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“Yo vi de cerca la cara de la violencia”: Luz Janeth Forero, directora de la UBPD

En entrevista con El Espectador, la nueva directora de la Unidad se refirió a las estrategias que implementará para atender los retos de la UBPD y de su experiencia como una médica forense que ha visto lo más cruel de la guerra en Colombia.

Felipe Morales Sierra y Valentina Arango Correa

24 de abril de 2023 - 01:00 p. m.
La directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero Martínez, en entrevista con El Espectador.
Foto: Mauricio Alvarado
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Luz Janeth Forero fue la primera mujer en dirigir Medicina Legal y ahora es la nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, epidemióloga y doctora en sociología jurídica. Forero expone con claridad la experiencia de alguien que, como dice, le vio la cara a la violencia. En terreno, como cuando tuvo que hacer las necropsias de los muertos que dejó la toma guerrillera de Miraflores (Guaviare) 1998, y a través de los datos, como cuando lideró la creación de Forensis, una publicación de Medicina Legal que compila anualmente las cifras de violencia en el país.

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¿Cómo evalúa los resultados que ha entregado la UBPD hasta ahora?

Hay una gestión que debe ser reconocida, pero doy la claridad de que a los funcionarios públicos no nos deben juzgar por la gestión sino por los resultados y, obviamente, ahí hay que trabajar. Recordemos que también hay una limitación estructural, porque el proceso de búsqueda no está solo bajo el dominio y el control de la Unidad. El proceso es absolutamente participativo, interseccional e interinstitucional. Nuestro trabajo llega hasta la prospección y recuperación de cuerpos, los cuales entregamos a Medicina Legal, que hace la labor final de identificación. Por eso, insisto que gran parte del trabajo tiene que partir de la incidencia, la gestión y los recursos para la articulación y el fortalecimiento forense.

¿Qué ha pensado impulsar para avanzar en la búsqueda de las 104.602 personas dadas por desaparecidas?

Una gran ventaja de no haberme posesionado inmediatamente cuando me seleccionaron fue que tuve tiempo de decantación, estudiar y hablar con mucha gente. Durante seis semanas tuve 45 reuniones con actores de todo nivel. Eso me dio una visión muy amplia de las cosas que hay qué hacer. Lo primero es generar mecanismos ágiles de procesamiento, organización y análisis de información, que es el primer insumo de la Unidad, así como la aplicación de herramientas tecnológicas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos para aplicarlos al proceso de búsqueda.

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¿Y lo segundo?

Es el componente de salir al campo a tratar de recuperar los cuerpos. La idea es tener un área paralela con ayuda de la tecnología para la gestión e innovación y tecnología en la búsqueda. El tercer componente es el fortalecimiento forense en laboratorio, que cruza totalmente con Medicina Legal. Nuestra cuarta fase es todo el tema de entrega digna y tiene un componente que se llama participación, donde las víctimas son supremamente importantes para el desarrollo de los procesos de resiliencia y de apoyo psicosocial al proceso. Son cosas que hay que fortalecer para tener resultados.

Ahora que habla de esa base del avance médico y científico, ¿qué le gustaría traer?, ¿qué ha visto en otras partes del mundo qué puedan funcionar con la misión de la Unidad?

Todavía estoy explorando. Por ejemplo, hay tecnologías fuertes en los procesos extractivos, mineros y de petróleo ¿Pueden funcionar aquí? Pienso también que hemos estado un poco débiles en ejercicios que se hacen en escenarios de desastre para buscar cuerpos a través de caninos, por ejemplo, entrenados para eso. ¿Podría servir con cuerpos inhumados con tanto tiempo? No lo sabemos, por ahora.

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¿Cómo piensa impulsar las solicitudes de búsqueda de víctimas que no están organizadas?

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Vincular a las víctimas no organizadas a este proceso resulta crucial. Hoy, la Unidad sigue siendo desconocida en Colombia, es decir, si uno le preguntas a un ciudadano de a pie, que no tiene interés específico con personas dadas por desaparecidas, ella no sabe que la Unidad existe. La entidad no está en los imaginarios de país, entonces ahí hay que empezar a hacer un trabajo de despliegue territorial. Estoy convencida de que la institucionalidad del Estado tiene que buscar a los ciudadanos y tiene que llegar a tocar su puerta. También creo que las organizaciones de víctimas tienen un papel muy importante, porque son los que nos tienen que ayudar a ampliar esa base de personas porque ellas ya cuentan con una experiencia de asociación y trabajo colectivo.

¿Hay algún territorio que le preocupe más que otro con relación a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas?

Los territorios que tienen un alto volumen de casos, empezando por Antioquia, mi tierra. Ahí vi la violencia de cerca, le vi la cara a la violencia. Es un departamento que reúne todo tipo de complejidades. El otro es un departamento que amo mucho, porque es el que me adoptó, donde me desconecto del frenesí de Bogotá, es el Meta, donde tengo una casa de descanso a la que voy regularmente. Antioquia está desconectada por las montañas, por la topografía, y el Meta es vasto. Esos dos departamentos son claves, pero también me preocupan enormemente regiones que han tenido unas dinámicas de conflicto absolutamente atroces como Cúcuta, el Catatumbo o el Cauca.

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Cuando usted dice que le vio la cara a la violencia, ¿a qué se refiere?

Nosotros convivimos con la violencia. Para nadie es un secreto cómo fue la Medellín de los años 80 y a finales de los 90. A mí me tocó vivir la ciudad de las bombas, de la que estábamos en los centros de salud de la comuna nororiental, donde, literalmente, nuestro único chaleco antibalas era una bata de médico y donde uno, de verdad, sentía pasar las balas. Era la Medellín donde tú estabas en el centro de salud atendiendo urgencias a las 2:00 de la mañana y te llegaba el joven de 12, 14 o 15 años muerto, donde sus compañeros te decían: “Si no lo salvas, te mato”. Uno tenía que hacer todo, casi que un show, una puesta en escena de hacer lo posible y lo imposible para trasladarlo para la Policlínica, y que muriera allá y no donde yo estaba, porque es que si muere aquí, me matan.

