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Vías en mal estado y una tierra fértil eran parte del paisaje. Ganado y pancoger, como le dicen a las huertas de las casas, eran sustento y hábitat de decenas de campesinos. Aunque la vida en esa época no era la mejor, para Liliana Rodríguez Aguilar, habitante de la vereda Cedro Cocido del corregimiento de Leticia (Córdoba), vivir en esa tierra sí era garantía de tener cómo vivir con su hija y su esposo. “Una vida digna no la teníamos en su momento, pero uno se adapta a vivir con lo que le toca. Como a no tener energía, ni agua potable, ni suministro de gas, ni mucho menos servicio de alcantarillado”.
Cuando el grupo de paramilitares liderado por Fidel Castaño llegó a ocupar y despojar tierras de campesinos del sur de Córdoba, a familias como la de Liliana les dijeron que tendrían que vender su tierra por un precio mínimo. Era eso o pagar con sus vidas. Hasta que, en noviembre de 1991, ella y su familia se fueron desplazados. El dinero que les dieron por las cinco hectáreas que poseían, no era suficiente para reubicarse en otra finca. Llegaron a Montería, sin nada. Dejaron sus gallinas, sus cultivos, todo. Rodaron entre la hospitalidad de familiares y ajornalaron, es decir, trabajaron por días en lo que se pudiera: en un granero, una carnicería. Para entonces, “yo veía imposible retornar a nuestras tierras”, recuerda Liliana.
Desde que entró en vigencia la Ley de Víctimas, en 2011, estudios y sentencias han concluido que las mujeres deben tener la oportunidad de poseer y manejar sus propias tierras cuando sean restituidas. Ese mismo año, Liliana supo de las posibilidades de acudir a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y comenzó el proceso para recuperar su predio. Para ella fue muy valioso el acompañamiento en su momento de la entidad. Por fortuna, en 2014 pudo retornar a su finca. A ese lugar que le dio de comer justo cuando tuvo que abandonar su sueño de ser una profesional en Contaduría, tras haber culminado una técnica en esa rama.
Su esposo, Luis Navarro, a diferencia de los de otras mujeres de la zona, nunca la abandonó. “El día que entregaron yo no quise ir, me daba temor. Fue mi esposo para poder delimitar la tierra”, cuenta Liliana. Y así fue. Navarro, en compañía de las instituciones, pudo cercar su finca. Poco a poco, construyeron su vivienda nuevamente. “Fue un proceso que llevó como dos años: construir las viviendas, sembrar, y tener nuevamente las cosas. Retornar fue duro, muy duro. Tuvimos que meternos en cambuches para poder empezar, hasta que construyeron las viviendas. Así, el retorno fue lento, pero seguro”, recuerda Liliana de la restitución que comenzó en 2014. Hasta ahora, son 10 años levantándose a trabajar nuevamente en ese territorio.
La guerra contra las mujeres
Antes de ese momento, cuando se entregaban tierras, las mujeres no aparecían en los documentos de propiedad, a menos que fueran viudas o no tuvieran pareja. En veredas como Cedro Cocido, esto causó problemas, como divorcios y disputas, porque los esposos excluían a las mujeres de los derechos sobre la tierra.
Sin embargo, gracias a ley de 2011, las esposas figuran en los certificados de propiedad, asegurando que la tierra pertenezca a ambos miembros de la pareja y se trabaje en familia. Este cambio corrigió las fallas iniciales en el proceso de restitución, dándole un enfoque diferencial y de género, un lugar para las mujeres. Pues, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional, los impactos del conflicto armado sobre las mujeres fueron desproporcionados, diferenciados y ameritan la intervención especial de las instituciones del Estado.
Al respecto, explica el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su boletín Tierras y derecho que, aunque la proporción de desplazados entre hombres y mujeres (51 %y 49 %) es similar, los efectos del desplazamiento y la restitución de tierras afectan de manera diferencial a las mujeres, debido a la discriminación histórica y la desigualdad en la distribución de la tierra en el país. Las mujeres enfrentan desafíos como el acceso precario a la propiedad, la informalidad en la tenencia de la tierra, relaciones sentimentales no formalizadas que complican la demostración de derechos, y un escaso conocimiento sobre sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.
