La unión que acelera la búsqueda de desaparecidos en el Urabá

Con estas acciones se esperaba identificar y entregar dignamente a sus familiares los cuerpos de mínimo dos personas.

Foto: JEP

“Gracias a todos por entregarme a mi hijo. Gracias a Dios ya va a volver a su pueblo. Ha sido muy duro, pero yo no me di por vencida”.

Estas fueron las palabras de Amparo Cano el pasado 21 de marzo en la diligencia de entrega digna de los restos de Jhon Jarvi Cañas Cano, un joven de Puerto Nare, Antioquia, que en 2005 fue abordado en la Terminal Norte de Medellín por hombres del Ejército colombiano con una promesa de trabajo en Dabeiba, Antioquia. Cañas, según ha esclarecido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue asesinado, reportado como guerrillero muerto en combate y desaparecido. Su familia llevaba buscándolo casi veinte años.

Muchos hilos tienen que desenmarañarse para encontrar a una persona desaparecida. La magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04 de la JEP, sobre la situación territorial de Urabá, dice que “la intención del perpetrador es que la víctima no aparezca, así que el crimen se perfecciona con el tiempo. Mientras la familia busca, los perpetradores van corrigiendo las fallas, con cambios de lugares de la ubicación de los cuerpos, con la desaparición de familiares buscadores, con asesinatos de otros perpetradores que quieren hablar... Todo es parte de la estrategia de perpetuar la impunidad y es parte del crimen”.

En el caso de Jhon Jarvi todavía hay algunos cabos sueltos, pero muchos otros ya fueron unidos por la JEP y presentados en la audiencia de entrega digna: El nombre de Jhon Jarvi salió en las versiones que brindaron algunos comparecientes del Caso 03 de la JEP, sobre los mal llamados falsos positivos. Fue asesinado en la vereda El Mohán, de Dabeiba, donde le hicieron una necropsia y donde fue inhumado como NN.

En medio de un proceso confuso, Jhon Jarvi fue identificado por la Registraduría y cambiado de bóveda. Su familia fue informada de que supuestamente había muerto en combate, pero no les entregaron el cuerpo. Por motivos que aún se desconocen, le hicieron una segunda necropsia y su cuerpo fue trasladado al cementerio de Carepa. Su expediente estaba en un juzgado penal militar, al que la JEP le dictó medidas cautelares luego de que misteriosamente una parte del archivo hubiera sido incendiada. El mismo compareciente que lo reclutó en la Terminal de Medellín ayudó a encontrarlo en Carepa.

Todas estas circunstancias hacen que haber encontrado y entregado a Jhon Jarvi sea un gran logro, para el que se articularon varias entidades del Estado, alentadas por el proyecto ‘Fortalecimiento a la articulación interinstitucional para impulsar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas’, de la Gobernación de Antioquia, apoyado por el programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, e implementado por la OIM.

“Estamos aquí representando a un grupo enorme de personas que ha hecho posible que esto se dé. Esta experiencia nos puede llevar a seguir haciendo este trabajo con muchos más desaparecidos. Estamos aprendiendo, entendiendo cómo fue que lo hicieron para devolver la pita, haciendo la búsqueda inversa. Esto es realmente emocionante porque no se detiene con Jhon Jarvi”, afirmó la magistrada Henríquez.

Urabá ha sido el laboratorio

Si bien Colombia ha avanzado en la búsqueda de desaparecidos y, por ejemplo, la justicia transicional ha permitido que esta se entienda como un proceso humanitario y no solo judicial, llevar todo esto a la práctica en los territorios no es una tarea sencilla.

“Las entidades llegaban a cumplir su misionalidad y muchas veces le tenían que decir a algunas víctimas que no podían buscar a su desaparecido, por ejemplo, porque no eran víctimas de las AUC o porque no estaba dentro de un macrocaso de la JEP. Esto era muy frustrante, entonces la Gobernación decidió tomar un rol articulador y creó una ruta de búsqueda (Firmes con la Búsqueda) para orientar a las familias sobre qué pasos debían seguir, y centralizar las acciones que se estaban haciendo en el territorio”, comentó Aiza Pichott Butron, de la Gobernación de Antioquia.

Y el Urabá antioqueño era el escenario ideal para poner esto en práctica: allí hay víctimas de todos los actores, AUC, Farc y Ejército, y 4.872 personas por encontrar, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). En esta zona, además, la JEP y la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación tenían puntos comunes de interés forense.

Incluso, diversas entidades de justicia transicional han encontrado cuerpos señalados por comparecientes o testigos, pero no cuentan con muestras de ADN de sus familiares para cruzar la información, determinar su identidad y entregar sus cuerpos. Es decir, hay cuerpos que buscan a sus familias en esta zona del país.

