Así es exigir justicia para las personas LGBTIQ+ en el sur de Córdoba y Bajo Cauca

Las personas sexualmente diversas han encontrado un "oasis" en Montelíbano para exigir sus derechos. / Óscar Pérez

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

A Yovani Lambraño, un comerciante de 44 años, lo mataron con arma blanca en su propia casa, en Caucasia, Antioquia, el 18 de agosto de 2021. Los testimonios y las evidencias que la Fiscalía obtuvo en la escena del crimen llevaron a que en noviembre fuera capturado un hombre con el que estaba constantemente y que, a ojos de varios miembros de su familia, era su pareja: Juan Carlos Causil, hoy en libertad. La familia Lambraño espera que el crimen no quede en la impunidad, aunque saben que refleja muchas de las barreras para acceder a la justicia que enfrentan las personas de la población LGBTIQ+ en esta zona del país.

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Barreras que poco a poco se caen por la resistencia de activistas como los que integran Montelíbano Afirmativa, organización de derechos humanos que hace poco asumió la defensa de familiares de Lambraño. “Nuestra exigencia va a ser que efectivamente los fiscales, y ahora la jueza, tengan en cuenta el enfoque de que se trataba de un hombre gay. Porque a Yovani no lo asesinan porque sí, lo asesina su pareja por una violencia histórica”, dice en diálogo con El Espectador Yosy Esteban Ramírez, abogado de esta ONG, que asumió la representación de víctimas en el caso por un apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid.

Ramírez explica que, en el caso que construyó la Fiscalía, no se ha aclarado que Lambraño y Causil tenían una relación, a pesar de que entre las pruebas que tiene la Fiscalía está el celular de la víctima, donde podría haber conversaciones entre ambos. “Si hubiera sido una mujer, tendría que ser catalogado como un feminicidio”, señaló el abogado. En su experiencia ya es una constante que los crímenes contra personas LGBTIQ+ en la región terminen catalogados como un “crimen pasional” por algunos funcionarios, o, en escenarios peores, las mismas comunidades “avalan” las violencias porque asocian falsamente a las personas sexualmente diversas con el microtráfico.

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La historia de violencia contra las orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba es de vieja data. El conflicto dejó profundas heridas en esta zona, que componen municipios como Planeta Rica, Tierralta, Montería y Puerto Libertador, en Córdoba, así como Caucasia, Zaragoza, Cáceres, El Bagre, Nechí y Tarazá, en Antioquia. En los que además las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han sido perseguidas, como han documentado organizaciones de derechos humanos y el volumen Mi cuerpo es mi verdad, del informe final de la Comisión de la Verdad.

Rosita Avilez, una de las fundadoras de Montelíbano Afirmativa, es sobreviviente de esa estela de persecución. En 1999 salió de su natal, Tierralta, Córdoba, desplazada por los paramilitares. En ese momento se identificaba como mujer, se vestía como tal y llevaba el pelo largo. “Me entregaron un sobre que decía que tenía 12 horas para salir del territorio. Les dije que me iba en dos, que les regalaba 10”, recuerda desde Montelíbano, a donde llegó al cabo de unos años. Una vez allí decidió que no correría más, se metió de lleno en el activismo y en 2012 se volvió la primera persona visiblemente LGBTIQ+ en trabajar en la Alcaldía.

Con el tiempo, junto con otros activistas del municipio, comenzaron a coordinar sus acciones, hasta que conformaron formalmente Montelíbano Afirmativa. “Hemos ganado muchos espacios”, dice, y los enlista: hicieron incidencia para que hubiera un componente de diversidad sexual en los planes de desarrollo municipales y en el departamental, lograron que se izara la bandera LGBTIQ+ en la Alcaldía, tienen representación en las mesas de víctimas y de paz del municipio, entre otros logros. “Y todos los días expongo mi vida, porque si a alguien de la comunidad lo amenazan ahora, automáticamente saco un comunicado rechazando”, añade.