¿Cuáles de esos hechos de la violencia colombiana que le tocó vivir es el que más le ha impactado?

Yo creo que Miraflores no tiene precedentes para mí. Cuando ocurrió la toma de Miraflores en 1998 (Guaviare), yo estaba estaba muy metida en el estudio y análisis de la epidemiología de la violencia, pero seguía haciendo un trabajo parcial en medicina forense. Entonces, estábamos haciendo un taller con una experta mundial que nos trajeron de Atlanta y eso para mí fue como una golosina de todos los niveles porque era la dura en métodos epidemiológicos. En medio del taller, me llamaron de Medicina Legal porque necesitaban forenses y decidí irme. Yo soy de decisiones rápidas. Era la única mujer del equipo, iban cinco médicos más. No había vuelos y el área estaba militarizada. La única forma de viajar fue en un avión militar lleno de municiones. Fue como un viaje de 20 minutos que me parecieron años. Pero llegamos. Conseguimos una sola pieza y nos tocó dormir a todos juntos. Después tocó montar la morgue alterna, trabajando con agua de un camión cisterna. Nosotros queríamos llegar hasta allá y no nos dejaron, entonces la hicimos cerca a San José del Guaviare, hasta donde nos llevaban los cuerpos, en un calor horrible del trópico. ¡Ustedes saben cómo son los trajes forenses que uno no puede ni respirar! Hicimos todos los casos en, relativamente, buen tiempo, porque éramos seis personas expertas que conocíamos el tema. Pero nos quedamos allá, nadie nos sacaba, no podíamos salir. Estuvimos casi una semana, mientras seguían los combates. Todo eso, por un lado, pero después fue sentir la satisfacción de haber estado allá, haberlo hecho y empezar a generar protocolos para estos eventos colectivos tan complejos. Eso no tiene precedente.

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Usted creció en Medicina Legal y se convirtió en la primera directora mujer de esta entidad, ¿esa historia cómo puede impulsar o mejorar la relación con Medicina Legal?

Creo que esa es una de mis grandes posibilidades en este momento. Soy hija de Medicina Legal, crecí allá personal y profesionalmente. Fue la institución que más cara les dio a las víctimas y atendió el conflicto durante muchos años. A pesar de que ha evolucionado estos 12 años desde que salí de allá, siguen existiendo demasiados vínculos formales e informales. La institucionalidad, muchas veces, se mueve a través esos vínculos y de los relacionamientos institucionales. Cuando uno trabaja tantos años en un tema, se vuelven también relacionamientos personales, temas de afecto, amistad y apoyo. Ahí está la puerta totalmente abierta y eso es lo que necesitamos. Ya tuve unas primeras conversaciones con el actual director de Medicina Legal, a quien coloquialmente le digo compañero de pupitre, porque tuvimos procesos muy hermosos cuando trabajamos juntos en esta entidad.

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Y con otras entidades, como la Fiscalía…

En todas partes insisto en que tener un mandato extrajudicial y humanitario, como el que tiene la Unidad, termina siendo una licencia para tocar muchas puertas y para entrar a muchos lugares sin perder ese carácter tan especial. Uno entiende lo protocolizado que están todos los mecanismos, como la investigación criminal y todo lo judicial, donde cualquier cosa te daña la evidencia o te hace caer el proceso o demorar la investigación. En cambio, para nosotros, es una ventaja tener este carácter. También entender que somos agentes de incidencia, es decir, los niveles directivos tenemos que incidir entre nosotros mismos para que haya claridad sobre esos procedimientos, sobre esos protocolos y para que no traslademos ese desgaste a las víctimas. Termina siendo casi que una posición política de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a organizar esto.

Pasemos entonces al rol de la Unidad de cara, por ejemplo, a las sanciones propias de la JEP…

Sé que es un proceso que ha estado bastante dilatado, porque no ha habido punto de acuerdo. Yo abogo otra vez a lo práctico. Lo que he conversado fundamentalmente con los equipos es: ¿qué más que la Unidad sea un escenario para el desarrollo de estas sanciones propias y sobre todo de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) que deben realizar los comparecientes? ¿Qué más reparador puede ser que estas personas que están vinculadas a procesos de desaparición trabajen y aporten a la Unidad? Y que eso sea reconocido, pero que contribuya a todo lo que no sabemos de verdad, justicia, reparación.

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Respecto a las denuncias en medios de comunicación de personas que habían sufrido de presunto maltrato laboral dentro de la Unidad, ¿ha pensado cómo prevenir este tipo de situaciones?

Estamos pensando en tener unos mecanismos institucionales mucho más fuertes para vigilar y controlar estos temas y unos mecanismos con una participación muy amplia y muy abierta, no solo desde los niveles directivos de la entidad que ya lo define la norma, sino desde las personas que hacen parte del equipo humano de la entidad, tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial. Son claves los avances que ha hecho el sindicato al respecto. He realizado algunas reuniones con ellos, no muy oficiales, por decirlo de alguna manera, para ver cómo vamos a abordar conjuntamente este tema. Ahí la orientación sería por ese lado, aparte de una instrucción clara de trabajo, desde el respeto, la consideración, la empatía y el reconocimiento del otro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Por Valentina Arango Correa

Escribe sobre la esperanza, los derechos humanos, el dolor y las mujeres. Es periodista de la Universidad de Antioquia y realizadora audiovisual.@negruracorreavarango@elespectador.com
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