El pasado 11 de abril, el Instituto de La Haya para la Innovación en Derecho (Hiil) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) difundieron los resultados de un escrutinio a 6.000 personas donde se indaga su experiencia a la hora de buscar justicia frente a sus problemas legales. Los resultados indicaron que aún existe una amplia brecha que la institucionalidad no ha logrado cerrar. Por ejemplo, tan solo el 50 % de los problemas (ya sea de tierras, vecinos o delitos) son denunciados; y uno de cada tres conflictos que se presentan quedan en el silencio o se resuelven por medio de la violencia.
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El Espectador habló con Jeremiah Carew, subdirector de Usaid, sobre el estudio y la importancia de hacer este tipo de informes para conocer un panorama de la justicia en Colombia. Con más de 20 años de experiencia trabajando en cooperación internacional para garantizar los derechos de Ecuador, Afganistán o Sudán, entre otros, Carew hace énfasis en que, si se quiere mejorar la justicia, son necesarios este tipo de estudios para poder tomar decisiones fundamentadas y que no agraven los problemas que ya existen.
El Consejo Superior de la Judicatura estudia el acceso a la justicia a nivel nacional y la satisfacción de los ciudadanos cuando acuden a este servicio. ¿Qué otra información puede aportar esta encuesta realizada por Usaid y Hiil?
Esta encuesta es una de las herramientas de más alta calidad y nos ofrece algunas conclusiones con base a las respuestas de los 6.000 ciudadanos que participaron. Se realizó en 12 municipios PDET (priorizados por la firma del Acuerdo de Paz) y otros cuatro en que históricamente han visto una carencia de este servicio. Todo esto para conocer que, si queremos indagar sobre justicia, debemos dirigirnos a quienes están en los territorios y quienes finalmente utilizan el sistema judicial.
¿Por qué está dirigido a estos municipios en específico?
La población de estudio e interés en municipios rurales colombianos. Esta encuesta puede ser representativa a nivel nacional para muchos otros municipios que tienen características similares que tienen componentes PDET, étnicos o rurales. Además, investigamos más a fondo estos lugares con historias de conflicto y carencia de justicia. Esto tienen beneficios, como coordinar acciones entre varias instituciones para que sepan qué falla y en dónde específicamente.
¿Qué puede decir esta información recogida en municipios pequeños, como San Pelayo (Córdoba), Caloto (Cauca) o Itsmina (Chocó) sobre el acceso de justicia?
Bogotá vivió varios incendios a principios de este 2024. Todos los ciudadanos de la capital sintieron esto de alguna forma, y nosotros (Usaid), como organismo de cooperación internacional, estábamos listos para ofrecer ayuda, pero no sin antes hacer estudios y evaluación exhaustiva. Consultamos con expertos, bomberos y quienes estaban en terreno para saber qué acción podría ser la mejor. Y esto mismo pasa con la justicia: este informe habla con quienes utilizan la justicia para saber qué está fallando, qué funciona y qué debería, según ellos y los expertos, mejorar. La acción sin datos muchas veces puede ser contraproducente.
Los resultados del informe muestran que aún existe una brecha de acceso a la justicia en Colombia en el 50 % de los encuestados y que, por ejemplo, las mujeres, población desplazada o ciudadanos sin educación, sienten más esta hendidura. ¿Cómo este estudio puede mejorar la situación de esas personas?
Nosotros no somos académicos o políticos; no basta con recopilar los datos únicamente. Lo importante es convertirlos en acciones y soluciones tangibles para saber cómo actuar eficientemente. Con esta información recogida podemos concluir que hay esfuerzos, recursos y políticas públicas que deben ser dirigidas hacia ellos.
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Pero hay más actores. En San Pelayo, solo como un ejemplo, el 80 % de su población es rural. Es decir que, si los habitantes quieren justicia, deben perder un día de trabajo y destinar horas de mula, lancha, trocha y caminatas para encontrarla. Saber esto permite que sea el Estado quien se acerque a ofrecerles justicia, y no que ellos gasten tiempo, recursos y esfuerzo en buscar al Estado.
¿Qué otro hallazgo importante encontró con este estudio?
La desconfianza en el sistema de justicia fue una gran conclusión. En cifras, al menos la mitad de la población tiene un problema legal en los últimos años. Los líos más reportados fueron criminalidad (46 %), salud y pensiones (12 %), clientes y contratos (8 %) y servicios públicos (8 %). Pero casi la mitad de quienes viven estos problemas no fueron reportados, y esto es porque sintieron que su tema ‘no fue lo suficientemente importante para tomar acción’, que el problema era demasiado largo o que, a final de cuentas, no confían en la justicia o desconocen a quién acudir. Esto incide en la forma en cómo funciona el sistema y en cómo la utilizan los ciudadanos.
Se ha dicho que el fin de este tipo de estudios es recomendar al Estado algunos caminos para mejorar las fallas y no permitir que tambalee lo que ya funciona. ¿Quiénes deben hacer parte de este esfuerzo por acercar la justicia a los ciudadanos?
Los datos son para aplicarlos y transformar la realidad. Apostarle a mejorar la justicia es un trabajo entre varios actores. Vemos que hay varias instituciones que pueden hacer cambios o mejoras. El Consejo Superior de la Judicatura puede mejorar la selección y formación de jueces y sobretodo aumentar la cantidad de servidores judiciales en temas de familia, restitución o líos penales, que son los tres temas donde más conflictos caen las personas.
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El Ministerio de Justicia quizá podría flexibilizar los requisitos para crear Casas de Justicia en los territorios y apostarle a los Métodos de Resolución de Conflictos, que es una herramienta para solucionar problemas sin necesidad de jueces o abogados. Y el Departamento Nacional de Planeación podría detectar dónde hay más necesidades jurídicas insatisfechas para dirigir allí sus inversiones y presupuesto.
¿Quién más tiene responsabilidad a la hora de apostarle a la justicia?
El lenguaje académico y jurídico se ha convertido en una barrera para las personas; no lo entienden. Y las universidades, consultorios jurídicos y abogados tienen la tarea de hacer ese lenguaje más cercano y comprensible a la gente. La justicia debe centrarse en las personas, no en las instituciones.
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