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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá inició un proceso contractual en la plataforma SECOP II para adquirir seis perros de trabajo destinados a reforzar la vigilancia en la Cárcel Distrital de Varones y en el Centro Especial de Reclusión. El proyecto fija un presupuesto estimado de 100,8 millones de pesos en total, lo que representa un valor de referencia de 16,8 millones de pesos por cada ejemplar.
Las especificaciones técnicas del contrato solicitan razas específicas con perfil operativo: pastor holandés, pastor belga y labrador retriever de pelo corto. Sin embargo, la adquisición ha generado una fuerte controversia en la capital, no solo por el monto asignado a cada animal, sino por el modelo de gestión y el impacto que estas labores tienen sobre la calidad de vida de los caninos.
Cuestionamientos al bienestar y la mercantilización animal
El concejal Julián Sastoque lidera los cuestionamientos frente a este proceso licitatorio. El cabildante ha señalado la necesidad de dejar de tratar a las especies sintientes bajo esquemas mercantilistas de contratación pública, advirtiendo que los animales están siendo solicitados como si se tratara de un catálogo de bienes.
El debate adquiere un cariz ético relevante al analizar los riesgos inherentes al trabajo de seguridad y el impacto físico y emocional en los animales operativos. Sastoque solicitó a las autoridades de control revisar los costos de adquisición y evaluar el trato otorgado a los criaderos proveedores, incluyendo el estado de las hembras gestantes y los cachorros.
Asimismo, mediante un derecho de petición dirigido a la Secretaría de Seguridad, el concejal indagó sobre:
- El número total de caninos operativos actualmente en la entidad y sus condiciones de salud.
- Los métodos e intensidad de los entrenamientos a los que son sometidos.
- La ruta de protección para aquellos ejemplares que no superan los estándares de trabajo exigidos, aclarando si se garantiza su adopción o si corren riesgo de sacrificio.
La Ley Lorenzo y el desafío del retiro digno
En Colombia, la discusión sobre los perros de trabajo cuenta con un marco legal de especial relevancia: la Ley Lorenzo (Ley 2318 de 2023). Esta normativa prohíbe el sacrificio de animales de asistencia y seguridad al término de su ciclo de servicio o por pérdida de capacidades, garantizando su jubilación digna, atención veterinaria y procesos de adopción responsable.
Frente a la exigencia física que representan los entornos penitenciarios para los caninos, defensores de los derechos de los animales señalan que la Administración Distrital debería priorizar la transición hacia el uso de herramientas tecnológicas —como sensores, cámaras de vigilancia y drones— para cumplir tareas de inspección sin someter a seres sintientes a escenarios de desgaste o riesgo.
Por ahora, el proceso de contratación se encuentra en fase de recepción de ofertas. Mientras la Secretaría de Seguridad sostiene que los valores corresponden a un estudio de mercado sectorial, la ciudadanía y los entes de control mantienen la lupa sobre el destino que tendrán estos animales durante y después de su servicio al Estado.
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