La trabajadora bangladesí Sumi Akhter temía entrar en la fábrica textil, que parecía estar a punto de derrumbarse, pero la dirección la amenazó con retenerle el sueldo si no lo hacía. Una hora después, luchaba por su vida bajo los escombros del Rana Plaza.
Más de 1.130 personas murieron, entre ellas su madre, en el derrumbe del edificio de siete plantas en Savar, al oeste de la capital Daca, el 24 de abril de 2013, en la peor catástrofe industrial de la historia de Bangladés.
Los equipos de rescate pasaron varias semanas intentando encontrar sobrevivientes y sacando los cuerpos de los fallecidos de los escombros.
Vea: La tragedia en Bangladés que evidenció el lado oscuro de la industria textil
Sumi Akhter y su madre, que también trabajaba en el Rana Plaza, habían dudado en volver el día de la catástrofe por miedo a que el edificio agrietado se derrumbara. El día anterior había habido una evacuación.
“Podían habernos dicho: ‘No entren en el edificio’ (...) se habría salvado mucha gente”, dice Akhter.
Pero la dirección exigió que los empleados volvieran al trabajo a pesar de los riesgos evidentes, añade.
”Nos estamos muriendo lentamente”: trabajadora que estuvo en el derrumbe
La tragedia puso de manifiesto las deplorables condiciones laborales de los cuatro millones de trabajadores que confeccionan ropa en Bangladés para marcas occidentales.
Más de 2.000 personas salieron con vida, pero muchas arrastran aún profundos traumas físicos y psicológicos.
“Estamos vivos pero nos estamos muriendo lentamente”, afirma Akhter.
Según una investigación de la organización Action Aid, alrededor del 80 % de los sobrevivientes no han vuelto a trabajar.
A Sumi Akhter le amputaron una pierna y nunca volvió a encontrar trabajo. Recibió US$9.500 de indemnización, pero afirma que sus gastos médicos y la pérdida de trabajo superan esa suma.
“Todo lo que pido es que se haga justicia”, implora.
Un tribunal de Bangladés inculpó de asesinato a 38 personas, entre ellas Sohel Rana, influyente político del partido gobernante y dueño del Rana Plaza.
Pero el juicio está tan empantanado que el fiscal Bimal Samadder no espera un veredicto hasta dentro de varios años.
Según él hay pruebas de que se “obligó” a la gente a volver al trabajo a pesar del evidente peligro.
“Los directores, los dueños de los talleres y los dueños del edificio los amenazaron con que si no trabajaban no cobrarían sus sueldos”, dice.
Najmul Huda, un periodista que filmó las grietas que presagiaban la catástrofe, expresa su frustración por no haber sido llamado aún a declarar, tres años después de entregar las imágenes al tribunal.
En cambio, fue detenido por sus reportajes sobre las protestas de obreros en las fábricas textiles y pasó meses en la cárcel.
Afirma que la policía lo torturó y cree que su detención está relacionada con su reportaje sobre el Rana Plaza.
“Ya nadie habla de ello”
“Si no existieran esas imágenes de las grietas, los dueños de los talleres y Sohel Rana habrían afirmado que el edificio no tenía problemas de estructura”, dice.
“Las imágenes demuestran que el desastre fue de origen humano”, agrega.
Tras la tragedia, marcas, sindicatos y fabricantes occidentales crearon conjuntamente organismos de vigilancia para mejorar las normas de seguridad.
La tragedia suscitó una toma de conciencia que ha contribuido a sanear una industria mal regulada, estima Nafis Ud Doula, miembro de uno de estos organismos.
“Todos nos dimos cuenta de que nuestros talleres no debían funcionar como funcionaban”, añade.
La revisión de la seguridad costó más de 2.000 millones de dólares al sector, que desde entonces ha experimentado un enorme crecimiento de los pedidos para la exportación, afirma.
Las exportaciones textiles se han triplicado hasta alcanzar los US$45.000 millones en la última década. Los salarios medios también se han triplicado.
En el terreno ahora vacío donde se levantaba el Rana Plaza, los sindicatos erigieron un monumento a los trabajadores que murieron en el derrumbe.
“La gente se ha olvidado del Rana Plaza. Ya nadie habla de ello”, dice Laxmi Soren, una trabajadora. “Cuando paso junto a las ruinas, se me rompe el corazón”.
Manifestantes exigen justicia tras 10 años del derrumbe de una fábrica textil de Bangladés
Cientos de trabajadores, incluidos sobrevivientes, se manifestaron este lunes en Bangladés para exigir justicia y rendir homenaje a las 1.130 personas que murieron hace 10 años en el derrumbe de una fábrica textil.
El 24 de abril de 2013 se derrumbó un edificio en el que funcionaban talleres de costura que trabajaban para marcas de moda occidentales.
La tragedia del Rana Plaza, una de las peores catástrofes industriales del mundo, puso en evidencia la dependencia de la industria textil mundial de las fábricas ubicadas en los países en desarrollo, donde las condiciones laborales suelen ser indignas.
El lunes en la mañana los sobrevivientes del derrumbe, algunos amputados de una u otra extremidad o lisiados, depositaron ofrendas florales en el lugar en el que estaba situada la fábrica y donde se producía ropa para marcas mundialmente famosas, como Mango o Primark.
“Han pasado diez años, pero ¿qué pasó con los asesinos?”, entonaron los manifestantes, dirigiéndose lentamente hacia el monumento en Savar, al oeste de Daca, la capital.
Es un escándalo que hayan pasado 10 años y los propietarios de la fábrica textil y del edificio no hayan sido castigados por el asesinato de los 1.138 trabajadores”, protesta Niloga, una sobreviviente de 32 años, que revela resentimiento en sus palabras.
“No recibí casi nada. Mi pierna quedó aplastada y no puedo trabajar en las fábricas. Mi esposo me dejó hace cinco años porque no quería hacerse cargo de mis gastos médicos”, explica ella, entre lágrimas.
“Queremos una compensación completa y tratamiento médico de por vida, porque hemos perdido nuestra capacidad de trabajo”, reclama Shila Akhter, de 42 años, cuya médula espinal quedó destrozada. “El gobierno debería saber por lo que pasamos. Algunos sobrevivientes se ven obligados a mendigar en las calles”.
Lentitud en la justicia
Desde la tragedia, los líderes sindicales han reconocido unánimemente los avances en materia de seguridad en las fábricas de Bangladés, el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, después de China.
Sin embargo, criticaron la lentitud de los procesos judiciales, en particular contra Sohel Rana, propietario de Rana Plaza, y una de las 38 personas acusadas por un tribunal de Bangladés por asesinato.
Rana habría obligado a sus empleados a trabajar a pesar de que apareció una grieta en el edificio el día antes de que se derrumbara. Su juicio se reanudó el año pasado, pero es posible que el veredicto tarde varios años.
“Menos del 10% de los testigos fueron interrogados”, dijo a AFP el fiscal Bimal Samadder.
Después del derrumbe del Rana Plaza, dos organismos de vigilancia fueron creados para mejorar las normas de seguridad.
Los salarios de los cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, que confeccionan ropa para los distribuidores occidentales también se triplicaron tras la tragedia.
Los propietarios de fábricas de confección de Bangladés dicen que han invertido unos dos mil millones de dólares en la revisión de la seguridad de sus fábricas.
Sin embargo, Laura Bourgeois, de la ONG Sherpa, advierte que las auditorías encargadas de verificar el respeto de las normas de seguridad, podrían estar amañadas.
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