Todo esto hizo que Restaurando Nuestro Futuro y la Gobernación formularan el proyecto, priorizando las intervenciones en los cementerios de Mutatá y Carepa. Se esperaba recuperar 11 cuerpos, sin embargo, hasta abril de 2024 se han recuperado 27.

Además, las exhumaciones que la JEP y la Fiscalía habían hecho antes en el cementerio de Dabeiba les habían enseñado que el movimiento en los campos santos atraía a familiares de personas desaparecidas, y que era indispensable que las exhumaciones estuvieran acompañadas de jornadas de tomas de muestras genéticas masivas, que también servirían para que las víctimas ampliaran sus denuncias, se acreditaran como víctimas ante la JEP y se registraran ante la UBPD. Inicialmente, el proyecto planeó desarrollar dos jornadas para atender a 400 víctimas, pero la alta demanda llevo a que se hicieran seis, donde se atendieron a 1.745.

Con estas acciones se esperaba identificar y entregar dignamente a sus familiares los cuerpos de mínimo dos personas. Sin embargo, ya se han entregado ocho, cuatro con la Fiscalía (en el marco de Justicia y Paz) y cuatro con la JEP.

Cerrando brechas

La articulación interinstitucional ha sido uno de los principales logros del proyecto. Todas las entidades que tienen competencia en la búsqueda, desde su rol, se sentaron en una mesa, lograron construir un panorama claro de la región y una ruta conjunta de intervención. Lo primero que hicieron fue cruzar las bases de datos de Medicina Legal con las de solicitantes de la UBPD, las de víctimas de la JEP, de la Fiscalía, de la Registraduría, de la Unidad para las Víctimas, de las iglesias (dueñas de los cementerios), de los hospitales y de las alcaldías.

Esto fue fundamental, por ejemplo, para encontrar a Jhon Jarvi. “Participamos en el proceso de unir información que estaba dispersa en versiones, en papeles, en bases de datos. Esto nos permitió hacer en tres meses lo que de otra manera nos hubiera tomado tres años. Estamos muy agradecidos con este proyecto”, señaló la magistrada Henríquez.

Sentarse juntos también permitió consolidar el universo de víctimas que se debían convocar a las jornadas de tomas de muestras y entender las brechas que frenan los procesos de búsqueda. Estas, en muchos casos, pasaban por solucionar aspectos logísticos como la gasolina de los carros, ofrecer café y agua para las víctimas, garantizar que los equipos forenses tuvieran los suficientes implementos para las exhumaciones (cintas, bolsas, amarres, carpas, baños) y comprar las tarjetas FTA con las que se toman las muestras de ADN.

Los cuerpos que estaban inmersos en procesos judiciales en la JEP y en la Fiscalía revestían una dificultad adicional: el transporte al laboratorio de Medicina Legal. Debía garantizar la cadena de custodia en las cerca de seis horas que separan al Urabá de Medellín. Ninguna de las instituciones contaba con una necromóvil, entonces tuvieron que sentarse a estudiar las normatividades para averiguar si había alguna restricción para transportar los cuerpos en un vehículo particular.

“Encontramos que si Medicina Legal delegaba a un custodio de los cuerpos sí era posible. Tenía que ser un carro cerrado, al que se le pudiera hacer seguimiento satelital y que no podía detenerse en el camino por más de treinta minutos.”, explicó Aiza Pichott, de la Gobernación de Antioquia.

El proyecto también facilitó agilizar la capacidad de reacción de las entidades. Por ejemplo, en una jornada de tomas de muestras en Arboletes, la Fiscalía fue informada de dos puntos de inhumación de los que se recuperaron tres cuerpos. Se recibió la denuncia en vivo y se apoyó a los fiscales de exhumación para que se desplazaran a recuperarlos inmediatamente. Por la vía institucional, esto hubiera tomado días, con el peligro de que los testigos se arrepintieran de brindar la información.

“Todos estos hallazgos fueron documentados por el proyecto con el objetivo de que más entes locales se animen a tener un papel más activo en la búsqueda, crear un modelo que se pueda replicar en otras regiones y llevar tranquilidad a las familias que buscan a sus seres queridos”, explica Jorge Mario Álvarez, Coordinador del Programa Restaurando nuestro Futuro.

“Con la desaparición forzada nosotros conocimos la rabia, el odio y la desconfianza en las instituciones del Estado. Con el proceso que ustedes pusieron a nuestra disposición fuimos creciendo, fuimos restaurando, a tal punto que, poco a poco, esa herida que teníamos abierta ha ido cerrando y ha ido cicatrizando”, dijo Esneda Cano, tía de Jhon Jarvi.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador