Acceder a la justicia en Bolívar podría dejar de ser un simple anhelo para convertirse en una realidad. Desde inicios de año, la Gobernación le ha apostado a que, junto a otros servicios básicos como el alcantarillado, la electricidad o mínimos vitales, la justicia haga parte de la vida de sus habitantes.
El Espectador conoció “Don Justo”, la política local que esta administración pondrá en marcha para que miles de personas que tras la guerra, la violencia de género y la impunidad, puedan finalmente acceder a justicia.
El proyecto sería la primera iniciativa en que una administración departamental le apuesta a la justicia como plan de Gobierno. Es decir, que desde el Plan de Desarrollo se pone como prioridad las necesidades jurídicas de la ciudadanía. Bolívar, al igual que los departamentos vecinos como Córdoba o Sucre, ha visto cómo la guerra y la constante violencia en gran parte de su territorio, especialmente en el sur, ha impedido el desarrollo y el trabajo entre Estado y comunidades desde hace décadas.
En el 2000, por ejemplo, la población de Mampuján, en María La Baja (Bolívar), fue desplazada en su totalidad por paramilitares del Bloque Montes de María. Tras 24 años, aún no se han cumplido todos los pedidos de justicia que más de 300 familias exigen para volver a reconciliarse con el territorio. También hay otros episodios puntuales de violencia, como la masacre de El Salado o el desplazamiento que aún persiste en municipios como Cantagallo, Simití, San Pablo o Morales.
Un piloto por la justicia
A inicios de abril se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación. Este documento, en pocas palabras, es un contrato en el cual ambas instituciones se comprometían a trabajar de la mano; la Gobernación con voluntad política y recursos, y el Ministerio con apoyo técnico y asesoría, para mejorar la justicia en el departamento. Este acuerdo es, según explicó el Ministerio a El Espectador, un plan piloto, pero también el primero de su tipo, en donde un gobierno local le apuesta a cerrar la brecha judicial.
Don Justo hace parte de ese memorando para lograr llegar donde el Estado había tenido presencia o intermitente o nula. Por ejemplo, el programa tiene previsto que, independientemente de los líos legales que tenga cada ciudadano, haya una solución rápida y ágil. Y es que la extensión y barreras geográficas del departamento complica demasiado que jueces, fiscales, comisarios de familia o las secretarías de gobierno hagan presencia en todo el territorio.
Turbaco, por ejemplo, inauguró hace ocho meses el Palacio de Justicia; mientras que el de Bogotá, por ejemplo, tiene cerca de un siglo de estar en funcionamiento.
El proyecto propone que haya una articulación entre varias entidades estatales (Policía, Rama Judicial, Ministerio de Justicia y alcaldías) para que los procesos se resuelvan más rápido y los ciudadanos, cuando tengan alguna necesidad, no sean remitidos una y otra vez a otra institución, sino que se resuelva y asesore su problema en un mismo lugar.
Según confirmó la Gobernación de Bolívar a este diario, el proyecto pretende llegar a municipios donde solo hay una o dos entidades que representan al Estado (usualmente Alcaldía y Policía) y no tienen personal, funcionarios administrativos o conocimiento técnico para resolver los problemas.
Por ejemplo, en Bogotá, que es una sola ciudad, tiene más de 100 Comisarías de Familia y Casas de Justicia donde los ciudadanos denuncian violencia de género y resuelven conflictos entre civiles. Pero en todo el departamento de Bolívar, que se compone de casi 50 municipios, escasamente hay seis casas de justicia; tres de ellas ubicadas en Cartagena.
De acuerdo con una ley aprobada en 2023 para hacerle frente a la violencia intrafamiliar y de género, cada municipio debería contar con al menos una Comisaría de Familia por cada 100.000 habitantes. Pero la cifra en Bolívar nuevamente se queda corta, pues hay pueblos donde hay solo una comisaría para atender a sus habitantes, o en su defecto, poblaciones donde no hay ninguna.
La apuesta es cambiar ese panorama y que, a través de inversión y cooperación entre las entidades del Estado, ese panorama quede atrás. Según el programa, al menos 15.000 personas de Bolívar se verían beneficiadas con jornadas de justicia, acceso a servicios fundamentales o la asesoría para que los reclamos y demandas que han callado durante años puedan solucionarse.
En el programa está dispuesto que la Gobernación, junto con la Armada Nacional, recorrerán el departamento a través del río Magdalena para visitar a las poblaciones y ofrecer servicios de salud, atención psicosocial, justicia o resolver dudas sobre cómo funcionan las normas o de qué manera se pueden acceder a los derechos.
Retos y oportunidades
El Espectador habló con varios integrantes de la Rama Judicial en Bolívar para conocer sus opiniones sobre Don Justo. El programa, hasta el momento, es bien visto tanto por jueces, magistrados, así como comisarios. Sin embargo, plantea grandes retos para que en un solo mandato se resuelvan problemas que han permanecido durante décadas.
El primero de ellos, que también ha sucedido en el resto de Colombia, es idear una manera en que la justicia ordinaria pueda entenderse y trabajar junto a los grupos étnicos que abundan en Bolívar. Solo en ese departamento hay presencia de palenques de grupos negros, la Guardia Cimarrona y un gran número de asentamientos indígenas Zenú. Esta articulación no depende únicamente de la Gobernación, sino de todo el aparato estatal para que estos grupos étnicos, que según el Consejo Superior de la Judicatura son quienes menos acceso tienen a justicia, la encuentren y confíen en ella.
Hay otro reto, según el Tribunal Administrativo de Bolívar, se trata de lograr algún impacto rápido en las comunidades para que las poblaciones, especialmente aquellas en donde abunda la violencia de género, las cicatrices del conflicto y la impunidad, puedan confiar en la justicia.
Además, está el obstáculo latente de que el Estado, en conjunto, trabaje en la misma dirección sin que haya conflictos de competencias, demoras por la aprobación de presupuestos o, como sucede usualmente cuando se atiende la violencia de género en Colombia, no haya recursos suficientes o instalaciones adecuadas para recibir denuncias y ofrecer justicia. La presentación de Don Justo Bolívar se realizará el próximo 5 de junio en Cartagena.
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