El Cinep también indica cómo, para contrarrestar las desigualdades en la restitución de tierras hacia las mujeres, la Ley de Víctimas incluyó varias medidas con un enfoque diferencial, las cuales fueron consecuencia del trabajo de incidencia de organizaciones de mujeres víctimas. Estas medidas incluyen la creación de programas especiales para el acceso de las mujeres a la restitución de tierras, la disposición de ventanillas de atención preferencial, la capacitación de personal en temas de género, y la priorización de solicitudes de mujeres despojadas y madres cabeza de familia. Además, se estableció la necesidad de expedir títulos de propiedad a nombre de ambos miembros de la pareja y priorizar la atención a mujeres en diversas áreas, como crédito y seguridad social.
Desde marzo de 2023, por ejemplo, la URT implementó una estrategia que busca que la justicia de la tierra tenga prioridad para las mujeres. Esta consiste en priorizar sus solicitudes y evaluando sus situaciones tras el desplazamiento y que, al restituirles tierras, la se enfoque en el cuidado, independencia y entorno, asegurando que las mujeres tengan una participación equitativa en el trabajo y en la toma de decisiones, tanto en sus familias como en sus comunidades. Con esta iniciativa, se espera que se siga creciendo la suma de más de 11.000 mujeres que han salido beneficiadas de procesos y sentencias de restitución por esta entidad.
Las propietarias de Cedro Cocido
En 2016, Liliana se agrupó en una asociación de campesinos, donde legaban tanto hombres como mujeres, pero le fataba algo. “Usted sabe que por acá, por la costa, los hombres a veces son un poco machistas y no permiten que nosotras, las mujeres, tengamos ciertas funciones. De pronto se sienten opacados o temen que una mujer llegue y les quite el cargo que tienen. Yo veía que no me dejaban trabajar, no querían”, recuerda la campesina. Al ver la necesidad de que “nosotras las mujeres tengamos esa independencia económica”, decidió juntarse en 2022 con otras vecinas en lo que ahora es la Asociación de Mujeres de Cedro Cocido (Asoamurucc).
Actualmente son 24 madres. La mayoría son víctimas del conflicto. “Tenemos un proyecto de acuicultura. Sembramos cachama y bocachico, lo que nos permite colaborar con la familia y asegurar nuestra alimentación. Además, podemos vender el excedente, lo que genera un ingreso adicional para ayudar a la familia”, cuenta la lideresa. A pesar de las sequías que llegan con el verano, en Cedro Cocido son 119 familias las que se benefician del proyecto de piscicultura.
De esta manera, los conocimientos de cada una son puestos a disposición de todas, la que sabe vacunar, la que sabe una receta, los trabajos y conocimientos se comparten. “La asociación se ha mantenido, aunque no ha sido fácil”, dice. Es que, incluso, a punta de cursos del SENA, han aprendido también sobre manipulación de alimentos, buenas prácticas ganaderas, cómo hacer fungicidas e insecticidas libres de químicos para las plantas, y también orientación para comunicarse como asociación. “Nos sentimos como mujeres más empoderadas, más abiertas, mujeres que ya visualizamos nuestros sueños”, afirma Liliana Rodríguez con los ojos luminosos.
En 2023, por ejemplo, comercializaron ají tabasco que sembraron en sus fincas. Aunque la cosecha fue compleja. Incluso, se hinchó sus manos en la primera cosecha, este emprendimiento fue un caso de éxito para ese territorio. Además, crean artículos para vender. Sobre este proceso, Liliana cuenta que, “hacemos mochilas hechas con bolsas reutilizables. Recogemos bolsas que encontramos tiradas en los pastos de nuestras parcelas, ya que pueden hacerle daño a los animales. Las lavamos, las desinfectamos y las secamos bien. Una vez listas, las transformamos en mochilas, unas mochilas muy bonitas”.
A pesar de haber sido restituida hace diez años, Liliana y su comunidad en Cedro Cocido aún enfrentan grandes desafíos para lograr una vida digna en el campo. La falta de servicios básicos como energía, agua potable, conectividad y alcantarillado sigue siendo un obstáculo diario. “Todavía estamos aprendiendo a caminar,” dice Liliana, subrayando la urgencia de que las entidades gubernamentales aceleren los proyectos necesarios. Por ahora, ella ve con expectativa la prórroga del funcionamiento de la URT, que se tenía prevista por diez años, pero ya funcionará hasta 9 de diciembre de 2031. Además, porque en Cedro Cocido todavía hay familias esperando restituir sus tierras y volver a construir, al igual que ella, un hogar en paz.
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