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Esta semana la Rama Judicial aplaudió una iniciativa que no se ve todos los días en Colombia. Dos de sus funcionarias, que usualmente imparten justicia desde un despacho, le apostaron a que la justicia sea la que vaya hasta los ciudadanos y no al contrario.
En mayo de 2023, Diana Rodríguez, jueza de restitución de tierras de Carmen de Bolívar, y Sandra Zúñiga, jueza administrativa, se quitaron la toga para viajar hasta el colegio San Juan de Damasco, en Cartagena. Esta institución educativa, que es pública y está en uno de los barrios vulnerables de la ciudad amurallada, fue el escenario en donde ambas mujeres le enseñaron a estudiantes y profesores sobre sus derechos y cómo acceder a la justicia.
“Que un juez o jueza haga presencia en las aulas escolares es algo novedoso. Nunca habíamos tenido esa experiencia. Y lo más valioso es ver cómo niños de lugares y barrios deprimidos se sienten oídos y atendidos como ciudadanos que son”, comenta Rodríguez.
Las clases para estos niños llegaron en un momento oportuno, pues Cartagena hace parte de las 10 ciudades donde más violencia de género y agresiones contra mujeres y niños se registran en Colombia, según la Policía Nacional. Además, es uno de los epicentros de trata y explotación sexual del país.
Durante varias horas, ambas juezas se dedicaron a explicar paso por paso a 40 niños de primaria cómo funciona el sistema de justicia y, aún más importante, cómo pueden ellos denunciar y recibir este servicio cuando lo necesitan.
Usualmente, las tareas de pedagogía recaen sobre instituciones como el Ministerio de Educación, de Cultura, las alcaldías locales e incluso de ONG que luchan por prevenir las violaciones a los derechos. Pero esta vez ambas juezas hicieron de profesoras para apostar por una juventud que conozca sus derechos.
“Nosotros en la Rama Judicial también representamos a la institucionalidad colombiana que debe hacer presencia en todo el territorio. Nuestra labor tiene un impacto social, y esa actividad buscó que el impacto lo recibieran niños, niñas y adolescentes para aprender de derechos humanos, cómo prevenir violencias de género y formas para identificar la discriminación”, contó Rodríguez a este diario.
Su trabajo ese día en Cartagena hace parte de un plan mucho más grande que tiene la Rama Judicial para lograr que Colombia pueda reducir las tasas de agresiones contra mujeres y niños y las constantes discriminaciones que se dan frente a las comunidades indígenas y étnicas. Según explica el Plan Sectorial de Justicia 2023-2026, el sistema judicial busca que en los próximos dos años el servicio sea ágil para resolver las necesidades de los ciudadanos. Además, busca que jueces, magistrados, abogados, fiscales y los demás integrantes de la pirámide de justicia adopten enfoques diferenciales para que cuando tomen una decisión (sentencia, auto, fallo) no se revictimice a quienes ya han sido violentados.
De acuerdo a la OCDE, Colombia fue en 2023 el tercer país donde más maltratos y agresiones se documentaron contra mujeres, niños y adolescentes. En 2022, por ejemplo, la Procuraduría lanzó una señal de alerta al identificar que, en promedio, cada tres horas una mujer era golpeada, amenazada o acosada.
“La idea es crear ciudadanos conscientes, desde pequeños, y que identifiquen cuándo hay escenarios de violencia. Ante todo, el objetivo es que no la normalicen, como sucede usualmente en la sociedad”, dice la jueza de restitución de tierras.
Rodríguez comentó a este diario que uno de los propósitos que tienen los jueces y magistrados de Bolívar es que este tipo de actividades de acercar la justicia a los ciudadanos no sea solo un hecho aislado, sino convertirlo en un programa de la Rama Judicial en el departamento.
“Queremos que las personas sepan que con la justicia existen sistemas de protección que, si se habla de niños, los cuidan a ellos; también a sus madres y a cualquier otro familiar que pueda estar en un entorno vulnerable”, asegura Rodríguez.
Su iniciativa de ir hasta San Juan de Damasco, en Cartagena, fue aplaudida esta semana en Bogotá en el marco del Quinto Taller Nacional para hacer justicia con enfoque de género. En este espacio, jueces, magistrados y colectivos civiles asistieron para celebrar que Rodríguez y Zúñiga, en lugar de continuar impartiendo justicia desde los despachos, hicieran lo mismo que durante décadas han tenido que hacer los colombianos para poder acceder a justicia, como lo es desplazarse, gastar dinero, tiempo y esperar que, con suerte, haya una solución pronta a sus conflictos.
“Vamos a apostarle a tener injerencia desde la justicia en los procesos de transformación que existen en Cartagena y que son estructurales, como el machismo, los sesgos, los estereotipos y la violencia”, concluye Rodríguez.
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