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Sin embargo, reconoce que todavía hay un camino por recorrer para que la justicia los tenga presentes. “Aquí la población LGBTIQ+ no se atreve a colocar una denuncia en la Fiscalía, porque si te pegó alguien, te violaron, dicen que fue algo pasional, y eso no es así”, aseguró Avilez, con conocimiento de causa, y agregó: “Ese es el temor de ir a colocar una denuncia y averiguar, porque nunca te dan respuesta. Por ejemplo, de todas las amenazas que tengo, nunca me han dicho si se resolvió o si capturaron a una persona. Todo quedó en la impunidad”. Según sus cuentas, en razón de su liderazgo, Avilez ha acudido a la Fiscalía a denunciar amenazas en siete ocasiones.

Las amenazas de ese tipo, según las cifras, son cada vez más constantes. Cristian de la Rosa, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, le afirmó a este diario: “Desde 2019 a 2022, aunque ha habido una disminución en el registro de homicidios o feminicidios de personas LGBT en esta subregión, sí ha aumentado el índice de amenazas y desplazamientos forzados. Es de mucha preocupación, porque eso plantea una hipótesis primaria, y es que a las personas LGBT las están amenazando y las están desplazando, en principio, por su orientación sexual o identidad de género”.

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En segundo lugar, el abogado e investigador de Caribe Afirmativo explicó que tras la firma del Acuerdo de Paz se crearon más y más espacios de participación para personas sexualmente diversas, lo que no siempre fue bien recibido por los grupos armados y por algunas comunidades. Por ejemplo, entre 2017 y 2018 en Caucasia fueron asesinadas cuatro mujeres trans que venían ganando notoriedad como activistas. La única sobreviviente de esa ola de violencia es Maia Mitchell Domínguez, quien se quedó en el municipio y nunca paró con su activismo: tiene una silla en el Consejo de Paz, es el enlace LGBTIQ+ de la Gobernación y creó su propia fundación.

“Las personas trans que había, o las pocas que pudieron salir con vida, se desplazaron de ahí, quedando como la única mujer trans visible en el territorio, un poco a la cabeza del movimiento, y ese ha sido un reto bastante grande”, señala Domínguez desde el municipio vecino de Montelíbano, donde habló con El Espectador. Así que decidió crear Caucasia Diversa, una organización que también defiende a víctimas y brinda orientación a personas sexualmente diversas de la región para ayudarles a exigir sus derechos. “Anteriormente, no se nos abrían las puertas, hoy en día nos reconocen como mujeres. Ha cambiado mucho, hasta la voluntad política”, añade.

Caucasia Diversa la constituyó, como ocurrió con Montelíbano Afirmativa, luego de un proceso de acompañamiento que les dio Caribe Afirmativo. En palabras de Domínguez, cinco años después de una arremetida que casi le cuesta la vida, “hoy la perspectiva es otra, no decimos que podemos estar tranquilos o tranquilas, pues la violencia sigue presente”. En ese nuevo panorama, explica así en lo que se enfoca su organización: “Nos encargamos de la parte psicosocial en los jóvenes, de decirles que no están solos y solas, que los podemos ayudar, orientar y brindar ese apoyo que muchas de las personas más adultas en nuestra juventud no tuvimos”.

De la Rosa coincide en que las dinámicas del conflicto armado se han transformado y explica que eso también es un riesgo, pues hoy los grandes grupos armados trabajan en red con organizaciones delincuenciales locales. “Esto ha llevado a que los grupos pequeños ejerzan violencia, sin que esté asociada al gran actor armado”, añade. Según el abogado, ese fenómeno afecta a las personas sexualmente diversas porque la delincuencia a menor escala es la que controla las redes de microtráfico o impone reglas de comportamiento en las zonas periféricas de los municipios, que son, a su vez, los lugares en los que a muchas personas LGBTIQ+ les ha tocado desarrollar sus vidas.

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En el Bajo Cauca, que es una subregión primordialmente rural, esto se ve agravado porque no hay mucha presencia institucional, añade De la Rosa. El grupo armado que domina buena parte de la zona, el Clan del Golfo, ha impuesto un sistema de multas en el que si una persona incumple una norma tiene que pagar. “Por eso acá no pelean, no roban”, dice Yosy Esteban Ramírez. ¿Y qué sucede cuando alguien infringe ese sistema? Shelony Viloria, una mujer trans asesinada en El Bagre en abril de 2022, es prueba de que luego de las millonarias multas, la siguiente transgresión al sistema de los grupos armados se paga con la vida.

