretelt

Todo indicaba que muchos parlamentarios no tendrían la voluntad política para indagar, investigar y juzgar a este hombre monteriano, dado su arraigo conservador; su cercanía con Alejandro Ordóñez, quien fungía como procurador general; su amistad con Álvaro Uribe, quien lo ternó como su candidato a la Corte Constitucional; su cercana relación con Rodrigo Noguera, fundador de la Universidad Sergio Arboleda, bastión académico del uribismo, y su cercanía con sus paisanos costeños, quienes tienen una significativa representación en el Congreso.

La denuncia presentada por su colega y amigo Mauricio González, también magistrado de la Corte Constitucional ante la Comisión de Acusación de la Cámara, entraba a ser uno más de los cientos de procesos que reposan el sueño de los injustos y que ha significado por su gran ineficacia ser conocida como la “comisión de absoluciones”.

Sin embargo, la presión ciudadana, el constante seguimiento de los medios de comunicación y las denuncias por compra de tierras a presuntos testaferros del paramilitarismo del que fue objeto la esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, quien era procuradora de familia e integrante de otra “prestante” familia cordobesa, se constituyeron en factores que le imprimieron celeridad al proceso, dándole un ritmo antes desconocido para denuncias similares. Recordemos que el hoy senador Uribe Vélez tiene cerca de 200 acusaciones en la Comisión, las cuales van a paso de tortuga.

Tras seis meses de investigación, 25 testimonios, 13 informes de la policía judicial y conocer los argumentos de Pretelt y su abogado defensor, Julián Bedoya, el representante a la Cámara del Partido Liberal acusó a Pretelt por el delito de concusión, puesto que consideró que, abusando de su cargo o sus funciones como magistrado, constriñó o indujo a un servidor público o un tercero a dar o prometer dinero o cualquier utilidad indebida, o lo solicitó.

No pertenezco a la Comisión, pero seguí con atención la tarea de investigación adelantada por mis colegas. Resulté ser vecina de Pretelt y durante muchas semanas me encontré con periodistas a la entrada del conjunto quienes esperaban ansiosa e infructuosamente una declaración. Desde mi cuenta de Twitter le pedí que respondiera a las exigencias ciudadanas de conocer la verdad. De otro lado, su abogado Abelardo de la Espriella se había convertido en la persona que constantemente insistía ante los integrantes de la Cámara que, si actuábamos contra Pretelt, permitiendo que el proceso hiciera trámite al Senado, íbamos a incurrir en prevaricato.

Recuerdo que en varias oportunidades cuando íbamos a abordar el estudio del expediente 4389, fuimos recusados por este abogado, recusaciones que la Comisión de Ética de la Cámara consideró improcedentes.

Me parece verlo también con su elegante sombrero esperando a cada congresista al ingreso de la plenaria para echarle su cuento. Denuncié estos comportamientos de De la Espriella ante el Consejo Superior de la Judicatura el 17 de diciembre del 2015. Finalmente, el 15 de diciembre de 2015 la Cámara votó 96 votos a favor para que el proceso pasara al Senado, aquello que parecía una misión imposible se hacía posible: declarar indigno a Pretelt por la acusación de concusión.

Después del trámite en Senado este año y a pesar de que la comisión en la Cámara alta quedó configurada especialmente por integrantes del Centro Democrático, quienes consideraban a Pretelt un buen muchacho y pidieron archivar el proceso, la plenaria de Senado acogió la ponencia minoritaria de los senadores Jorge Prieto y Juan Manuel Corzo, escuchó la intervención de Jorge Pretelt y con 55 votos a favor y 17 en contra, decidieron declararlo indigno y trasladar el proceso para que continúe en la Corte Suprema de Justicia. Por una vez en la historia, la Comisión de Acusación y el Congreso cumplían su misión.

El proceso Pretelt escapó al laberinto kafkiano de la justicia. Ahora la responsabilidad recae en la Corte Suprema de Justicia.

