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La situación de animales maltratados en Ciudad de México es desoladora. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta ciudad reveló que, de enero a julio de 2023, se interpusieron 5.639 denuncias por delitos ambientales ante la institución, de las cuales 2.634 fueron por maltrato animal, es decir, el 46.73 %. En 2022, el órgano recibió un total de 7.032 denuncias por delitos ambientales, en donde 3.679 fueron por maltrato animal, lo que representa el 52.32 %, según informa el medio de comunicación local, Reporte Índigo.
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En este panorama, uno de los progresos más recientes en el ámbito del bienestar animal en Ciudad de México tuvo lugar el 14 de noviembre de 2023, cuando se aprobó una enmienda específica a la Ley de Protección Animal, que fue promulgada el 26 de febrero de 2002. Esta reforma establece que los individuos responsables de causar daño a los animales serán obligados a cubrir los gastos asociados con su cuidado.
Jesús Sesma, quien lleva más de dos décadas en el Congreso de Ciudad de México, ha sido testigo de la evolución en la agenda política del país, especialmente en lo relacionado con temáticas de protección animal. En su transcurso en la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos Por la Ciudad y como presidente de la Comisión de Bienestar Animal, se ha enfocado de forma constante en los privilegios que pueden obtener los animales en su ciudad.
La idea de la modificación de la Ley de Protección Animal surgió cuando el funcionario se reunió con el director del Zoológico de la Ciudad de México, Fernando Gual Sill, quien había sido responsable de resguardar a treinta tigres y leones, que fueron decomisados a las afueras de la Ciudad de México. Según comenta Sesma, en el zoológico no sabían qué hacer con estos felinos ni hacia dónde debían parar, pues este tipo de animales no podían ser otorgados en albergues para su cuidado.
Este dilema, presentado por el director del zoológico, reveló una problemática latente: el gran costo económico que acarrea la atención de animales maltratados, especialmente aquellos que cuentan con dietas exigentes, como los leones y tigres. Esta carga financiera recae en instituciones protectoras de animales, quienes, según el funcionario, no suelen recibir el apoyo suficiente por parte del Congreso. Por ello, este tipo de entidades resultan con una gran pérdida de recursos, que afectan negativamente a quienes se dedican a cuidar y rehabilitar a estas especies desprotegidas.
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“Los Zoológicos en la Ciudad de México tienen un buzón para donativos, pero no suelen recibir demasiado dinero. Este suele ser un costo brutal. Lo anterior se suma a la gran cantidad de animales de compañía que suelen terminar siendo abandonados en Ciudad de México, pero este tipo de animales no desaparecen”, explica Jesús Sesma.
Ahora, con esta reforma a la Ley de Protección de Los Animales, existe un mecanismo jurídico que permite exigirle a los maltratadores por el cubrimiento económico de la atención médica, la alimentación y el resguardo de animales agredidos o cuyas características físicas habían sido amedrentadas por otra persona.
El artículo 59 de la Ley de Protección Animal está enfocado en las medidas de seguridad que pueden desarrollar las autoridades, cuando se compruebe que existe un riesgo para los animales de sufrir maltrato o actos de crueldad. En este artículo, se modificarán las fracciones III y IV, para evitar que el peso de los costos para la recuperación de los animales recaiga en las asociaciones protectoras de los animales y, además, para que los animales que hayan sido agredidos no vuelvan a estar a cargo de la persona que los maltrato.
“Los maltratadores deberán aportar económicamente para el cuidado y mantenimiento de los animales que les han sido confiscados. Este tipo de costos abarca aspectos como esterilización, vacunación, procedimientos quirúrgicos y los gastos generales necesarios para garantizar el bienestar de los animales”, explicó Jesús Sesma.
Este progreso ha venido acompañado con el endurecimiento de las sanciones aplicadas a quienes maltratan animales, tanto a nivel local como federal. Por ejemplo, existe la posibilidad de encarcelamiento, multas económicas y una disposición que impide que los maltratadores recuperen la posesión de los animales que les hayan sido decomisados. “Si los maltratadores no pagan, van a la cárcel. Uno de los elementos propuestos en ley es una capacitación constante para jueces, Ministerios Públicos y otras personas encargadas de velar por el cuidado de los animales, para poder lograr la protección de animales de forma efectiva”, explica Jesús Sesma.
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Cabe resaltar que esta penalización será efectiva exclusivamente cuando un tribunal determine fehacientemente que el presunto agresor ha infligido daño físico al animal en cuestión. Jesús Sesma resalta la relevancia de las redes sociales en la identificación de perpetradores de maltrato, especialmente gracias al apoyo de instituciones como la Procuraduría Ambiental, cuya especialización permite inspeccionar y clausurar establecimientos comerciales donde se cometen dichos actos de crueldad. Además, se menciona la posibilidad de acceder a residencias con respaldo policial para garantizar el cumplimiento legal del bienestar animal.
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