Día de la Libertad de Prensa: lo que se pierde cuando el periodismo es atacado

Los periodistas asesinados fueron Mardonio Mejía Mendoza, Jaime Vásquez y Julio Alberto Zapata.

Foto: Cortesía

Nunca deja de ser alarmante cuando un titular dice que mataron a un periodista. A la fecha, van tres noticias que informan la muerte de otro reportero: Mardonio Mejía Mendoza, Jaime Vásquez y Julio Alberto Zapata. Además de ser periodistas locales, ejercían también funciones de liderazgo y veeduría. Pero ahora, solo representan espacios de silencio para las comunidades.

Al primero, Mardonio Mejía Mendoza, lo mataron el 24 de enero, en San Pedro (Sucre). Era gerente y periodista de la única emisora del pueblo, Sonora Stereo 94.3 FM. A la entrada del medio de comunicación, unos sicarios en moto le dispararon. La Fiscalía informó que se dio una captura en flagrancia del sicario que habría cometido el hecho, el cual se encuentra con una medida de aseguramiento en cárcel en proceso de juicio.

Mejía, reconocido en su pueblo, era integrante del Colegio Nacional de Periodistas del Sucre. Dirigía también Amanecer Campesino: un programa en que investigaba para una sección especial llamada Crónica Roja, que cubría capturas, asesinatos y asuntos de seguridad local. Además, también informaba sobre temas políticos, culturales y amplificaba las denuncias de la ciudadanía.

Al segundo, Jaime Vásquez, lo asesinaron el 14 de abril, en Cúcuta (Norte de Santander). Un sicario le disparó en tres ocasiones cuando se encontraba haciendo compras en el sector de La Riviera. Meses antes de recibir las balas, Vásquez denunció las irregularidades relacionadas con empresas, hospitales públicos, contratistas, funcionarios públicos y alteraciones en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Sobre el caso de Vásquez, la Unidad Nacional de Protección (UNP) indicó que investiga el caso, dado que él, que también hacía tareas de veedor ciudadano, tenía esquema de seguridad por las amenazas que previamente había recibido, pero en el momento del ataque estaba solo. Según la Fiscalía, el presunto agresor ya fue imputado y le fue impuesta medida de aseguramiento en cárcel.

Julio Alberto Zapata, el tercer periodista asesinado, lo mataron en su propio apartamento de San Rafael (Antioquia). Lo encontraron con heridas de arma blanca el 22 de abril. Era reconocido por ser el director de la emisora local San Rafael Online, así como por haber trabajado en emisoras del Magdalena Medio, especialmente para RCN en Barrancabermeja. Según la Fiscalía, se dieron órdenes de trabajo a la policía judicial, pero el caso sigue en fase de indagación.

“No solo fueron asesinados, sino que fueron asesinados en función de su trabajo”, opina Alejandro Gómez Dugand, director de la Liga Contra el Silencio. Él explica que, como ellos tres, son muchas las personas que, desde sus propias redes sociales y sin haber estudiado periodismo se encargan de visibilizar y denunciar irregularidades en los territorios y es ese trabajo el que los pone en riesgo. “Son quienes muy valientemente quienes se están encargando de responder a las necesidades comunicativas de una inmensa mayoría del mapa colombiano”, explica.

Pero más allá de los asesinatos hay decenas de casos de violencia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (que solo estudia dos asesinatos, el de Mejía y el de Vásquez) informa que, entre enero y abril de 2024, se han registrado 158 casos de agresión contra la prensa. Las agresiones oscilan entre amenazas (56 casos), obstrucción al trabajo periodístico (15), acoso (14) y estigmatizaciones a la prensa o agresiones física; ambas con poco más de 10 casos.

Bogotá, seguido de Norte de Santander, Antioquia y Arauca, han sido los lugares donde más violencias se han reportado, especialmente en escenarios de manifestaciones populares y cubrimientos en temas de corrupción y conflicto armado. “Nuevamente, hay un aumento de la violencia contra periodistas muy preocupante”, dice Jonathan Bock, coordinador de la FLIP.

La gravedad de estos también es posible de entender desde el acceso a la información, un derecho fundamental que es violentamente vulnerado en Colombia. Según la Liga contra el Silencio, son 666 municipios (60 % del país) donde el acceso a la información es tan limitado que las personas que viven ahí tienen más información de lo que pasa en Bogotá; son lugares que no tienen noticias locales. “Cuando las personas que hacen periodismo se parecen más a sus comunidades, la gente está mucho más dispuesta a consumir noticias que de otra manera no le darían prioridad. Pero estos son mecanismos, terminan poniéndolos en un lugar de peligro y de vulnerabilidad”, explica el periodista Gómez.

Los expertos señalan que estos casos suelen darse en contextos de conflicto armado, abriendo espacios a evidentes censuras. Así sucedió con el caso de Juan Alejandro Loaiza, de la emisora La Despensa, que fue secuestrado en Huila durante 24 horas tras negarse a publicar una información relacionada con un grupo armado. La FLIP denunció que el periodista ha sido víctima de varias amenazas por parte del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC y esto causó la asignación de un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.

“Asesinar a un periodista es también visibilizar que no se permite la tolerancia contra quien está informando, contra quien está opinando, contra quien tiene una capacidad de hablarle a un sector de la población. Y eso es también lo que buscan asesinar”, declara Bock. Por estas razones, sumadas a la impunidad de los cinco casos de asesinatos en los últimos 18 meses, la Fundación le ha solicitado a la Fiscalía que investigue de manera célere y adecuada los hechos, que se establezcan estrategias de prevención de las violencias contra periodistas y se brinden mecanismos de protección efectivos y proporcionales para contener los ataques; para que se protejan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.

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