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Las grandes plataformas de moda ultrarrápida como Shein y Temu deberán pagar una penalización de 9 euros (10,5 dólares o unos COP33.090 pesos) por pantalón vendido en Francia a partir del 1º de septiembre, anunció este viernes el gobierno en el Diario Oficial.
El Parlamento francés aprobó a finales de junio una ley para frenar el auge de la moda ultrarrápida por su costo ambiental, especialmente la de empresas asiáticas, pero preserva a las compañías europeas y francesas, como Zara o Kiabi.
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El ministerio francés de Transición Ecológica publicó este viernes una orden que establece las condiciones de aplicación de las penalizaciones financieras, basado en una puntuación ambiental de cada producto.
Las penalizaciones se aplicarán de forma progresiva y alcanzarán hasta los 19,50 euros (22,7 dólares) por pieza en 2030, con un límite del 50 % del precio sin impuestos.
Por ejemplo, en 2026 y 2027, las empresas afectadas pagarán 0,5 euros por cada bóxer o par de calcetines cuyo resultado sea inferior al umbral establecido, 2 euros por una camiseta, 9 euros por unos jeans vaqueros y 12 euros por un abrigo.
Para 2030 cada bóxer o par de calcetines llegaría a 2 euros, una camiseta 3,50 euros, unos jeans vaqueros 17.25 y 19.50 un abrigo.
Mathieu Lefèvre, ministro delegado de Transición Ecológica, mencionó en su cuenta en X que los efectos “perjudiciales de la ultra fastfashion en nuestro medio ambiente son conocidos y están documentados. El Gobierno está decidido a remediralo”.
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Además, aseguró que Francia se convierte en “pionera en Europa” con este instrumento para “combatir un modelo que se basa en que una prenda pase en un tiempo récord de los estantes de una tienda al cubo de basura de su hogar”.
Su gabinete indicó en julio que las penalizaciones abonadas generarán una dotación financiera “ampliamente suficiente” para compensar las bonificaciones previstas para las compañías más virtuosas, sin precisar los importes previstos.
Por el momento se desconoce cómo afectará la aplicación de esta ley a los precios de los productos pagados por los consumidores en Francia.
A finales de julio, China amenazó con posibles represalias por esta ley, que consideró “discriminatoria” y contraria a los principios comerciales.