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La situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) incumple estándares internacionales, según informó la Defensoría del Pueblo. Ante esto, la entidad formuló una serie de recomendaciones que permitan avanzar en programas que mejoren las condiciones y contribuyan a eliminar las barreras frente al cumplimiento, garantía y efectividad de los derechos humanos.
Fue así que la entidad presentó un informe en el cual constató la existencia de infraestructuras deterioradas producto de humedades, deterioro en acometidas eléctricas y prestación de servicios públicos, abandono en lugares para las prácticas recreativas y deportivas, entre otros. Asimismo, corroboró que la mayoría de las y los jóvenes del Sistema no están informados jurídicamente sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y a la defensa.
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La información fue recopilada a través de visitas a los lugares donde los jóvenes se encuentran cumpliendo medidas privativas, entrevistas y un análisis del funcionamiento del Sistema. Con esto, según aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, “evidenciamos que persiste la necesidad de generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso, de forma que sea pedagógico, específico y diferenciado de los adolescentes y jóvenes”.
Camargo Assis también le solicitó al Congreso de la República adelantar una modificación legislativa a la Ley 1098 de 2006. Esa modificación tiene como fin establecer parámetros claros para el debido cumplimiento de los estándares internacionales y la protección integral de los derechos de adolescentes que cumplen medidas en el SRPA, pues el Estado está incumpliendo, afirma el funcionario, y se encuentra en deuda para garantizar efectivamente los derechos las y los jóvenes que ingresan al Sistema.
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Las falencias del Sistema Penal para Adolescentes
La Defensoría encontró que en el 12,5% de los centros de reclusión visitados los jóvenes reconocen la existencia de cuartos de aislamiento. “Estas medidas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la salud física y mental de los jóvenes”, manifestó Camargo Assis reclamando condiciones dignas para los adolescentes.
De igual forma, la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, evidenció que en algunos centros no existe separación de menores de edad de quienes ya cumplieron la mayoría de edad. Además, la entidad comprobó que persisten falencias y dificultades sobre rutas de atención en salud y educación, pues, durante las visitas que realizaron los funcionarios, en el 37,5% de los centros no hay variedad de programas de formación, y en el 25% no hay acceso a programas técnicos, tecnológicos o de educación superior.
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En el texto del informe defensorial, también cuestiona que no todos los adolescentes y jóvenes reciban visitas de los funcionarios encargados de atender sus respectivos procesos, como defensores públicos y defensores de familia. Las encuestas aplicadas reportan que defensores de familia (en un 8%) y defensores públicos (en un 42%) incumplen con dichas responsabilidades y que solamente en un 67% la visita es periódica, según detalló la entidad.
La entidad nacional de derechos humanos reconoce el esfuerzo del Estado en la ejecución de programas sociales, sin embargo, manifiesta su preocupación y formuló una serie de recomendaciones a diferentes instituciones. El objetivo es que adelantes gestiones urgentes para mejorar las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que persisten en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y eliminar las barreras frente al cumplimiento, garantía y efectividad de los derechos humanos de las y los adolescentes y jóvenes privados de su libertad.
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