Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
De fucsia y azul se pinta todo un coliseo en el resguardo Piscitau en Piendamó (Cauca). Entre el 17, 18 y 19 de septiembre, niños, niñas y adolescentes se reúnen por primera vez en una cumbre de jóvenes pertenecientes al pueblo indígena Misak. Al ritmo de danzas, flautas, tambores y acompañados por una alimentación tradicional, más de 400 personas se congregan para escuchar cómo, a través de juegos, podrán identificar factores de riesgo y protección frente a la trata de personas en sus territorios.
Sandra Tumiña, profesora del colegio del resguardo y autoridad Misak, no solo asiste al evento. Junto con el Ministerio del Interior, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otras autoridades Misak, participó en la creación de La ruta de los cuatro elementos, un juego y una cartilla que no solo traduce conceptos jurídicos al namuy wam, su lengua nativa, sino que incorpora un enfoque más profundo.
En este proceso, las comunidades indígenas y las entidades colaboraron para construir el concepto de trata de personas, respetando cosmovisiones y reconociendo prácticas culturales que, aunque naturales para los Misak, desde una perspectiva legal podrían ocultar situaciones de explotación. Según la profesora Tumiña, esta herramienta permite que los jóvenes conozcan los riesgos a los que podrían enfrentarse al intentar salir de su territorio.
Rocío Urón, coordinadora de estrategias para sujetos de especial protección de la UNODC, lideró el proceso desde su entidad. Para ella, esta creación, sin precedentes en el país, responde a la preocupación de la comunidad de que los jóvenes puedan ser explotados laboral o sexualmente. “No se trata solo de venir, dar una charla e irnos, sino de dejar capacidad instalada para que los chicos que participaron en el proceso compartan con sus pares a través de las herramientas que les proporcionamos y difundan la información”, explica Urón.
Por su parte, Olga Lucía Salazar, subdirectora de gobierno, gestión territorial y lucha contra la trata de personas del Ministerio del Interior, quien participó en la socialización de la ruta, señala que aunque en 2024 no se ha registrado ningún caso de trata en el Cauca, el contexto del departamento lo convierte en un lugar propicio para este tipo de situaciones.
“Colombia está catalogado como el quinto país a nivel mundial en el mal llamado ‘turismo sexual’. El Cauca es un sitio estratégico para el tránsito migratorio de diferentes comunidades”, menciona Salazar, subrayando la importancia de prevenir estos casos.
El juego educativo desarrollado está dirigido a personas de todas las edades, incluye un video animado, cápsulas de audio para emisoras comunitarias y piezas gráficas para compartir en WhatsApp. Además, está inspirado en su cosmovisión y los cuatro elementos, para enseñar a las realidades de la trata de personas mediante situaciones cotidianas. A través de escenarios como el de un joven futbolista que recibe una oferta sospechosa de trabajo, se les anima a reflexionar sobre los riesgos y a compartir sus inquietudes con personas de confianza.
Los riesgos para los jóvenes Misak frente a la trata
Cauca ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia. Según el Registro Único de Víctimas, a 2021, 473.533 personas han sido víctimas de la guerra en la región. La violencia ha afectado, especialmente, en las comunidades indígenas y campesinas, como lo demuestra una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 21 de agosto. En esta se señala que el Frente Dagoberto Ramos, una disidencia de las Farc, ejerce control territorial en el norte del Cauca y ataca directamente a estas poblaciones.
“Esto ha hecho que muchos jóvenes sean reclutados por la guerrilla. Hay personas que los incitan a unirse a sus filas. También hay chicos que se retiran de las instituciones, sin completar su proceso de formación. Les preguntamos los motivos, y responden: ‘No, es que me voy a ir a raspar’ o ‘me voy para Bogotá a trabajar’, tal vez porque no tienen suficiente conocimiento”, dice al respecto la profesora Tumiña.
Como evidencia de esta realidad, aún en el Cauca, están los casos conocidos por la Defensoría del Pueblo, donde el 51% de las víctimas son niños y adolescentes de pueblos indígenas, y el 79% de los 159 casos registrados en el primer semestre de 2024 en todo el país se concentran en esta región.
Sin embargo, Rocío Urón, coordinadora de estrategias para sujetos de especial protección de la UNODC, señala que el conflicto armado no es el único factor que pone en riesgo a los jóvenes. “En muchas comunidades, las niñas terminan siendo víctimas de servidumbre, y no necesariamente por actores armados, sino por gente común de la ciudad que viene a los resguardos a buscar mano de obra barata o casi esclava para trabajar en casas de familia”, explica. Esto abre la puerta a otro riesgo: la trata de personas.
Diana Tapia, una joven indígena del pueblo Pasto en Nariño y estudiante de atención prehospitalaria en la Universidad del Valle, describe que la anterior es una situación común en su territorio: “Muchas chicas se van a las ciudades a trabajar en casas de familia o se van al Ecuador, porque vivo cerca de la frontera. Pero no se habla mucho sobre temas como la trata de personas. Sé qué sucede, pero es un tabú. Se cree que solo pasa en las ciudades, cuando en realidad también ocurre en nuestros territorios”, dice la estudiante.
Dentro de la comunidad se escucha que hay jóvenes que emigran para trabajar, ya sea a Ecuador, Bogotá o incluso otros países como España o Estados Unidos, pero que muchas veces no regresan. “Uno no sabe qué pasó con ellas. A veces las autoridades tratan de ocultar estas situaciones para no generar incertidumbre en la comunidad, pero siendo realistas, estos problemas también afectan la armonía y el equilibrio en los territorios”, menciona Tapia.
Al respecto, el Ministerio del Interior confirma que es común que jóvenes de estas comunidades sean engañados con promesas de matrimonio o trabajo y terminen explotados laboralmente. Urón también añade que la vulnerabilidad económica es uno de los mayores riesgos. “Es muy difícil conseguir trabajo dentro de la comunidad, por lo que los jóvenes tienden a salir en busca de empleo. En esa búsqueda, pueden ser fácilmente captados para trabajos en otras ciudades, donde se aprovechan de su desconocimiento sobre delitos como la trata de personas”, dice la coordinadora.
Por estas razones, la socialización de la herramienta diseñada para prevenir la trata de personas, marca un paso importante para el pueblo Misak en el norte del Cauca. Este proceso formativo busca que la comunidad identifique, prevenga y actúe ante posibles casos de explotación. “Se han trabajado herramientas que serán útiles para sensibilizar a los jóvenes, sus hijos y otras comunidades sobre la amenaza de la trata de personas. Sabemos que son vulnerables, porque pueden recibir ofertas laborales que parecen atractivas, pero que esconden peligros”, concluye al respecto Olga Lucía Salazar, subdirectora de gobierno del Ministerio del Interior.
Además, el enfoque educativo de la cumbre les proporciona herramientas para identificar situaciones de riesgo y responder adecuadamente. De este modo, se comienza a corregir parte de la injusticia histórica que ha dejado a los pueblos indígenas en una posición de indefensión frente a las redes de explotación. A partir de ahora, cuando estos jóvenes identifiquen algún caso de riesgo, podrán acudir a sus autoridades locales para alertar sobre la situación y así activar la ruta de atención y garantizar la restitución de derechos de sobrevivientes de posibles delitos relacionados con la trata de personas.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador