Son 12 comunidades campesinas e indígenas de Bojayá (Chocó), víctimas de las actuaciones violentas de grupos armados ilegales. Según información de la Defensoría, son 3.350 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo indígena embera.
La entidad afirma que las familias que habitan en Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están en riesgo por el aumento de minas antipersonal, amenazas a líderes y lideresas sociales, y el reclutamiento forzado a menores de edad.
La población también ha realizado denuncias públicas por las torturas que las AGC están cometiendo en contra de indígenas por, supuestamente, pertenecer a diferentes grupos armados que buscan controlar el territorio. En la Alerta Temprana 016 del 2021, la Defensoría ya había advertido la hegemonía que este grupo paramilitar, conocido como el Clan del Golfo, quería imponer en toda la zona del río Atrato. Sin embargo, pocas instituciones, según afirma el Defensor del Pueblo mediante un comunicado, prestaron atención a la manifestación de la entidad.
Otra preocupación de la misión humanitaria, es la extorsión a la que se ven sometidos los pobladores cuando necesitan salir del territorio. La comunidad denuncia que son cuatro retenes, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva, los que tienen que pasar y pagar altos costos para poder salir de la zona. En varias ocasiones, le han quitado a la ciudadanía ayudas estatales o recursos de indemnizaciones por ser víctimas del conflicto armado.
Asimismo, la producción de plátano en el municipio también se ha visto afectada. El Clan del Golfo ha impedido que a los pobladores les entren recursos de este comercio, pues son señalados de destinar el dinero a otros grupos armados que confluyen en la zona.
Ante estos hechos de violencia, la Defensoría hace un llamado al Gobierno Nacional para que le dé prioridad a la crisis humanitaria que vive el municipio, ya que estos hechos afectan gravemente la autonomía de los pueblos indígenas y sus tradiciones ancestrales. Ese es el caso de las mujeres, quienes denunciaron en la misión, que han querido suicidarse por la violencia de género a la que se ven sometidas por los grupos armados.
También realizaron la petición de hacer continuar el desminado en los lugares identificados por la fuerza pública y aumentar la fuerza pública a fin de salvaguardar a las comunidades que ahora mismo están en confinamiento.
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