La pregunta por las violencias que se presentan en el resguardo deja un silencio para los forasteros que llegan al pueblo. Las mujeres se miran, comienzan a conversar en dialecto embera y gesticulan lo que pareciera un azote con sus manos. Mientras unas murmuran, otra explica las condiciones a las que históricamente han sido sometidas: maltrato, insultos, humillaciones, hostigamientos, violaciones. Son seis mujeres, todas lideresas, quienes en medio del murmullo del viento pegando contra los farallones de Citará, desde la escuela rural del resguardo Hermeregildo Chakiama en Ciudad Bolívar (Antioquia), las unió un encuentro.
En un círculo de palabra, el grupo de mujeres contó cómo han revolucionado sus vivencias y trabajan para que las violencias basadas en género cesen y que el esfuerzo de sus propias organizaciones, sumadas a las del Estado, les permitan acceder a sus derechos, especialmente a la justicia. “Yo soy diplomada en género, generación y familia. La mayoría de las compañeras también se han capacitado. Allí, aprendemos muchas cosas sobre el maltrato, las violaciones. Entonces de lo que aprendemos, una viene a multiplicarlo con las compañeras para que no sean violentadas y cómo pueden denunciar”, cuenta Lucila Marcela Restrepo, coordinadora del grupo de mujeres en el resguardo Hermeregildo Chakiama, quien también ejerció como fiscal desde la Jurisdicción Especial Indígena.
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A la lideresa Restrepo, por ejemplo, su esposo la amenazaba con una “planera” (golpiza) cuando comenzó a participar en cursos de género, pero ella misma lo empezó a frenar, diciéndole que tenía que cambiar ese comportamiento. Ella decidió formarse y replicar las herramientas que aprendió para que otras mujeres no fueran violentadas. Por ello, desde el grupo de mujeres, la coordinadora organiza reuniones cada que es posible, pues, además de ejercer su liderazgo, ellas trabajan en el cafetal, como cualquiera de los hombres del resguardo; crean accesorios con la mostacilla, cuidando a sus hijos y buscan espacios para capacitarse y exigir la garantía de sus derechos.
Una vida libre de violencias
Al igual que en otros contextos, en los resguardos indígenas, los roles y estereotipos de género incrementan la naturalización y el riesgo de ocurrencia de violencias basadas en género contra mujeres y niñas. Aunque prácticas como la mutilación genital femenina sí marcaron a las mujeres mayores, actualmente se considera erradicada en Antioquia, de acuerdo con información de la Gobernación; otras prácticas, como el matrimonio infantil o castigos propios de las tradiciones indígenas, se mantienen, y siguen siendo desproporcionados entre hombres y mujeres.
De ahí que el grupo de mujeres embera buscan también aplicar a convocatorias para ejecutar proyectos, para incluir sus talentos, eliminar barreras económicas y empoderarse. Desde 2001 que se organizaron, se nombraron en honor de María Julia Jimbusu, la esposa de Chakiama, fundador del resguardo. “Así llevemos más de 20 años, vamos lentas, pero marcando las diferencias, porque estoy segura de que ya las mujeres a pesar de los flagelos que hay dentro de la comunidad, ellas están en capacidad de tomar decisiones y hablar. No todas, pero con una que no se quede callada y que sepa que tiene derechos como mujer, eso es ganancia”, dice Gloria Tamanís, lideresa y docente de la escuela primaria del resguardo.
Ellas cuentan que, desde su niñez, crecieron viendo la humillación a la que eran sometidas algunas madres por parte de sus hijos y cómo esposos arrastraban del cabello a sus parejas mujeres. Narran que estaba tan naturalizada esa violencia que todavía es muy difícil desnormalizarla. No obstante, desde que se juntaron, y mujeres como Gloria Tamanís se educaron frente al tema de las violencias, las cosas han comenzado a cambiar. Ella supo de las violencias físicas y psicológicas que sufrió antes en su familia y en su matrimonio. Llegó a reunirse con mujeres feministas con las que comprendió que cuando sacaban a una mujer desnuda en su resguardo a darle látigo no era normal y, gracias a la juntanza, supo de su derecho a una vida libre de maltrato, por lo que comenzó a replicar el aprendizaje en su resguardo.
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Sin embargo, el liderazgo no nació solamente de la necesidad de unirse como mujeres para fortalecer su unión y conservar su cultura, el vínculo es también el efecto de las violencias de género a las que han sido sometidas por décadas y la necesidad de eliminarlas. “Desde mi vivencia, esas prácticas que eran cultura las debemos ir erradicando”, dice Tamanís, quien asegura que sus vecinos todavía se lamentan cuando nacen niñas en el pueblo. “El simple hecho de que un bebé sea varón, alegra. Yo crecí con esa vulneración. Por el simple hecho de que seamos mujeres, desde antes de nacer no nos dan valor”, agrega la docente Tamanís.
Con los testimonios de las mujeres coincide Natalia Velásquez, la exsecretaria de Mujeres de Antioquia. “Las mujeres indígenas son generalmente violentadas en el ámbito privado, al revisar la actividad económica se logró identificar que principalmente se encuentran buscando trabajo o se dedican a oficios del hogar, situación que aumenta las vulnerabilidades a las que habitualmente son expuestas”, explica la antigua funcionaria.