Todo indicaba que muchos parlamentarios no tendrían la voluntad política para indagar, investigar y juzgar a este hombre monteriano, dado su arraigo conservador; su cercanía con Alejandro Ordóñez, quien fungía como procurador general; su amistad con Álvaro Uribe, quien lo ternó como su candidato a la Corte Constitucional; su cercana relación con Rodrigo Noguera, fundador de la Universidad Sergio Arboleda, bastión académico del uribismo, y su cercanía con sus paisanos costeños, quienes tienen una significativa representación en el Congreso.

La denuncia presentada por su colega y amigo Mauricio González, también magistrado de la Corte Constitucional ante la Comisión de Acusación de la Cámara, entraba a ser uno más de los cientos de procesos que reposan el sueño de los injustos y que ha significado por su gran ineficacia ser conocida como la “comisión de absoluciones”.

Sin embargo, la presión ciudadana, el constante seguimiento de los medios de comunicación y las denuncias por compra de tierras a presuntos testaferros del paramilitarismo del que fue objeto la esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, quien era procuradora de familia e integrante de otra “prestante” familia cordobesa, se constituyeron en factores que le imprimieron celeridad al proceso, dándole un ritmo antes desconocido para denuncias similares. Recordemos que el hoy senador Uribe Vélez tiene cerca de 200 acusaciones en la Comisión, las cuales van a paso de tortuga.

Tras seis meses de investigación, 25 testimonios, 13 informes de la policía judicial y conocer los argumentos de Pretelt y su abogado defensor, Julián Bedoya, el representante a la Cámara del Partido Liberal acusó a Pretelt por el delito de concusión, puesto que consideró que, abusando de su cargo o sus funciones como magistrado, constriñó o indujo a un servidor público o un tercero a dar o prometer dinero o cualquier utilidad indebida, o lo solicitó.

No pertenezco a la Comisión, pero seguí con atención la tarea de investigación adelantada por mis colegas. Resulté ser vecina de Pretelt y durante muchas semanas me encontré con periodistas a la entrada del conjunto quienes esperaban ansiosa e infructuosamente una declaración. Desde mi cuenta de Twitter le pedí que respondiera a las exigencias ciudadanas de conocer la verdad. De otro lado, su abogado Abelardo de la Espriella se había convertido en la persona que constantemente insistía ante los integrantes de la Cámara que, si actuábamos contra Pretelt, permitiendo que el proceso hiciera trámite al Senado, íbamos a incurrir en prevaricato.

Recuerdo que en varias oportunidades cuando íbamos a abordar el estudio del expediente 4389, fuimos recusados por este abogado, recusaciones que la Comisión de Ética de la Cámara consideró improcedentes.

Me parece verlo también con su elegante sombrero esperando a cada congresista al ingreso de la plenaria para echarle su cuento. Denuncié estos comportamientos de De la Espriella ante el Consejo Superior de la Judicatura el 17 de diciembre del 2015. Finalmente, el 15 de diciembre de 2015 la Cámara votó 96 votos a favor para que el proceso pasara al Senado, aquello que parecía una misión imposible se hacía posible: declarar indigno a Pretelt por la acusación de concusión.

Después del trámite en Senado este año y a pesar de que la comisión en la Cámara alta quedó configurada especialmente por integrantes del Centro Democrático, quienes consideraban a Pretelt un buen muchacho y pidieron archivar el proceso, la plenaria de Senado acogió la ponencia minoritaria de los senadores Jorge Prieto y Juan Manuel Corzo, escuchó la intervención de Jorge Pretelt y con 55 votos a favor y 17 en contra, decidieron declararlo indigno y trasladar el proceso para que continúe en la Corte Suprema de Justicia. Por una vez en la historia, la Comisión de Acusación y el Congreso cumplían su misión.

El proceso Pretelt escapó al laberinto kafkiano de la justicia. Ahora la responsabilidad recae en la Corte Suprema de Justicia.