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Un día la armonía en la comunidad de Loma de Bojayá, en Chocó, empezó a perderse. Varios habitantes, afanosos de hacer ganadería en el territorio, empezaron a invadir fincas y terrenos cercanos para que las vacas pudieran pastar. Cuando las autoridades afro recibieron decenas de denuncias sobre los ganaderos invasores, una vez más tuvo que aplicarse la Justicia Propia Afrocolombiana (JPA), el sistema de leyes y conductas que las comunidades afro tienen desde hace décadas para resolver los conflictos al interior de sus territorios.
Desde que los líderes de estas comunidades tienen memoria, según relatan, todos los problemas al interior de la comunidad han sido solucionados a través de este mecanismo de justicia. Ya sea un problema de linderos, un contrato incumplido o un robo dentro del territorio, siempre se busca que la solución de los conflictos pueda llegar a través del diálogo como primera medida.
Cuando hay un delito o una “conducta errática”, cuenta Ramiro Rodríguez, asesor jurídico del consejo comunitario más grande de Colombia, la armonía en la comunidad y entre los habitantes sufre. La justicia afro, en este sentido, busca que la armonía pueda reestablecerse en la mayoría de ocasiones, sin un castigo o una multa.
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Por ejemplo, Rodríguez explica que hace pocos meses publicó una guía sobre cómo la JPA ha logrado mediar y solucionar conflictos que van desde las peleas entre dos o más miembros de la comunidad, hasta la invasión de tierras. En un caso más grave, rememora, la guerrilla del ELN secuestró a un adolescente en Loma de Murrí, Antioquia, y los líderes de esa comunidad pidieron directamente a los armados la liberación del joven “porque eso no estaba permitido” en ese territorio.
La guía, realizada con apoyo de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), explica que este tipo de justicia tiene como principios el cuidado y armonía con el territorio, el respeto a la autoridad, las enseñanzas a través de la oralidad, entre otras.
Según las costumbres afro, las decisiones sobre aplicación de la justica que se toman dentro de cada comunidad negra son tomadas por un grupo o consejo de personas conformado por quienes mayor autoridad ostentan y que, a su vez, tienen una trayectoria extensa dentro de la comunidad, lo que se traduce en experiencia.
Por ejemplo, Nevaldo Perea, líder comunitario de Chocó, explica que en el consejo comunitario de ese departamento hay un grupo de “viejos sabedores” que se encargan de tomar decisiones, transmitir conocimientos, proteger las tradiciones y finalmente servir como los funcionarios más altos de la justicia afro.
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¿Por qué existe este tipo de justicia?
La Justicia Propia Afrocolombiana es una jurisdicción que nació gracias a la Constitución de 1991. Según Rodríguez, las comunidades negras de Colombia venían pidiendo reconocimiento y autonomía desde hacía décadas a la cúpula política. Pero no fue hasta la reforma constituyente cuando se concluyó que las comunidades afro tenían derechos a reconocerse y organizarse según sus costumbres ancestrales.
De esta forma, los consejos comunitarios negros establecieron normas, leyes y conductas que todos dentro de su comunidad debían obedecer conforme a las creencias y prácticas que desde hace siglos, según aseguran los líderes afro, se mantienen. Aunque muchas de las costumbres dentro de los territorios afro sean guiados y juzgados por los líderes de esas comunidades, Rodríguez explica que en ningún momento la Justicia Propia Afrocolombiana ha pretendido suplantar a la jurisdicción ordinaria.
“Para nosotros no es una victoria sino un reconocimiento a lo que se dice en la Constitución del 91, porque en las anteriores nosotros no estábamos reconocidos. Buscamos ser interlocutores legítimos frente al Estado en estas comunidades donde la justicia ordinaria no opera”, explica Rodríguez.
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El reconocimiento a la autoridad
Que el resto de la comunidad respete y no cuestione las decisiones de los líderes es un punto fundamental para la justicia afro. Leovigildo Sotelo, líder comunitario de un consejo comunitario en Córdoba, asegura que las personas que ostentan los cargos de “tomadores de decisiones” son puestos allí por la comunidad “precisamente por que se los respeta”.
Sotelo, que es abogado y activista de su comunidad, explica que incluso conoce casos en que las autoridades de Córdoba ordenaban a un miembro que los acompañara a la cárcel, “y él que cometió la falta obedeció sin necesidad de amarres o esposas. Porque eso es la autoridad”.
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