Los próximos 18 y 19 de abril la opinión pública colombiana, y en especial la de Casanare, podrá conocer un nuevo reconocimiento de responsabilidad grupal por parte de militares que se sometieron a la justicia y que aceptarán sus culpas por al menos 303 ejecuciones extrajudiciales. En un evento convocado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal, 24 comparecientes ofrecerán disculpas a Colombia por engrosar el listado de falsos positivos.
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La ceremonia es una de las diligencias clave en el marco del subcaso Casanare de los falsos positivos, que reúne a cientos de víctimas desaparecidas y asesinadas entre enero de 2005 y diciembre de 2008. La JEP no tiene dudas de que los 24 militares cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que dentro de la Brigada VXI del Ejército Nacional se implantó una “organización criminal”. El militar de más alto rango que agachará la cabeza públicamente será el general (r) Henry Torres Escalante, comandante de esa unidad militar.
Asimismo, los familiares de víctimas tendrán cara a cara, así como pasó en los casos de Soacha, al mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y al teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. En total se encuentran vinculados 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por falsos positivos. La teoría del caso en su contra establece que participaron en la ejecución de 303 víctimas, en 218 eventos distintos, ocurridos en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
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“A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”, explica la JEP. Asimismo, la Jurisdicción explicó que, de los 26 imputados, dos oficiales del Ejército no aceptaron responsabilidad y tendrán un juicio que podría resultar en 20 años de cárcel.
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