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En Montes de María y el Sur de Córdoba los liderazgos LGBTIQ+ están bajo amenaza. La segunda subregión, de acuerdo con Caribe Afirmativo, una organización que busca garantizar los derechos fundamentales de esa población, se ha posicionado como el territorio con mayor número de casos de violencias basadas en género (VBG) y violencia por prejuicio (VPP) contra personas de orientación sexual e identidad de género diversa, algo que también ha encendido las alarmas de la Fiscalía.
Ambas subregiones se han convertido en el escenario de una colaboración transformadora entre líderes y lideresas LGBTIQ+ y funcionarios del ente investigador. Lejos de los estereotipos, estos liderazgos han asumido un papel protagónico en la construcción de puentes que unen a las comunidades, desafiando los prejuicios arraigados y contribuyendo a un cambio significativo en la percepción y la realidad de la diversidad en estos territorios.
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Es así como la Fiscalía y Caribe Afirmativo, de la mano de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), adelantaron una formación conjunta para funcionarios de esa entidad, así como para más de 20 líderes y lideresas de ambas subregiones, con el fin de generar herramientas a la sociedad civil y a los fiscales que atienden los casos, sobre la adecuada atención, investigación y judicialización de violencias motivadas en la orientación sexual e identidad de género real o percibida.
“Con la sociedad civil se busca el reconocimiento de las formas de incidir en el sistema penal acusatorio, mediante buenas prácticas que faciliten el acceso a la justicia”, le dijo a este diario Cristian de la Rosa, abogado de la organización Caribe Afirmativo. Para él, ese sistema también se fortalece a través de los funcionarios de la Fiscalía, en cuanto se orienten a mejorar la atención con enfoques diferenciales, permitiendo así “una justicia inclusiva a nivel territorial”.
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“Junto al programa Justicia Inclusiva de Usaid, buscamos que en la subregión de Montes de María y Sur de Córdoba se consolide un sistema de justicia eficiente que acate la Directiva 006 de 2023 y la guía de buenas prácticas firmada por la Fiscalía en 2022 para la atención, investigación y judicialización de violencias motivadas en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas”, señala el jurista.
La Directiva a la cual se refiere el abogado, hace referencia a un documento expedido por la Fiscalía el 10 de octubre de 2023, denominada ‘Por medio de la cual se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género, real o percibida’ y que, entre otras cosas, se centra en guiar la actividad investigativa y procesal de la entidad en casos de violencia por prejuicio, además de expedir lineamientos para la investigación y judicialización de casos.
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Ese documento, que tiene sus bases en una guía de buenas prácticas para la investigación de crímenes cometidos en razón de la orientación sexual y la identidad de género, y que fue firmada por fiscal general, Francisco Barbosa, en octubre de 2022, también reconoce el contexto de discriminación como hecho jurídicamente relevante en las investigaciones, “fijando que una de las primeras hipótesis cuando la víctima sea o se reconozca como una persona LGBTIQ+ debe estar orientada a verificar si el delito se cometió en razón de su orientación sexual o su expresión o identidad de género, lo cual se comprueba mediante hechos indicadores de violencia”, explica Caribe Afirmativo en un documento que resume los puntos clave de la Directiva expedida por el ente investigador.
“Además, la Fiscalía reconoce que algunas personas LGBTIQ+ establecen relaciones con amistades más íntimas y profundas que con sus propias familias nucleares y reconocen como madres y hermanas (especialmente en el caso de las mujeres trans) a su círculo de amigas trans más cercanas. Esto implica un avance fundamental en el reconocimiento de las familias sociales, tan necesarias en el proceso de investigación de violencias a personas LGBTIQ+”, reseña la organización.
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Todo esto, para Cristian de la Rosa, es un claro camino que se pavimenta hacia el acceso a la justicia: “En primer lugar, porque se socializa una directiva y buenas prácticas de carácter obligatorio para la institución de la Fiscalía. En segundo lugar, porque son herramientas indispensables que influyen en los Comités Locales de Justicia donde participan estos funcionarios, pero donde los líderes y lideresas han logrado realizar incidencia por los derechos de personas LGBTIQ+. Y, por último, un compromiso expedito para la direcciones seccionales de la Fiscalía en Bolívar, Sucre y Córdoba por contar con personal con capacidades técnicas que incluya el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, precisa.
Además de impulsar mecanismos que orienten a los funcionarios para mejorar su atención a la población diversa y, a su vez, guiar a los líderes y lideresas LGBTIQ+ para tener una incidencia representativa ante el sistema judicial, Caribe Afirmativo, de la mano de organizaciones como Caribeñxs (sur de Córdoba) e Incluyamos (Montes de María), han enfocado sus esfuerzos en garantizar a las víctimas de violencias basadas en género y por prejuicio un acompañamiento psicosocial con miras a combatir la revictimización. Así, en articulación, organizaciones civiles e instituciones buscan reducir los altos niveles de discriminación e intolerancia.
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