Meses antes de su asesinato, Shelony Viloria había tenido un altercado con otra mujer, por el cual el grupo armado la obligó a pagar una multa y salió desplazada del municipio. Estuvo unos meses por fuera y, al regresar a El Bagre, la mataron. Caribe Afirmativo asumió la defensa de su familia, también por apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, y comenzó a exigir justicia. En septiembre el sicario que le disparó fue capturado y hoy ya está condenado por este y otra serie de homicidios que cometió en la subregión. Pero Cristian de la Rosa, que ha llevado el caso, asegura que es una victoria que no ha dejado satisfechos a los familiares de la víctima.

“Obviamente, fue importante que se reconociera en medio del proceso que Shelony Viloria era una mujer trans, pero el problema de la justicia fue que para que el proceso se terminara rápido hubo un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado”, dijo el abogado. Al final, el ente investigador nunca ahondó en las causas del homicidio y así, aunque ya hay una sentencia, no se sabe si a Viloria la mataron en razón de su expresión de género diversa. Al responsable ni siquiera le añadieron el agravante que prevé el Código Penal cuando un crimen es cometido por razones de sexo o identidad de género, lo que le hubiera significado unos años más tras las rejas.

“Se logró justicia en el sentido de que rápidamente tuvimos una condena, pero para la familia sigue siendo injusto porque quieren saber cuál fue la causa principal y que nos den la verdad de cómo ocurrieron los hechos”, reprochó Cristian de la Rosa. Sumado al sinsabor que le ha dejado este caso, el abogado explicó que ha hallado otros desafíos en su rol de defensa de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia en esta región. Entre ellos, que cuando se presume que detrás del homicidio estuvo un actor armado, se cataloga al responsable del crimen como “actor indeterminado”, lo que eleva los riesgos de impunidad, y los funcionarios de policía judicial están sobrecargados.

Ahora bien, el investigador de Caribe Afirmativo también reconoce algunos esfuerzos que ha hecho la Fiscalía, como la publicación el año pasado de la “Guía de buenas prácticas” para la investigación y judicialización de violencia fundada en la orientación sexual o la identidad de género. Se trata de una hoja de ruta interna del ente investigador, de cuya construcción participaron defensores de derechos humanos, como De la Rosa, que les deja claros a fiscales e investigadores a qué detalles prestarles especial atención para identificar si se está frente a un caso de violencia por prejuicio.

Uno de los hechos en los que De la Rosa insiste en prestar atención, además de verificar si la víctima tenía una sexualidad diversa visible o si en la región había un contexto de violencia, es que se mida el impacto que tiene en sí el crimen. “No es lo mismo que asesinen a un hombre cisgénero heterosexual en un municipio con 20.000 habitantes, al impacto que puede causar el asesinato de una persona visiblemente LGBT en un municipio de 20.000 personas, porque la visibilidad de estas personas es más reducida y el impacto del homicidio genera zozobra, temor”, señaló el abogado de Caribe Afirmativo.

Asimismo, saltan a la vista otros esfuerzos, como el que se hizo realidad en Montelíbano el 22 de junio. En este municipio, que anualmente celebra una marcha del orgullo y para activistas como Yosy Esteban Ramírez se han vuelto un “oasis” para las personas diversas, se hizo por primera vez una jornada de justicia móvil para población LGBTIQ+. Luego de que organizaciones como Montelíbano Afirmativa en el comité local de justicia pusieran de presente todas estas barreras de acceso a la justicia, la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y otras entidades participaron en la brigada, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid.

En palabras de Maia Mitchell Domínguez: “Ir a declarar como víctima antes era ir a que te revictimizaran o que te siguieran estigmatizando. Ese proceso de denuncia ha cambiado, al punto de que todas las instituciones están aquí exclusivamente para recibir nuestras denuncias”. Es decir, activistas como Domínguez han comenzado a ver poco a poco los frutos del trabajo que les ha costado tantos señalamientos. No obstante, saben que el camino aún es largo para que homicidios como el de Yovany Lambraño y Shelony Viloria no queden en la impunidad y no se repitan.