En la segunda Sala de Audiencias, a instancias del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, se inició el lunes la audiencia pública contra el ex senador Álvaro Araújo Castro, acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, el juicio se inició con un largo interrogatorio al procesado, quien se declaró ajeno a cualquiera de los cargos imputados y reiteró su inocencia en el caso de la parapolítica.
Al ser indagado sobre sus actividades, Araújo Castro argumentó que sus dos troncos familiares han estado ligados a una larga tradición política en el departamento del Cesar, al punto que el primer vínculo de representación pública se remonta a 1878 cuando uno de sus tatarabuelos fue corregidor de la provincia de Padilla. En cuanto a su actividad propiamente dicha, recordó que si bien fue electo por primera vez a la Cámara en 1993, desde 1996 es el jefe del movimiento Alternativa de Avanzada Social (Alas).
En seguida la juez Patricia Ladino le preguntó por sus contactos políticos en el Cesar antes de 2002. Araújo Castro, municipio por municipio explicó sus tendencias políticas para manifestar que en varios pueblos del sur del Cesar siempre ha sido claro que posee caudal político, porque en 1997, cuando apoyó a Consuelo Araújo Noguera en su aspiración a la Gobernación del Cesar, él se concentró en el municipio de Aguachica y durante varios meses trabajó con los líderes regionales que luego fueron sus copartidarios.
“Yo me gradué como político en Aguachica”, resaltó el ex parlamentario, quien orientó su larga disertación a demostrar cómo las votaciones logradas en 2002 en varios municipios del sur del Cesar no reflejan resultados atípicos, como los precisa la Fiscalía, sino que en cada caso corresponden a alianzas con líderes naturales de esos mismos municipios o trabajos realizados a lo largo de 15 años de activismo político en el Cesar, muchas veces en medio del asedio de los grupos armados ilegales de distintas tendencias ideológicas.
Según Araújo, la máxima prueba de su inocencia es la realización del denominado ‘Pacto de la Triple Alianza’, constituido en agosto de 2000 entre los tres principales movimientos políticos del Cesar, para acceder legalmente a las principales posiciones políticas del departamento. Según él el grupo ‘Golpe’, de la familia Gnecco, el Movimiento de Renovación Liberal (MRL) y su movimiento Alas se unieron para ganar la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y los escaños en el Congreso.
“Yo no participé en pactos con los paramilitares, yo no estuve en el Acuerdo de Pivijay ni en el de Ralito, yo firmé un pacto con los siete líderes más importantes de los tres grupos políticos representativos del Cesar y ese acuerdo es legal”, reiteró el procesado, quien agregó además que, por el contrario, los grupos paramilitares lo declararon objetivo militar. “Yo era un enemigo de ellos y los denuncié cuando todavía estaban matando a la gente”, insistió el ex congresista, quien resaltó que su seguridad siempre estuvo compuesta por personal de la Policía Nacional y del DAS.
La jueza lo interrogó sobre encuentros suyos con los grupos paramilitares y Araújo respondió: “Nunca sostuve encuentros con los paramilitares por intereses electorales”. El ex congresista comentó que dos veces se reunió con Jorge 40 con el aval del Gobierno y el acompañamiento del alto comisionado, Luis Carlos Restrepo. La primera vez en Santa Fe de Ralito, con permiso del comisionado, “para que no me fueran a matar” y posteriormente cuando el líder paramilitar ya estaba comprometido en su desmovilización.
Y reiteró Araújo que él no necesitaba apoyo electoral de los paramilitares porque su alianza política le había permitido aumentar su votación en cada elección, y los encuentros con Jorge 40 para temas de su seguridad y el proceso de paz,
fueron entre 2004 y 2005, es decir, “nada tienen que ver con los resultados electorales de 2002 que son los que la justicia quiere cuestionar”. Interrogado sobre otros políticos de la región que sí hubieran accedido a esos pactos ilegales, Araújo contestó: “puedo tener corazonadas, pero soy un hombre responsable, a mí no me consta nada”.
Araújo concluyó su intervención argumentando que escogió la política porque es una forma de persuadir, pero que rechaza total y categóricamente que se haya concertado con fuerzas ilegales para defender su carrera política. “De los paramilitares sólo tuve hostilidad, y en los municipios donde me cuestionan porque saqué más del 30% de los votos, quiero insistir en que se trata de un frágil argumento, pues tengo argumentos para probar por qué de mi caudal electoral en cada municipio y de la sociología propia de cada pueblo”.
A su turno el Fiscal del caso lo interrogó sobre los paramilitares en el sur del Cesar y por qué no dio cuenta de las amenazas que le había formulado Jorge 40. El ex congresista hizo una larga disertación sobre el desenvolvimiento del paramilitarismo en ese departamento, las luchas políticas en la última década y la forma como el Cesar quedó dividido en dos grupos: el denominado cono sur, afectado por los paramilitares de más largo influjo en el conflicto y el norte, afectado por los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Jorge 40.
La audiencia pública proseguirá hoy con los interrogatorios de la Procuraduría y la participación de la defensa. Posteriormente se hará el debate con los testigos del caso. Sin duda, en el escándalo de la parapolítica, este es uno de los capítulos que reviste mayor controversia, de ahí el interés que suscitó ayer la apertura de la audiencia pública.
Las razones de la Fiscalía en contra del ex senador Araújo
El 22 de agosto de 2007, la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Luz Hurtado, acusó al ex congresista Álvaro Araújo Castro de los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y secuestro extorsivo agravado.
La decisión fue apelada y el caso lo asumió el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien dejó en firme la acusación por concierto para delinquir y constreñimiento al elector, pero anuló el delito de secuestro extorsivo. De acuerdo con la resolución, un fiscal de la Unidad Antisecuestro era el competente para evaluar el proceso.
En cuanto a los dos primeros delitos, la tesis de la Fiscalía apunta a que el ex congresista cesarense tuvo contactos con el Bloque Norte de las autodefensas y se vio beneficiado electoralmente en 2002 por las presiones de los grupos de autodefensa en la región.
Asimismo, la Fiscalía le dio validez al estudio preparado por la politóloga Claudia Nayibe López, en el que se revelaron los ‘mapas de la parapolítica’ y las votaciones atípicas de varios parlamentarios en las elecciones de 2002. De igual manera, el ente acusador le dio plena credibilidad al testimonio de Rafael García, ex director de informática del DAS, así como al político Alfonso Palacio. Ellos deberán ser escuchados en la audiencia pública dentro del juicio en contra de Araújo Castro.