La guerra contra los cuerpos y la sexualidad es un tipo de violencia que existió mucho antes del conflicto armado, se perpetuó en él, y sigue viéndose después del Acuerdo de Paz de 2016. En los anaqueles de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reposan más de 35.000 nombres de mujeres víctimas de violencia sexual y según Caribe Afirmativo, una ONG que vela por los derechos LGBTIQ+, son cerca de 5.000 los casos de quienes, a causa de su orientación sexual, tuvieron que exiliarse, fueron asesinados o en otros casos, confinados por ser homosexuales, trans o no binarios.
En el tercer capítulo de podcasts de la Paz se Cuenta, producido por el Banco de la República, se habló sobre cómo escuchar estos miles de relatos de mujeres y personas de sexualidad diversa pueden ser un tipo de justicia que, en muchas ocasiones, no ha llegado. El capítulo indaga cómo puede haber un enfoque restaurativo para lograr justicia ante estos crímenes.
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El Espectador dialogó con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, sobre cómo, a juicio de él, “No se reconocen estas violencias, pero existen. Los cuerpos de la comunidad LGBTIQ+ fueron sometidos, apropiados y despojados en medio del conflicto (...) y escuchar puede servir como apuesta de paz”.
La violencia silenciada
Los cuerpos fueron utilizados por los diferentes grupos armados como estrategia de guerra y tácticas de ataque. Así sucedió, por ejemplo, en Vista Hermosa (Meta), donde las Farc obligaban a hacer pruebas masivas de VIH e identificar a todos los miembros de la población LGBTIQ+. “Incluso los que aún están en el clóset”, detalló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Aunque el caso de este municipio es solo un ejemplo, el CNMH precisa que “ningún actor armado reconoce el uso de la violencia sexual en el conflicto armado (...) aun cuando las múltiples voces y silencios, principalmente de mujeres, confirman la magnitud de la violencia a la que sus cuerpos han sido sometidos”.
Para Wilson Castañeda, este silencio es uno de los impedimentos para que haya justicia a los casos de violencia sexual, además de obstaculizar un proceso de reconciliación entre agresores y víctimas. El experto asegura que se debe hablar y escuchar “sin tapujos” sobre el tema, pues cada historia de violencia tuvo una víctima, un efecto psicológico y unas secuelas físicas que, si no son habladas como crímenes que son, es muy difícil que reciban la justicia que demandan quienes la sufrieron.
Aunque la creación de la JEP tenga un objetivo restaurativo, en el que busca la paz a través de la participación de todos los actores del conflicto, hablar de violencia sexual es uno de los temas más espinosos en esta institución.
Desde la dirección de justicia transicional del Ministerio de Justicia, se le confirmó a este diario que se ha dialogado con la JEP sobre cómo realizar los procesos restaurativos de más de 40.000 víctimas de agresiones sexuales sin que “haya un efecto contraproducente” o sean revictimizadas, pues para hablar de justicia restaurativa es importante una participación de los involucrados, pero en este caso, no siempre está la voluntad de las partes. A diferencia de otros hechos de violencia, como la desaparición forzada o el desplazamiento, atentar contra el cuerpo de las personas como estrategia de guerra, como detalló la Comisión de la Verdad, ha mostrado un “manto de silencio”.
El principio de la reparación
En el pódcast se explica que “escuchar y ser escuchado permite cerrar capítulos”. Ante esa premisa, Castañeda añade que escuchar “es una forma de conocer qué le sucedió a las personas LGBTIQ+, pero también lo que todos permitimos como sociedad. Se ha hablado con prejuicio sobre esas historias y esta lectura en voz alta sobre la violencia sexual hace que no seamos indiferentes frente a los millones de vidas que nos costó la guerra”.
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En San Onofre (Córdoba), según detalló Caribe Afirmativo, el Bloque Montes de María de las Autodefensas de Colombia, permitió que las personas de sexualidad diversa pudieran vivir en el pueblo. Sin embargo, el comandante del grupo, alias “Oso”, obligaba a esta comunidad a ser los “bufones del pueblo” al decretar “peleas de boxeo entre personas gays”, y el impedimento de no expresar en el cuerpo la sexualidad con la que se identificaban. Es decir, que una persona homosexual tenía prohibido usar prendas que no encajaban con el prototipo “masculino” y cada vez que fuera llamado, debía entrar a un ring de pelea para enfrentarse a otra persona LGBTIQ+.
“Cuando le ponemos rostro y escuchamos esas historias dolorosas de violencia sexual y por prejuicio, como las que sufrió la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres, entendemos que ha sido la cultura patriarcal colombiana la que permitió esta violencia antes, durante y después del conflicto”, cuenta Castañeda.
La conclusión de Castañeda es concreta, pero aún tiene mucho camino por recorrer, según explica, la sociedad y la justicia colombiana deben escuchar estos relatos de violencia por dos razones: la primera, para entender que la violencia de género y la violencia sexual han sido avaladas por la sociedad y es la ciudadanía la que debe exigir justicia ante estas “agresiones silenciadas”; y la segunda, para darle voz a miles de mujeres, niñas, adolescentes y personas de orientación sexual diversa que fueron víctimas, para que su relato de dolor sea reconocido como un crimen y, al igual que las demás tácticas de guerra, reciban justicia.
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