Una iniciativa del Ministerio de Justicia que busca ponerle freno a la violencia intrafamiliar ha empezado a convertirse en realidad. En el 2021, el Congreso de la República aprobó la ley 2126, mediante la cual se regula la creación y funcionamiento de las Comisarías de Familia en el país. El proyecto incluye, entre otras cosas, la posibilidad de generar un gravamen del 2% a los anticipos y adiciones de contratos públicos celebrados en los municipios con presencia de Comisarías de Familia, con el objetivo de financiar sus gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación. Esta iniciativa es conocida como la Estampilla Familiar.
Aunque la ley en mención fue aprobada hace un poco más de dos años, la entrada en vigencia de la Estampilla Familiar se dio a partir del 4 de agosto de este año y, por ello, El Espectador se dio a la tarea de conocer los municipios que han aprobado este gravamen. Desde municipios con las cicatrices de la guerra aún sanando, como Bojayá (Chocó) y El Tambo (Cauca), hasta ciudades como Cartagena, que tiene una oferta de comisarías por debajo de lo que sus ciudadanos necesitan, son al menos 28 municipios que hasta el momento han aprobado la Estampilla Familiar.
El registro de esta iniciativa ha sido apoyado por el programa Justicia Inclusiva de Usaid, que también ha documentado los municipios que, dentro de su radio de operatividad, le han dado el “Sí” a la aprobación de esta iniciativa de la cartera de Justicia. Este gravamen ha llegado, por ahora, a 14 departamentos.
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La también llamada “Estampilla para la Justicia Familiar” ha recibido luz verde en municipios como: Quibdó, Bojayá y Riosucio (Chocó); Mosquera, Francisco Pizarro y Tumaco (Nariño); Puerto Caicedo, Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo); Cartagena, Mahates y Córdoba Tetón (Bolívar); Ovejas y Morroa (Sucre); Apartadó y Vigía del Fuerte (Antioquia); Miranda y El Tambo (Cauca); Santuario y Quinchía (Risaralda); San José del Guaviare (Guaviare); San Juan del Cesar (La Guajira); Fusagasugá (Cundinamarca) y, finalmente, Valencia (Córdoba). Y, recientemente, municipios como Armenia (capital de Quindío) y Yaguará (Huila) se sumaron al listado.
Para el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la aprobación de la estampilla es una “forma real de proteger a mujeres, ancianos y niños” que han sido o podrían ser víctimas de violencia intrafamiliar. La aprobación de este gravamen tiene especial relevancia teniendo en cuenta que las cifras de agresiones en el último año estuvieron al alza, pues en 2022 hubo un incremento del 68 % de las denuncias con respecto al 2021. De hecho, según datos de la Policía Nacional, durante el primer semestre de 2023 se ha registrado una denuncia, en promedio, cada ocho minutos; es decir, 15 cada hora.
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Bojayá: justicia con ausencia de recursos
Juvenal Álvarez, comisario de familia de Bojayá, se ha enfrentado no solo a los casos de violencia intrafamiliar en el municipio, sino también a las maniobras que su comisaría debe hacer para que los pocos recursos, destinados por la Alcaldía, alcancen para atender a todo aquel que lo requiera.
Desde que ocupa el puesto de comisario, hace cuatro años, Álvarez es consciente de que la presencia de grupos armados, las limitaciones geográficas y las altas tasas de agresiones son solo algunos de los retos que debe combatir, además de la ausencia de recursos.
“Un trabajador sin herramientas no es nada. Qué bonito es yo querer construir una casa pero no darle el cemento a los empleados para que la hagan”, dice Álvarez, y según su analogía, ese es el escenario que decenas de comisarías en Colombia deben enfrentar a diario: comisarios con vocación de trabajar, pero sin los medios necesarios para hacerlo. De hecho, cerca del 80 % de las comisarías en Colombia presentan dificultades a la hora de ofrecer justicia a quienes la necesitan, según un informe de la Procuraduría. Una realidad que también aterrizó en su territorio.
“La Estampilla Familiar va a permitir que los niños, niñas, adolescentes y las mujeres víctimas del conflicto, y demás víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual, puedan tener un poquito mayor de garantías para sus derechos. Creo que implica un futuro diferente para estas personas que son violentadas en sus propios hogares”, dijo Álvarez en entrevista con este diario.
Desde hace al menos una década, las Comisarías de Familia han tenido problemas para cumplir su mandato legal de “prevenir, garantizar y restablecer” los derechos de quienes son vulnerados en sus hogares. En 2012, la Procuraduría alertó que estos organismos locales “no brindan los servicios adecuados”. Diez años después, este mismo órgano señaló que cuatro de cada cinco comisarías en el país “presentan deficiencias en la infraestructura y en la prestación de servicios”.
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El Tambo: otro frente de batalla
Para Andrea Añazco, comisaria de familia de El Tambo (Cauca), la aprobación de la estampilla es una muestra de voluntad política en concejos municipales y asambleas gubernamentales. “La Comisaría está ubicada al lado de la estación de Policía, lo que nos preocupa porque hay alertas tempranas [de la Defensoría] donde va a haber estaciones hostigadas. No contamos con un espacio que esté dentro de la Alcaldía, pero al menos se garantiza la privacidad. ¿Qué nos falta? Impresoras que funcionen, papel, más equipo para poder organizar un archivo y tenerlo digital. Hasta ahora todo es a mano y eso ralentiza el proceso porque todo es con libros”.
Aunque este municipio enfrenta varios problemas de seguridad debido a la presencia de las disidencias de las extintas Farc, principalmente del frente Dagoberto Ramos, comandado por alias Iván Mordisco, y ha registrado, a inicios de este año, masacres y asesinatos selectivos, así como la suspensión de actividades diarias por enfrentamientos, la aprobación de la estampilla fue priorizada por el Concejo Municipal para enfrentar la violencia intrafamiliar.
“Es una alegría que la Estampilla Familiar se haya acogido por parte del Concejo Municipal (...). El contexto de El Tambo es complejo: se presenta mucha violencia, el tema del conflicto armado, pobreza extrema; diferentes detonantes para violencia basada en género”, sentenció Añazco.
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