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El 23 y 24 de mayo de 2024, el Hotel Movich en Rionegro (Antioquia) acoge el conversatorio titulado “Aprendizajes y avances significativos en la restitución de tierras, derechos territoriales y género”. Este evento tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión entre la rama judicial y entidades competentes en el proceso de restitución para abordar los principales retos, cuellos de botella y avances en la restitución de tierras y derechos territoriales, con un enfoque especial en la perspectiva étnica, de género y derechos colectivos.
Las víctimas, quienes deben enfrentar contextos de violencia y buscan el acceso a los predios de los que fueron desplazados, se han encontrado con dificultades como la permanencia o llegada de grupos armados a esos mismos territorios o que, por ejemplo, se presenten personas opositoras a sus procesos solicitando las mismas tierras.
Respecto a esta problemática, Gloria Stella López Jaramillo, magistrada especialista en la restitución de tierras, explicó cómo “los magistrados de restitución de tierras han tomado una fuerza muy grande apara afrontar la complejidad de los procesos de restitución que están llenos de externalidades que dificultad la restitución”.
Y destacó el diálogo entre la Rama Judicial, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y los ministerios de Justicia y Agricultura, y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para la recolección de datos de los predios. “Nos ha permitido mejorar los procedimientos de recolección de datos, mejorar prácticas y pensar como la divulgamos para tener información certeza y verás”, detalló la magistrada.
De esta manera, resaltó la creación de juzgados de tierras en Ibagué (Tolima) y Florencia (Caquetá), y cinco juzgados étnicos para atender rutas colectivas que atiendan de forma específica a los grupos que luchan por el acceso colectivo de la tierra. El acceso a la tierra también influye en los derechos de los territorios, de ahí surgen varios retos relacionados con la justicia y la reconciliación en contextos que se mantienen permeados por el conflicto.
Retos y perspectivas del proceso de restitución
A la pregunta de Jacobo Martínez, especialista de Justicia Inclusiva de Usaid respecto a la legislación existente relacionada con el restablecimiento de derechos para las víctimas, sobre las apuestas que se tienen desde cada una de las entidades que velan por el acceso a la tierra. En este caso, respondieron Carlos Merchán, defensor delegado para asuntos agrarios y de tierras; Harvey León Quintero, procurador delegado para la restitución de tierras; Javier Enrique Castillo, magistrado de la sala civil especializada en restitución de Tierras de Antioquia, y Paula Villa Vélez, directora jurídica de la URT.
De acuerdo con Paula Villa Vélez, directora jurídica de la URT, los procesos de restitución de tierras tienen: alrededor de 17.000 casos en zonas sin microfocalización, unos 4.900 casos en zonas que aunque fueron microfocalizadas, actualmente encuentran suspendidas, 26.098 casos que se encuentran habilitados para trabajar en etapa administrativa, 2.870 casos que no han sido demandados o que la Unidad no ha podido rastrear; y 21.360 que ya están en etapa judicial sin sentencia y 15.026 casos que tienen sentencia.
Además, hay zonas a las que ni siquiera estas entidades han podido ingresar de nuevo por la violencia, no hay condiciones de seguridad para su labor. Entre estas, se encuentra el Catatumbo, sur de Bolívar, gran parte de Antioquia en el Urabá, lugares a los que todavía las instituciones no han pensado ni cómo legar. Una necesidad urgente para las víctimas que indica la directora Villa.
De ahí que las apuestas de la URT es buscar llegar a las zonas más complejas de otras formas con una enfoque de seguridad humana, así como priorizar la inclusión con una mirada ambiental. “Tenemos que dialogar entre el ejercicio, por el respeto de la naturaleza y el medio ambiente, pero también por el reconocimiento de las poblaciones que han vivido allí y que las instituciones entendamos esa interlocución”, explicó la magistrada.
Sobre las estrategias judiciales que se deberían establecer para superar los obstáculos que se han presentado en los procesos de restitución de tierras, el magistrado Javier Enrique Castillo, quien dijo que, más allá de las sentencias, “se requiere que las decisiones judiciales se cumplan, que tengan eficacia y produzcan los efectos a los que están destinadas”. Asimismo, Castillo dijo que se debe proteger a las víctimas con una justicia pronta y restaurativa, además de propender por frenar actual la congestión judicial y la ausencia de medidas específicas para su solución.
Abogando por la representación de víctimas y atender el acceso a la justicia para llevar ofertas institucionales a los territorios, el defensor delegado para asuntos agrarios, Carlos Merchán, mencionó que la articulación institucional es fundamental para aplicar la política de restitución y reclama un plan de choque para redireccionar la aplicación de la misma para atender efectivamente a las víctimas a nivel de justicia.
Sobre esto, a través de las inspecciones judiciales y jornadas de justicia que han llegado con los jueces de restitución hasta los territorios, el Harvey León Quintero, procurador delegado para la restitución de tierras, resaltó que deberían mantenerse para que las personas que requieren solitudes relacionadas con la tierra si reciban una atención completa y correspondiente con su necesidad específica.
En general, comprendiendo estos retos y avances, la restitución de tierras sigue manteniendo algunas dificultades que implican el acercamiento de las entidades encargadas, tal y como sus mismos delegados lo exponen.
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