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Yenny* mostraba señales de inseguridad. No habían sido muchas las oportunidades en sus 10 años de vida para que su atuendo, rostro y demás accesorios del día a día cambiaran mucho. Cada deseo conllevaba dinero, y dinero era precisamente lo que su familia no tenía, nisiquiera para algunas de las cosas más elementales, como unas gafas que le permitieran ver el mundo con nitidez. Su vida era una película borrosa. Los textos escolares se confundían, las personas se reducían a simples siluetas y los paisajes de Maicao, donde vive en La Guajira, eran una mezcla de colores sin claridad.
Tras haber esperado por años, el pasado 9 de julio, Yenny recibió unas gafas. Fue tanta su alegría que se atrevió a decir, medio en serio y medio en broma: “de pronto ahora sí puedo cumplir mi sueño de ser doctora”.
Las gafas de esta niña y de otros menores con discapacidad visual fueron entregadas durante un evento en Maicao que tuvo como objetivo devolverles la vista. La iniciativa es una apuesta de justicia social por parte del sector privado en el segundo departamento más pobre del país, un territorio en donde ser niño abre la puerta a vulneraciones y derechos violentados. El evento fue organizado y financiado por Chocolisto, Sajú, Save The Children y Abbvie, que movilizaron esfuerzos, recursos y personal a Maicao como parte de un proyecto que pretende garantizar el derecho a la salud visual en el país y fomentar la sostenibilidad.
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El escenario en que vive Yenny es tan solo un grano de arena en el desierto guajiro de vulneraciones a los niños. Los datos del DANE indican que este departamento es el segundo más pobre de Colombia y, desde hace décadas, la muerte de niños menores de 15 años se convirtió en una endemia que nadie ha podido combatir. Solamente en 2023, hubo más de 50 casos de niños menores de cinco años muertos por inanición. Entre todas esas vulneraciones se suma también el reclutamiento forzado, que podría facilitarse cuando los niños desertan de las escuelas.
En 2020, estas cuatro organizaciones reconocieron que, entre tantos pedidos pendientes de justicia social y mínimos básicos de los niños de La Guajira, había un reclamo que tampoco se estaba cumpliendo. Se trataba de la salud visual de miles de niños que al no ver bien, ponían en riesgo su integridad y su permanencia en las escuelas. Podían abandonar los colegios o, en otro escenario, entrar a hacer parte de la espiral de miles de niños que no logran estudiar, graduarse, trabajar y así seguir nutriendo las cifras de pobreza e informalidad del departamento.
El proyecto, aunque en apariencia pequeño, está enfocado en atender un secreto a voces, como es el acceso a la salud en los departamentos más pobres del país. En La Guajira, por ejemplo, menos del 50 % de la población tienen acceso a servicios básicos, y la cifra es aún menor cuando se trata de otros derechos, como la salud o un chequeo médico. Si a nivel nacional, la discapacidad visual afecta al 56, 6 % de los niños, según datos de la Organización Mundial de la Salud, quizá en La Guajira esta cifra sea muy superior por el subregistro y la ausencia estatal, asegura la ONG Save The Children.
La situación ha sido tan crónica y dañina para la juventud de La Guajira, que la Corte Constitucional lanzó una alerta en 2017 por este escenario y declaró que se evidencia una “violación masiva y generalizada de los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación”, de los menores de edad en el departamento, sobretodo en los pertenecientes a la comunidad indígena Wayuu, según reza el auto que declara estado de cosas inconstitucional.
El programa se destinó originalmente a varios de los territorios donde la niñez usualmente es vulnerada y hay otros factores que ponen en riesgo la integridad de los menores. En La Guajira, por ejemplo, se seleccionaron niños que en su mayoría integran grupos indígenas y población migrante, dos de los sectores más violentados en Colombia, según oenegés que hacen presencia en el departamento. Sin embargo, también hubo esfuerzos para hacer presencia en Arauca, Norte de Santander e incluso Bogotá y ofrecer gafas a niños que las necesitaran y que, a causa de los pocos recursos, sus familias no pudieran costearlas.
