Bojayá y su apuesta para erradicar la violencia intrafamiliar

Desde que ocupa el cargo de comisario de familia de Bojayá, Álvarez se ha enfrentado con la falta de recursos que más del 80 % de las Comisarías en Colombia presentan a la hora de ofrecer justicia a quienes la necesitan.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La estampilla familiar es un impuesto que, desde 2021, se aprobó en Colombia con el fin de recaudar fondos para fortalecer las comisarías de familia. El objetivo de esta iniciativa, señalada en los artículos 22 a 24 de la ley 2126 de 2021 (regulación de las comisarías de familia), es que estos organismos locales puedan financiarse con otros recursos aparte de los que brinda el Estado y consiste en que las autoridades locales, ya sean los concejos municipales o las asambleas departamentales, puedan gravar cerca del 2% de los anticipos y adiciones a los contratos públicos celebrados. Pues, actualmente, dependen únicamente de la financiación de Alcaldías y Gobernaciones.

Mientras que una ciudad como Bogotá no ha reglamentado el funcionamiento de la estampilla familiar, desde inicios de 2023, Juvenal Álvarez se puso en la tarea de que Bojayá (Chocó), el municipio en donde es comisario de familia hace más de cuatro años, lograra implementar esta norma. El Espectador habló con el funcionario para entender la apuesta que lleva este municipio a partir de la aprobación de esta legislatura.

¿Cómo es el panorama de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres en Bojayá?

Somos un municipio de alta violencia, donde hay mucho desplazamiento forzado. Esto agrava la violencia contra las mujeres, especialmente contra las niñas y adolescentes, quienes en el marco del conflicto armado han sido afectadas de forma mayor.

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A partir de este escenario de violencia, ¿Cómo nace la iniciativa para aprobar la estampilla familiar y hacerle frente?

Yo le manifesté a la administración local la necesidad de aprobar la estampilla, por fortuna, tenemos buena relación y hubo voluntad política para esta iniciativa. De ahí, el Ministerio de Justicia, a través USAID, me facilitó el formato para iniciar el proceso con la autoridad local, yo lo revisé, y le agregamos que el recaudo comience a partir de 2024. De tal manera que no alterara la nómina ya establecida para 2023, puesto que no se podía gravar lo que ya está aprobado en el presupuesto del municipio para este año. Esta misma recomendación también fue tomada por los otros municipios, tales como Sipí y Unguía.

¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaron en el municipio para poder aprobar la estampilla familiar?

La plata es la principal dificultad. Pues estamos hablando de que no llegue más plata adicional, sino que significa sacar parte de un presupuesto que ya hay y en un municipio como este que es de sexta categoría. Eso implica hablar de menos recursos. Sin embargo, dado que existe una buena relación con la Alcaldía, yo le hice entender la importancia de este gravamen. Pasa que nosotros acá, para atender una situación de emergencia en la cual hay una violación de derechos, nos toca transportarnos por agua y es bastante engorroso, porque hay que cubrir la gasolina de la lancha y la alimentación, ya que hay corregimientos lejanos. De esta manera, a nivel de logística, se dificulta la atención desde la Comisaría.

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¿Qué resultados puede tener la aprobación de la estampilla familiar para Bojayá y el Chocó?

El Chocó es un departamento atravesado por la violencia. Acá hacen presencia todos los grupos armados ilegales, tanto el Clan del Golfo como las disidencias de la FARC. Lo anterior conlleva a que existan barreras sociales en las comunidades donde se presentan fuertes enfrentamientos y se dan desplazamientos, los cuales no permiten que el municipio se desarrolle, entonces ahí es que se notan los beneficios que nos puede traer.

Es así que se implementa una de las herramientas para tratar, en cierta medida, ese problema, y evitar que se agrave. En síntesis, la estampilla familiar va a permitir que los niños, niñas, adolescentes y las mujeres víctimas del conflicto, de violencia intrafamiliar y sexual, puedan tener un poquito mayor de garantías para sus derechos. Creo que implica un futuro diferente para estas personas que son violentadas en sus propios hogares.

¿Conoce algún caso que ilustre esta situación?

La semana pasada, por ejemplo, me dio mucha pena y tristeza, porque me solicitaron, desde una comunidad indígena, cinco galones de gasolina para ellos sacar a un menor que estaba en riesgo de reclutamiento, porque se le van a llevar. Y yo les tuve que decir que no soy el ordenador de gasto y tampoco no tengo cómo sacar ni $100.000 ni $200.000 pesos para dárselo en gasolina. Es mejor que llamen al alcalde, les dije. Este tipo de barreras impiden que nosotros como Comisaría de Familia no podamos ejercer bien nuestro trabajo y nuestra labor.

Así están todos los municipios del departamento del Chocó, hasta el mismo Quibdó, que es la capital, donde también hay presencia de todos los grupos armados ilegales. De esta manera, la falta de recursos de las comisarías de familia en los municipios de sexta categoría, donde no hay presencia de defensores de familia ni ICBF, que son una institución con mucho músculo, hacen muy complejo que se le garanticen los derechos a los niños y adolescentes.

¿Qué otras acciones usted considera que se necesitan, además de una ley como esta, para que las violencias intrafamiliares o las violencias basadas en género puedan ser atendidas?

Yo soy creyente de que se incentive más a la educación formal o a la capacitación de las mujeres madres cabezas de familia en municipios como Bajo Baudó, Alto Buadó, Sipí. Son lugares donde las costumbres están bien marcadas. Por ejemplo, yo diría que las personas con menos derechos humanos son las mujeres indígenas, quienes, particularmente en mi municipio, no tienen derecho a hablar si el marido no les da permiso y eso lo hacen en el entorno de sus costumbres.

Por eso creo que si nosotros educamos bien a la población, formamos y capacitamos a personas más independientes, estaremos más cerca de un mejor país. Si como sociedad queremos crear un país con menos violencia, donde se protejan y seamos garantes de los derechos humanos, tenemos que proteger a la familia. Al no protegerla puede conllevar a que el futuro de los niños de Colombia sea más violento. Estas tendrían que ser las políticas primarias, no solo para un departamento o un municipio, sino para todo el país, pues el núcleo de toda la sociedad es la familia.

¿Qué demuestra que un municipio como Bojayá sí haya aprobado la estampilla familiar y ciudades grandes como Bogotá no la han reglamentado?

La respuesta es voluntad política. Si hay voluntad política, se puede. Pues aprobar la estampilla, aunque modifica el presupuesto, le deja unas grandes herramientas de trabajo a las Comisarías.

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