Las caras de la lucha por el reconocimiento de la justicia afro en el Cauca

Foto: Gráfico: Eder Rodríguez

Desde siempre, dicen en las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, los mayores han sido quienes solucionan los problemas entre vecinos o familias. Le buscan solución a lo que causó desarmonía e imponen sanciones que puedan reparar el daño ocasionado. Así lo han hecho hace cientos de años en sus veredas, generalmente de difícil acceso y aunque la justicia ancestral afro no tiene una protección legal en el país. Hasta que la lucha por lograr ese reconocimiento se volvió una causa de los líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), que reúne a 43 territorios colectivos afro.

Si bien el camino que tienen por delante es extenso, la justicia ancestral afro ya cuenta algunas victorias. Por ejemplo, tras una demanda de miembros de Aconc, asesorados por abogados de la Universidad de Los Andes, en 2021 la Corte Constitucional aclaró que los miembros de comunidades negras están exentos del servicio militar. La sentencia reconoce el arraigo profundo que tienen con el territorio y habla del “derecho que tienen las comunidades étnicas de ejercer control de acuerdo con sus propias leyes y costumbres, de los lugares en donde se desarrolla su cultura, tradiciones y su forma de vida”.

Pero para llegar a la Corte hubo muchas discusiones previas, que se remontan incluso a la Asamblea Nacional Constituyente, dice uno de los demandantes en ese proceso, Adelmo Carabalí, quien a su vez es uno de los líderes afro más reconocido en la región. Con 57 años, nacido en el municipio de Buenos Aires, Carabalí recuerda que, si bien en 1991 el candidato de los pueblos afro no fue elegido, lograron trabajar con el constituyente indígena Floro Tunubalá. Que en la Constitución de 1991 únicamente fue reconocido el sistema de justicia indígena y para los pueblos afrodescendientes quedaron las bases de lo que luego sería la Ley 70. Pero el debate no se acabó allí:

“En ese tiempo escribimos las primeras líneas del porqué era necesario el reconocimiento de la justicia del pueblo negro. Hay algunos compañeros que siguen sosteniendo que la Ley 70 dice que cada consejo comunitario crea su reglamento y que así no tengamos un reconocimiento expreso en la Constitución, somos autoridad en nuestro territorio. Sin embargo, nosotros estamos exigiendo el reconocimiento formal de la Jurisdicción Especial Afro, pero limitada a nuestros territorios. No es por el hecho de tener una piel negra que se puede juzgar a alguien, es el hecho de que se autoidentifica como una persona negra, que tiene unos usos, unas costumbres”.

Pero los mayores y mayoras siempre han ejercido autoridad en sus comunidades de manera oral. Sus normas son más el fruto de consensos transmitidos entre generaciones, que de un reglamento escrito. Así que, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid iniciaron escuelas de guardia cimarrona, de liderazgo, de historia y de otros temas, para sistematizar las experiencias de la justicia ancestral. Como llegar a los 43 consejos comunitarios y las 209 veredas que comprende Aconc era un desafío para un equipo de menos de diez personas, indagaron en esos procesos formativos por las raíces, los principios y los prejuicios que tenían hacia la justicia propia.

El coordinador de la unidad jurídica de Aconc, el abogado Alfredo Bonilla, cuenta que este trabajo les ha tomado alrededor de cuatro años y que lo iniciaron con el objetivo claro de lograr el reconocimiento. En el camino, entonces, se encontraron con que debían fortalecer los reglamentos de algunas comunidades, pero surgía, una y otra vez, que la justicia ancestral afro es equiparable, en palabras de Bonilla, al derecho consuetudinario. Es decir, que, en la práctica, las comunidades habían ido acogiendo normas comunes que les permitían mantener la armonía en sus territorios. Además, al preguntar por casos concretos encontraron patrones, como cuenta el abogado:

“Entre los casos que salieron hubo muchas tensiones por temas territoriales: por linderos, por herencias, por compra-venta mayoritariamente. También, por ejemplo, la presencia de grupos armados al interior de las comunidades, que en su momento para el caso de Buenos Aires y Suárez fueron las comunidades las que debieron atender a esas situaciones por la carencia de presencia estatal. Esos fueron como los dos grandes casos a los que decidimos prestarles mucha atención porque se repiten en los diferentes municipios, en los diferentes consejos comunitarios. También encontramos casos de violencia intrafamiliar, hurtos”.