Al identificar que la pobreza multidimensional en Colombia afectaba, entre otras cosas, la salud visual y futuro de los niños, estas cuatro organizaciones diseñaron Su visión, su futuro: una apuesta para financiar, crear y entregar gafas a los niños. Con la máquina ya puesta para inicios de 2023, anotaron en sus metas empresariales beneficiar, en los dos próximos años, a 2.000 menores de varios departamentos. Abbvie llegó a los territorios para hacer diagnósticos médicos de los niños y darse cuenta que cerca del 30 % de quienes eran evaluados tenían una discapacidad visual. Por su parte, Sajú y Chocolisto trabajaron desde Bogotá en la creación de las gafas, cada una con su respectiva fórmula para cada uno de los niños e ideando unas gafas a base de material reciclado que también tuviera un impacto ambiental. Save The Children fue el puente que permitió que las gafas pudieran llegar a los niños en los territorios, por remotos o vulnerables que fueran.
“La educación, entre otros temas, es un problema crítico para los niños en Colombia. Y sin salud visual claramente entendimos que podríamos derribar una barrera para que los niños se eduquen a través y tengan salud visual. Hoy hay miles de niños que desertan, que no se desempeñan bien y todo debido a una discapacidad visual”, cuenta Arango. No fue sino hasta enero de 2023, cuando ya se tenían los diagnósticos médicos, las gafas creadas y la logística bien organizada, que estas cuatro organizaciones empezaron la entrega de gafas en algunos de los lugares más vulnerables del país.
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¿Cuál es el impacto de unas gafas en la vida de algunos niños que el destino les ha negado casi todo? Para Yenny, Jhonnier y Lina* que fueron beneficiarios del programa, puede significarlo todo. En un departamento donde hay 300.000 menores de edad, y además, están en vulnerabilidad, un marco de plástico reciclado con un lente para ver mejor el mundo podría cambiar una vida, asegura María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de Save The Children.
“Una buena salud visual está relacionada con una vida mejor, tanto académicamente como social. Esto le apunta a temas de derechos básicos de la niñez. La salud visual es solo una de las tantas cosas que los niños necesitan en Colombia y usualmente coexisten con diferentes problemáticas que generan necesidades. Identificar y ayudar con el problema es básicamente garantizar un derecho básico que en el pasado siempre fue negado”, asegura.
A pesar de las dificultades que los niños enfrentan, Liévano y Arango reconocen que el impacto social de las organizaciones puede llegar a dar más oportunidades, sobretodo en aquellos lugares donde la ausencia del Estado es frecuente. Aunque en las ciudades principales acceder a un examen oftalmológico parezca sencillo, en territorios como La Guajira es una tarea casi imposible. Los servicios médicos son costosos y, la población está integrada en más del 90 % por indígenas Wayuu, en su mayoría viven en condiciones de pobreza. A todo eso se suma que para desplazarse a un centro médico o entrar en las agendas clínicas, se deben gastar recursos que ni los niños ni sus familias tienen.
Según Save The Children, hay sectores en Maicao en donde las familias sobreviven con menos de $4.000 al día. Asimismo, si se tiene en cuenta la falta de mínimos vitales, como agua potable o comida, garantizar el servicio a la salud y costear unas gafas para uno de los niños de esas familias se convierte en un sueño sin cumplir.
Sin unas gafas, los niños no solo se privan de aprender asignaturas básicas como matemáticas o biología, sino que tiene repercusiones a futuro, como dijo una funcionaria de la Alcaldía de Maicao, que pide no revelar su nombre, a este diario. “Significa que, a largo plazo, a causa de las barreras, no pueden conocer sus derechos, los beneficios que la Constitución les da por ser sujetos de especial protección constitucional o incluso, que no puedan acceder a la justicia teniendo en cuenta que estamos en uno de los departamentos con más vulneraciones y agresiones en el contexto familiar del país”, dice.
*Los nombres de los menores fueron modificados para proteger sus identidades.
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