La problemática se explica también con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que entre 2015 y 2019 reportó que el 99% de los casos de violencia de pareja en grupos étnicos fueron de violencia contra las mujeres, y 84,7% de los casos de violencia sexual reportados en las mismas comunidades indígenas afectó específicamente a las mujeres.
Por ello, para la exsecretaria, las Violencias Basadas de Género (VBG) tienen una estrecha relación con la exclusión: “Esto pone a las mujeres indígenas desde ese enfoque intersectorial en una situación todavía más difícil, porque eso también genera más discriminación y falta de conocimiento por parte de ellas de sus derechos”. Por lo tanto, indica Velásquez, al abordar las violencias contra estos pueblos se suman varias complejidades. Primero, por la dispersión geográfica; segundo, las diferencias entre los reglamentos de las comunidades; y tercero, la falta de datos estadísticos en todo el país en este tema, puesto que hay un alto subregistro en las instituciones encargadas de atención integral a las violencias.
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Sumada a la necesidad de acceder a su derecho a vivir libres de violencias, Luz Marina Domicó, quien trabaja con la primera infancia en el resguardo, habla de la necesidad de darle una mayor importancia al empoderamiento de las capacidades y talentos de las mujeres indígenas. “La parte de hablar de nosotras como mujeres necesitamos empoderarnos más, porque hemos estado más violentadas. Aunque eso ha cambiado un poco, quiero seguir hablando de los derechos de nosotras como mujeres”, con esto se refiere a la importancia de conservar de su dialecto emberá, pero también de educarse.
La necesidad de justicia con enfoque de género
“La inoperancia de los aparatos de justicia interna es inadecuada. Aquí se violentan los derechos de las mujeres y las niñas”, indica la lideresa Tamanís. Las mujeres indígenas embera se ven obligadas a ir a la justicia ordinaria, con la esperanza de ser escuchadas allí, porque dentro de su comunidad no existe esa atención garantizada. Ante este panorama, Nury Yagarí, abogada de mujeres de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), explica que se han estado articulando con la justicia ordinaria para atender a las víctimas de violencias basadas en género en sus comunidades.
“Hemos hecho un esfuerzo inmenso para irnos articulando por la justicia ordinaria en acompañamiento a las comunidades sobre todo en las violencias a las mujeres, las violencias de género contra niñas y mujeres indígenas de todos los pueblos de Antioquia”, explica. Según ella, pareciera que las violencias en la comunidad fueran en aumento. Y no porque antes no pasaran, sino porque ahora hay un esfuerzo por formarse y tener herramientas para denunciarlas.
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“Lastimosamente, los usos y costumbres de muchas de las comunidades han desconocido los derechos de las mujeres indígenas, y eso también ha repercutido en una posible invisibilización de la situación porque las entidades del Estado dejan eso en manos de la autonomía indígena”, expone el magistrado Julián Ochoa, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura (CSJ) en Antioquia y responsable del desarrollo de las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional y de interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional.
De esta manera, la OIA apoya para llevar los casos a la justicia ordinaria. Esta entidad, en un trabajo conjunto con entidades como el CSJ, transladan casos que, dentro de la justicia especial indígena no hay garantías suficientes para que las mujeres tengan justicia, así lo aseguran las lideresas. “Hay un montón de barreras, no las atienden, porque desde muchas autoridades de la justicia ordinaria asumen que ese papel les corresponde a las autoridades indígenas, pero hay impunidad en nuestras comunidades y buscamos es el acceso a la justicia”, dice la abogada Yagarí.
Son las pocas garantías que dentro de la justicia especial encuentran estas mujeres. “Si bien vemos la mesa interjurisdiccional, creo que no estamos avanzando. Es decir, no vemos resultados en la justicia ordinaria y tampoco en las autoridades indígenas”, explica la defensora Yagarí y agrega que la situación es problemática cuando integrantes de las autoridades indígenas también son agresores. “De esta manera, evitan que los casos no llegan a la justicia ordinaria y terminan siendo casi que castigadas las mujeres que hablan”, dice la abogada.
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De ahí que, con ayuda de unas mesas interjurisdiccionales, la organización ha buscado implementar herramientas técnicas del Estado para que los casos avancen. Estos espacios surgen a partir de la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Fiscalía, con apoyo del programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Allí, participan funcionarios de las organizaciones y autoridades indígenas regionales, el Consejo Seccional de la Judicatura, el Tribunal Superior, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Inpec, Medicina Legal y las Comisarías de Familia.
Por ahora, las mujeres del resguardo embera del suroeste antioqueño trabajan para que todas puedan alzar su voz y denuncien. Saben que tienen derechos, aunque algunos de sus compañeros son críticos de la orientación que reciben las mujeres, “porque cuando una se da cuenta que tiene derechos y que mi pareja me tiene que respetar, el miedo es que ellas tengan herramientas para poderse defender”, explica Tamanís. Con estas palabras coincide y concluye la coordinadora del equipo: “Antes nos señalaban de chismosas si denunciábamos. Muchas veces las mujeres nos callábamos, pero ya no. Ya comunicamos. Ya denunciamos. Somos preparadas, nos hemos formado para ayudar a hablar a otras, para reclamar nuestros derechos”.
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