Tras recopilar estos insumos, ahora son más cuidadosos con el lenguaje para referirse, dependiendo del caso, a una tensión y un conflicto. La primera palabra la usan para referirse a los desencuentros que podría haber entre dos familias por un lindero. En la segunda categoría, por el contrario, estaban las afectaciones más graves, generalmente producidas por un tercero. Por ejemplo, el reclutamiento forzado por parte de actores armados, o el desplazamiento de una población por la llegada de una hidroeléctrica, como ocurrió en La Alsacia, consejo comunitario donde la autoridad es Paola Ararat, de 29 años, quien también se ha abanderado de la justicia ancestral:

“Siempre en nuestras comunidades toda la resolución, tanto de tensiones como de conflictos, ha estado administrada por las sabedoras, sabedores que han hecho este ejercicio de administración de justicia. En varias experiencias, la institucionalidad ha tenido la facilidad de darse cuenta del valor de la justicia propia. Sin embargo, ese paso hacia el reconocimiento no se ha dado y allí están parte de los desafíos que tenemos para visibilizar esas acciones, que a la final no entran a reñir con la justicia ordinaria. Pero esperamos que sea un trabajo más consolidado con la creación de la jurisdicción especial afro”.

A la vez, han venido fortaleciendo las instancias que resuelven las tensiones. Ahora existe una a nivel de cada consejo comunitario. Si el problema persiste, sube al siguiente escalón, que está en cada grupo de consejos comunitarios aledaños, llamados microcuencas. Y, finalmente, el máximo órgano es el Tribunal de Ética y Justicia de Aconc. Una de sus integrantes es Yovana Castillo Larrahondo, quien durante casi 20 años llevó las riendas del consejo comunitario San Juan de Potocó. Ahora, se ha dedicado a capacitar a otras personas y, junto a otros, a construir una ruta para tratar los casos que les llegan y, cuando corresponda, enviarlos a la justicia ordinaria:

“Entender la justicia ancestral para otras personas ha sido difícil, porque dicen: ‘bueno si ya hay una justicia ordinaria, con cárceles, jueces, ¿para qué ellos necesitan otra justicia?’. Pero se debería ver de otra forma. La justicia nuestra lo que va es a restaurar al ser, a hacer una armonización. Pero también comprendemos que hay que hacer articulaciones con las entidades que imparten justicia del país, la policía, porque de la ruta que definamos no vamos a poder manejar todo y habrá que remitir casos. Por eso sería bueno que la justicia ordinaria se articulara con la nuestra para hacer un buen trabajo, que no vayamos nosotros, por acá y ellos por allá”.

Para algunos casos, incluso, creen que la justicia propia puede llegar a ser más efectiva que la ordinaria, porque quienes la ejercen conocen el día a día de sus comunidades, y de los involucrados. Pero también eso los expone más a los actores armados ilegales que hacen presencia en el norte del Cauca. Severo Valencia, fundador del consejo comunitario Brisas del Río Palo en Guachené, es uno de los líderes con mayor trayectoria en Aconc, con 68 años, y cree firmemente que impartir justicia, como lo hace en su territorio, es ejercer el gobierno propio. Sin embargo, reconoce que su autoridad termina frente a los armados, de allí en adelante le corresponde al Estado:

“La única herramienta que tenemos nosotros es el valor que tenemos para enfrentar la situación, pero al lado tenemos es un bastón. Nos toca limitarnos a atender los casos que podemos atender porque el resto ya le toca al Gobierno mirar cómo nos garantizan la seguridad. Hemos atendido casos complejos de abigeato, de linderos, desarmonización entre familias. Se llega al espacio, se hace una valoración de la situación y los invitamos a un diálogo en un espacio con serenidad, desarmando los espíritus. Ahí nos toca hacer recursivos, involucrar a toda la familia y a la final se bajan las tensiones de cada uno y logramos que esas personas se comprometan a cambiar”.

Mientras andan este largo camino para el reconocimiento, también se han sentado frente a frente con jueces, fiscales y magistrados de la región. Allí han discutido cómo pueden trabajar de la mano y han conocido los temores de los funcionarios judiciales, de que, una vez se reconozca la justicia ancestral en municipios predominantemente afro, la justicia ordinaria quede al margen. El próximo de estos espacios, realizados con apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, será en Santander de Quilichao a finales de septiembre y Adelmo Carabalí tiene claro el mensaje que les quieren transmitir a los funcionarios judiciales: “La justicia propia no tiene la finalidad de suplantar al Estado, sino de contribuir a la paz de las comunidades”.

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