No había pasado ni una semana desde la celebración del último Año Nuevo cuando abogados, medios de comunicación y parejas que llevan meses en un estrado judicial acabando su matrimonio empezaron a hablar del “divorcio express”. La ley, discutida y aprobada por el Congreso durante todo 2024, cursó su último debate en diciembre y, como paso final, sancionada por el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño.
Sobre ese ajuste al Código Civil se decía que ahora los colombianos tendrían una vía mucho más fácil para acabar su matrimonio sin depender de otros factores, personas o escenarios, como las obligaciones incumplidas, haber sido víctima de violencia en el matrimonio o que existiese un cónyuge alcohólico o violento. Por todo ello, se bautizó esa nueva causal de divorcio como el divorcio express: una forma en que uno de los miembros del matrimonio puede buscar en un juzgado la forma de terminar su unión solo si así lo deseaba y que podría, virtualmente, hacerlo más rápido sin necesidad de recorrer los caminos tortuosos por los que pasan las exparejas en los trámites de divorcio.
Pero la ley, valga la redundancia, tiene sus “peros”. Expertos en derecho civil y familiar hablaron con El Espectador sobre algunas imprecisiones que se han hablado por estos días sobre el divorcio unilateral y por qué, según ellos, mencionar este trámite podría ser todo menos express.
Los juristas aseguran que el divorcio, considerado como un proceso demorado, desgastante y costoso, puede no agilizarse con este nuevo ítem dentro del Código Civil. Actualmente, un proceso de divorcio demora entre 12 y 18 meses para ver la luz al final del túnel. Con el divorcio unilateral, dice Leila Jiménez, experta en derecho familiar de Integrity Legal, estos tiempos podrían igualarse e incluso aumentarse.
“Se está generando más expectativa de lo que realmente amerita, porque no es una opción express y, el matrimonio, como es un contrato, tiene efectos cuando se incumplen”, comenta Jiménez.
Derechos vs. tiempos
Actualmente hay nueve causales que, frente a un juzgado, son válidas para pedir que se termine la sociedad matrimonial. Algunas de ellas oscilaban desde escenarios de violencia, como por ejemplo que una mujer fuese golpeada durante sus años de esposa por el marido, hasta episodios de incumplimiento, como un padre que no cumple con las obligaciones del matrimonio ni sus deberes como padres, tales como pagar los básicos mínimos o las cuotas de alimentos.
Lo que hace la nueva ley de divorcio unilateral es añadir una nueva causal a esta baraja de posibilidades para terminar el matrimonio. La legislación ahora permite que cualquiera de los dos cónyuges pueda tramitar su divorcio sin depender de la opinión de su pareja, de lo bien o mal hecho durante el matrimonio o de otras circunstancias.
Por ejemplo, David Luna, senador de Cambio Radical, aplaudió la iniciativa al mencionar que es una buena ley porque garantiza que las relaciones sean el resultado del afecto y no de las obligaciones civiles ni patrimoniales.
Aunque el proyecto busca, además de ofrecer libertad a los cónyuges, empoderar la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, se chocaría con la realidad del sistema judicial, en especial sus demoras.
Jiménez cuenta que los trámites civiles en la justicia colombiana son demorados y, cuando se habla de divorcio, pueden incluso serlo más. En el pasado, cuando los cónyuges llegaban a un juzgado para avanzar en el divorcio tenían que enfrentarse a cual era la parte culpable y cual la inocente; cuál de los dos se queda con los bienes y, si hay hijos, cómo se distribuyen las cuotas para mantenerlos y garantizar sus derechos. La abogada teme que con el divorcio unilateral los colombianos opten por esta vía por considerarla “más rápida y efectiva”, algo que según su criterio, no sucedería.
¿Por qué? Según cuenta Jiménez, uno de los principales problemas en este trámite es la falta de común acuerdo. Si hubo una pareja casada por 10 años y, de un momento a otro uno de los cónyuges solicita el divorcio, esto tendría sus efectos en un estrado judicial para determinar a futuro cómo se reparte lo que ese matrimonio construyó (patrimonio, casas, bienes, ahorros). “Existe el riesgo de que la otra persona no vaya a estar contenta con el divorcio unilateral. Pero estamos hablando de seres humanos y emociones y no es factible que tenga los resultados que se venden. El hecho de que el divorcio unilateral carezca de acuerdo mutuo significa que el otro cónyuge tendrá su derecho a presentar contrapropuestas y, a fin de cuentas, puede terminar durando lo mismo que dura hoy en día, es decir, esperar de dos a tres años para divorciarse oficialmente”, asegura la abogada.
Para Jiménez, el principal problema radica en el desconocimiento y en la posible falta de asesoría frente al divorcio: “La ley no es mala, no tiene grandes vacíos. Pero debido al desconocimiento, las personas podrían usar esta causal de forma indiscriminada y perderían otros beneficios. Por ejemplo, cuando una persona era víctima de violencia en el matrimonio tenía derecho a ser indemnizada a raíz de daños y perjuicios por esas agresiones. Con esta figura de divorcio unilateral se podrían perder esas oportunidades para restablecer y reclamar otros derechos”.
Un sistema saturado
Los escenarios se podrían complicar aún más si se entiende la realidad de saturación que vive la justicia colombiana. En los registros del Consejo Superior de la Judicatura hay alertas que demuestran que prestar el servicio tarda para llegar a los colombianos y, cuando llega, toma meses e incluso años en resolver sus necesidades jurídicas.
Por ejemplo, en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial se encontró que las demoras judiciales se pueden explicar a través de cifras. En los últimos 25 años, la demanda de servicios judiciales (el divorcio y temas civiles entre ellos) creció en un 145,5 % mientras que la oferta y capacidad de atender ese volumen tan solo aumentó un 41,5 %.
A esta situación se presenta otro agravante: la falta de personal en muchos despachos judiciales. En la mayoría de las oficinas judiciales hay un promedio de 374 expedientes sin resolver que están a la espera de que solo tres o cuatro funcionarios les den salida.
Jiménez considera que el desconocimiento de la ciudadanía podría persuadir a las personas a buscar el divorcio unilateralmente, pero con esta decisión, además de entrar a un camino tortuoso, congestionarían aún más la justicia.
“El matrimonio también es un contrato; es un vínculo patrimonial. El objetivo de esta ley es, en el papel, agotar menos el aparato judicial, acabar pronto procesos y evitar la prolongación de ciclos de violencia. Pero el desconocimiento puede conllevar a que, en lugar de express, sea el mismo proceso demorado en un juzgado”, concluye Jiménez.
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