El 10 de julio de 2023, una mujer de Concepción (Antioquia) presentó una tutela a su nombre y el de su hijo, quien alcanzó la mayoría de edad durante el trámite, contra la Inspección de Policía y Tránsito del municipio. La mujer denunció la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, la vida digna, la paz, a la tranquilidad y la propiedad privada, argumentando que ha sido poseedora de unas tierras en la vereda San Pedro del mismo pueblo, junto con su compañero permanente, quien fue asesinado el 4 de febrero de 2022 por grupos armados.
La mujer explicó que, tras mudarse a otra ciudad por problemas de orden público hace siete años, su compañero permaneció en la finca hasta su muerte. Según su testimonio ante la Corte Constitucional, dos días después de su fallecimiento, familiares de este hombre ingresaron violentamente a los predios, realizaron modificaciones y se instalaron en la casa, desconociendo su posesión.
Hasta que, el 4 de abril de 2023, la mujer se enteró de la situación, por lo que interpuso una querella ante la Inspección de Policía de Concepción, pero fue rechazada. La inspección local argumentó que no tenía legitimidad de ser la dueña del predio y que ya había caducado el tiempo para ser amparada por el derecho a la posesión de la tierra caducidad.
A pesar de apelar la decisión, tanto la Inspección de Policía como la Alcaldía de Concepción confirmaron el rechazo de la querella, argumentando que no se acreditaron las circunstancias que impidieron a la mujer conocer oportunamente los hechos. Ante esto, ella solicitó el amparo de sus derechos, exponiendo la necesidad de protección judicial ante la Corte Constitucional.
Fue así que la Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en relación con el acceso a la tierra y vivienda digna de la familia. La Corte también le ordenó al Ministerio de Justicia que adelante una brigada de socialización del “Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la tierra” en el municipio de Concepción, Antioquia.
“A partir de una lectura de los hechos relevantes del caso concreto resaltados por esta Corporación líneas arriba, es posible inferir que la querella policiva cuyo conocimiento correspondió a las autoridades accionadas, tenía un trasfondo de violencia y amenaza contra la mujer, que ameritaba la aplicación de un enfoque diferencial de género”, señaló la sala tercera de revisión de la Corte Constitucional.
La decisión, de acuerdo con la alta instancia, se debe realizar en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con las mujeres de Concepción (Antioquia). Asimismo, el Minjusticia deberá adelantar una jornada de capacitación sobre el acceso a la propiedad de la tierra dirigida a las autoridades administrativas y judiciales del municipio, además de las mujeres y otras personas residentes en el municipio.
Finalmente, la Corte le ordenó también a la Defensoría que le brinde una ruta de acompañamiento jurídico a cuatro mujeres para que conozcan sus derechos y las alternativas judiciales en relación con el predio por el cual se violaron sus derechos. Adicionalmente, la entidad debe acompañarlas en los trámites administrativos y judiciales necesarios, asegurándose de que las autoridades competentes apliquen un enfoque de género.
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