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Fede y Magui, dos peces que permanecían confinados en una pequeña pecera, fueron reconocidos como sujetos de derecho por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, en un fallo considerado histórico por organizaciones dedicadas a la protección animal. La decisión se produjo luego de un proceso judicial impulsado por la ONG Santuario Jaulas Vacías, en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA).
De acuerdo con la información difundida por el Santuario Jaulas Vacías, Fede y Magui vivían desde hacía años en una pecera de aproximadamente 40 litros, un espacio que les impedía desplazarse con normalidad y desarrollarse físicamente de acuerdo con las necesidades de su especie. La organización también señaló que estaban expuestos de manera constante al sol, sufrían estrés por los golpes que recibía el vidrio y presentaban pérdida de escamas.
“Esta es la historia de dos peces que vivían condenados por la indiferencia a permanecer en un espacio tan pequeño que no les permitía aletear sin chocarse contra el vidrio”, escribió la organización en sus redes sociales.
El caso comenzó tras una denuncia ciudadana. Como resultado, el 24 de abril de 2026, la Justicia ordenó un allanamiento para rescatar a los peces y retirarlos del lugar donde permanecían. Posteriormente, fueron trasladados a un nuevo hogar con una pecera de más de 2.500 litros, bajo el cuidado de una persona con experiencia en el manejo de la especie.
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Semanas después, el 12 de junio de 2026, la Justicia dictó una sentencia en la que reconoció a Fede y Magui como sujetos de derecho, una decisión que, según el Santuario Jaulas Vacías, constituye un precedente para fortalecer la protección jurídica de otros animales en Argentina.
Además del reconocimiento legal, el fallo estableció que el imputado deberá realizar un curso de derecho animal y dispuso que la custodia definitiva de Fede y Magui quede a cargo del Santuario Jaulas Vacías.
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La organización explicó que este fue el primer caso de estas características que asumió su equipo jurídico. Para impulsar la denuncia, sus integrantes aseguraron que realizaron una investigación especializada sobre las necesidades biológicas de los peces y trabajaron junto a profesionales en la materia, además de contar con el acompañamiento de la Fiscalía durante el proceso judicial.
El abogado Matías Trufero, quien estuvo a cargo de la causa, participó en el proceso que derivó en esta resolución, la cual, según la ONG, representa un nuevo avance en el reconocimiento de los derechos de los animales y podría servir como herramienta jurídica para futuros casos similares.
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