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El golfo de Urabá está conformado por 18 municipios de Antioquia, Chocó y el sur de Córdoba. Desde la década de los 70 ha estado bajo el control de guerrillas como las FARC y el ELN, y también ha contado con la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo. La ubicación y las condiciones del paisaje selvático de la región han permitido que esta zona se convierta en un lugar estratégico para las rutas del tráfico ilegal de drogas y armas, hechos que han desencadenado en una ola de violencia, cuyas principales víctimas han sido mujeres, niños y niñas.
Según la Unidad para las Víctimas en la región del Urabá, al menos 1.904 mujeres se han declarado víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. Una cifra que podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta a las mujeres que también han sido violentadas en contextos familiares y no han podido denunciar.
Sin embargo, después de décadas de victimización, las mujeres en esta región han logrado organizarse para contar sus historias, pero también para alzar la voz y reclamar al Estado por las violencias que siguen viviendo y buscar cómo se pueden prevenir.
Ese es el caso de la organización Mujeres del Plantón. “La violencia se resignifica desde el momento en que decidimos romper el silencio y contar lo que nos sucedió”, dice Oveida Rosa Padilla, una lideresa de Apartadó que hace parte del colectivo. Desde que Padilla tuvo que sufrir en carne propia los efectos del conflicto armado, su lucha se ha encaminado a motivar a otras mujeres a hablar para prevenir la violencia de género en la región.
Su anhelo por obtener justicia no solo es por la violencia que vivió su cuerpo, también es por la desaparición de sus familiares y por el desplazamiento que sufrió desde sus 13 años. Permanecer es la consigna de Padilla, quien a través de diversas formas de lucha busca que la paz llegue al Urabá.
Una de esas formas de lucha ha sido en Mujeres del Plantón. En cabeza de su directora, Fanny Escobar, han logrado capacitar a las representantes de otras organizaciones que están a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, niños y población LGBTIQ+ del departamento y que las une una historia en común: la violencia durante las décadas más álgidas del conflicto armado.
A lo largo de un año, gracias a una alianza con el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Escobar y Padilla lograron llegar a otras mujeres para replicar sus conocimientos y disminuir la escalada de violencia de género que han sufrido municipios como Apartadó, en Antioquia.
Martha Peña, abogada de la organización, desde hace tres años, ha sido quien enfrenta los casos de las víctimas en los estrados judiciales. En menos de seis meses, ha logrado recolectar más de 20 denuncias de violencia de género que reflejan que la persistencia de la violencia en el departamento ha vulnerado en gran escala los derechos de las mujeres.
Pero obtener este liderazgo no ha sido tarea fácil. De eso es consciente San Diego Romero, una mujer afro de 65 años. Ella también ha sufrido la dureza del conflicto. Entre amenazas de los grupos armados ilegales, ha intentado trabajar con otras mujeres víctimas para que denuncien y busquen justicia. “La justicia no es solo que un hombre esté en la cárcel, la justicia también es sanar con nosotras mismas y perdonar a nuestro cuerpo por la violencia que sufrió”, expresa San Diego.
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Sanar ha sido una de las misiones más difíciles para estas mujeres, teniendo en cuenta que en la actualidad aún enfrentan el desosiego del conflicto. A pesar de los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varias estructuras armadas, el Urabá antioqueño enfrenta en estos momentos la presencia del Clan del Golfo y, adicional, existe un enfrentamiento interno con las bandas criminales que se disputan el microtráfico.
San Diego explica que “entrar a algunos barrios a hacer incidencia con las mujeres es difícil. Existen fronteras invisibles por las mismas bandas criminales y cuando escuchamos que tienen enfrentamientos nuestra labor se frena”. De esta manera, recolectar denuncias de otras mujeres es una de las barreras más difíciles de las lideresas.
Grupos como el ELN, AGC, los Caparros y disidencias de las FARC, han frenado el trabajo de las lideresas en Apartadó que tienen un propósito en común: la paz y la justicia. Sin embargo, este no ha sido una limitante para trabajar en juntanza con las mujeres y romper el círculo de silencio que ha existido durante años.
“Si no podemos entrar a algún barrio o municipio, nos organizamos por llamadas virtuales o nos reunimos en sitios de menor riesgo. El mayor impacto que hemos tenido es que las mujeres ya nos buscan para denunciar y sanar”, explica Escobar.
Los rostros de la búsqueda de justicia para la violencia de género son cada vez más visibles en el Urabá antioqueño. Todas buscan que sus casos sean reconocidos por la justicia, por eso su mayor motivación ha sido acabar con el silencio y los estereotipos machistas que mantienen a las mujeres en vulneraciones constantes. Cada una es consciente de que denunciar puede prevenir la violencia contra otras mujeres.
Las mujeres que abrieron puertas al macrocaso de la JEP que investiga la violencia sexual
Mujeres del Plantón logró recolectar 80 casos de mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, principalmente víctimas de las extintas FARC en la región del Urabá. Estos casos lograron llevarlos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e iniciaron un proceso de reconocimiento y lucha para que se entienda que la violencia contra las mujeres no fue un caso alejado de la guerra.
“Nos intentaron callar y muchas mujeres no querían documentar sus casos, pero las motivamos e iniciamos un trabajo de dignificación con el colectivo para que pudieran hablar”, expresa Martha Peña, abogada de la organización. De las 80 mujeres que decidieron hablar sobre sus vivencias, algunas lo hicieron por primera vez en ese ejercicio.
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En esos relatos que lograron recolectar, captaron testimonios de mujeres que vivieron la Masacre de la Chinita en la madrugada del 23 de enero de 1994, cuando integrantes del quinto frente de las entonces FARC y un grupo del Ejército Popular de Liberación (EPL), irrumpieron el municipio de Apartadó y asesinaron a 34 personas. También abusaron sexualmente de varias mujeres y niñas.
Durante años, estas mujeres no fueron capaces de denunciar. Sin embargo, gracias a un proceso de empoderamiento, se atrevieron a hablar y visibilizar que ellas también habían sufrido los estragos de esta masacre. Luego de 29 años, muchas de estas mujeres aportaron sus testimonios y abrieron camino para que el pasado 27 de septiembre, la JEP oficializara la apertura del macro caso 11, que investiga la violencia de género en el conflicto armado.
“Con el tiempo entendimos que si hablamos y contamos lo que sucedió, podemos prevenir que otras mujeres y niñas sufran la misma violencia que vivimos nosotras. La justicia también consiste en hablar para romper la impunidad”, expresa Ana Cuesta, quien en la actualidad hace parte de la Fundación Paso a Paso, Escalando Peldaños y desde hace unos meses se capacita en Mujeres del Plantón.
Con este avance, las mujeres del Urabá antioqueño sostienen que están transformando el tejido social y que son ellas quienes están dando los mayores pasos para que la sociedad tenga acceso a la justicia desde la reivindicación de los derechos y la sanación personal.
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