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Con el objetivo de promover y divulgar los derechos humanos en el país, la Defensoría del Pueblo, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Maloka, dieron apertura al primer Centro Cultural para la Educación en Derechos Humanos, en Bogotá. Este espacio, además de ser el primero en Colombia, también busca promover una cultura de pedagogía y entendimiento sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El centro contará con cuatro espacios principales: una biblioteca, una ludoteca, un centro de documentación y un museo interactivo de derechos humanos. Mediante estos espacios, afirma la Defensoría, se espera que quienes lo visiten puedan acceder a materiales con temáticas de derechos humanos, así como a documentos e informes oficiales sobre la materia. Respecto al museo, este estará ubicado en la sede nacional de la Defensoría del Pueblo.
(Más información: LibertApp: así es cómo las víctimas de trata pueden alertar a las autoridades)
De acuerdo con Carlos Camargo, defensor del pueblo, se espera qua le entidad pueda “llevar exposiciones itinerantes a las distintas regiones de Colombia, con el fin de generar espacios de sensibilización y aprendizaje en derechos humanos, además de una construcción participativa. Igualmente, poner a disposición de la comunidad exposiciones temporales que abordarán diversos temas sobre la materia para mantener su atención e interés”.
“El Centro Cultural para la Educación en Derechos Humanos representa una innovadora iniciativa que complementará las actividades de formación ya existentes”, añadió Camargo.
(Lea aquí: Con unidad móvil, la Defensoría del Pueblo busca llegar a las víctimas)
Esta nueva apuesta se suma a la presentada por la entidad a finales de agosto: la ampliación de la Unidad Móvil de la Defensoría. En lo transcurrido del año, la entidad, a través de esta unidad, ha logrado atender cerca de 12.600 solicitudes e indican que se requiere poner en funcionamiento por lo menos tres unidades móviles más para atender a víctimas, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta a las comunidades. Así, se busca facilitar el acceso a trámites de justicia que ofrece la administración pública, dados los efectos del conflicto sobre la población civil.
Las jornadas de atención integral cuentan con la articulación de diferentes entidades nacionales y territoriales para garantizar la plena asesoría a las poblaciones más vulnerables. Según identificaron los organismos que componen la unidad, la mayor necesidad en términos de información y atención está relacionada con los procesos de justicia en casos de víctimas del conflicto armado.
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