Venezuela: “Acusar de terrorismo de manera masiva a 2.200 personas es irracional”

Ezequiel Monsalve es el coordinador de Litigio Internacional Jurídico de la organización no gubernamental Defiende Venezuela; especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, donde ha sido profesor, y máster en Justicia Criminal de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Lo conocí en Cali, en 2017, durante un taller global de la ONG colombiana Dejusticia para nuevos líderes defensores de derechos humanos. Ahora, a los 35 años de edad, sigue representando la lucha de los jóvenes venezolanos por un país libre donde impere la justicia.

¿Qué caso lo trajo a Bogotá?

Vine a hacer un trámite de visado para poder viajar a San José, de Costa Rica, porque tenemos una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación de víctimas, en este caso 14 funcionarios de la Policía de Chacao, que fue intervenida por el Estado venezolano en 2016. Estas personas fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas y encarceladas injustamente, y en San José se discutirá la competencia de la Corte para investigar.

Sé que ha estado muy activo en la defensa y liberación de los detenidos a raíz de la elección irregular de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Qué hace Defiende Venezuela por ellos?

Como se sabe, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, en Venezuela se desató una de las peores persecuciones contra quienes se manifestaron en las calles y disidentes políticos. Fueron encarceladas 2.200 personas, según las cifras oficiales del propio Estado, así como de Defiende Venezuela. Se activaron protocolos de atención para quienes fueron detenidos injustamente y recluidos en cárceles de alta peligrosidad, donde hay megabandas de delincuencia organizada, como El Tren de Aragua. Nosotros brindamos atención a 85 personas. Hoy, todavía hay personas detenidas y estamos tratando de lograr excarcelaciones, que son complejas.

¿Cuántas han logrado?

Después de la juramentación del 10 de enero, hemos registrado la excarcelación de unas 40 personas.

La mayoría son jóvenes.

Sí, la mayoría son jóvenes y de sectores desfavorecidos de Caracas.

Su experiencia frente al gobierno de Maduro viene desde 2013, cuando defendió a una familia italiana detenida por por no rebajar los precios de sus supermercados.

Yo tenía un año de graduado y fue una operación contra unas tiendas de venta por departamento que se llaman Daka, que fue una de las principales afectadas con estas medidas que buscaban disminuir los precios de los electrodomésticos. Yo recibí el caso en Puerto Ordaz. Todo el núcleo familiar fue detenido y a partir de ese momento inició mi lucha en favor de los derechos humanos y las libertades de las personas en Venezuela.

¿Qué pasó con esa familia italiana?

Esa empresa lamentablemente a raíz de esa situación se disolvió. Los dos hijos mayores estuvieron detenidos y luego logramos su excarcelación, pero el golpe anímico para ellos fue muy duro y migraron otra vez a Italia.

También trabajó con otra ONG muy importante que se llama Foro Penal y en Puerto Ordaz se especializó en defender a jóvenes detenidos durante las protestas de 2017, que fueron unos 3.000. ¿Cómo fue eso?

Me uní al Foro Penal en 2014, cuando fueron las primeras rebeliones populares, y luego, en 2017, ya estaba coordinando el trabajo en el estado de Bolívar. Representamos en esa región a 350 personas. Habré entrado a 60 audiencias masivas. Tuve una de 120 detenidos, todos estudiantes universitarios.

Defendió al primer detenido político de Puerto Ordaz, un muchacho de 18 años que está libre.

Sí, todavía mantengo contacto con él. Está en proceso migratorio en otra ciudad de Latinoamérica.

¿Tuvo que exiliarse?

Sí, después de esa situación, porque fue un caso bien complicado. Era un muchacho que manifestaba su descontento contra el Gobierno en un sector concurrido de Puerto Ordaz y por su perfil —no era estudiante ni miembro de ningún partido político— fue víctima de tortura y llevado a la cárcel del Dorado, estado de Bolívar, una colonia penitenciaria muy peligrosa. No solo por la delincuencia que hay allí, sino por las enfermedades que se pueden transmitir en esa zona tan aislada, muy cerca a Amazonas.

¿Usted entraba allá?

Sí, tocaba ir hasta allá. Era de verdad maratónico porque estaba la crisis del combustible y los recorridos eran muy extensos.

Más de diez años después sigue pendiente de los detenidos, ahora en Caracas, en el famoso Helicoide. Defina ese centro de detención masiva del régimen de Maduro.

El Helicoide era un proyecto en Venezuela que buscaba hacer un centro comercial con una estructura bien elocuente y se terminó convirtiendo en el centro de tortura más relevante del país durante la última década. Actualmente recluyen allí a los presos que tienen una vinculación con algún partido o que son considerados peces gordos por el Estado, detenidos antes y después las elecciones presidenciales.

¿Ha podido entrar?

No.

¿Cómo hace para defenderlos?

Ese es el gran problema que tenemos. Ahora no se permite el acceso de un abogado, ni siquiera a las audiencias de presentación de un detenido, no se permite un contacto directo con esa persona detenida; por lo tanto, no puedes ejercer el derecho a la defensa.

¿Cómo logra comunicación e información para litigar?

Dependiendo del centro de detención, la comunicación se hace a través de los familiares, que son los que en ocasiones tienen acceso al detenido. Hay casos como el de Américo de Gracia, exdiputado de la Asamblea Nacional que está recluido en El Helicoide (lleva 185 días detenido por ser opositor al régimen) y sus familiares no han podido verlo.

Denunció en la red X que las familias de los detenidos que no saben de sus familiares, especialmente en El Helicoide, salieron a protestar y la respuesta fue represión en su contra.

Sí. De hecho, después del 28 de julio se crearon los grupos de víctimas de familiares de personas detenidas. Se llama el Comité por la Libertad de Presos Políticos, que están sufriendo actos de persecución y hostigamiento por denunciar lo que pocas personas se atreven a denunciar. Y lo hacen porque allí sus familiares tienen una situación de gran riesgo a la vida. Estas personas, más que activistas, son familiares: padres, madres o hermanos de los detenidos. La persona que lidera ese comité es Andreina Baduel, la hija del general Raúl Baduel.

Que fue un general chavista.

Fue un general chavista al que luego Chávez catalogó de traidor y murió encarcelado (2021). Como se sabe, hay una obligación del Estado cuando hay una persona detenida en sus centros de detención y si muere es su responsabilidad.

Una de las labores más importantes de Defiende Venezuela tiene que ver con la memoria histórica de los excesos que están ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo los documentan?

Como organización, nosotros investigamos estos crímenes de lesa humanidad, que es básicamente lo que se cometió y que nosotros creemos se sigue cometiendo. Se trata de documentar estos casos, porque nuestras expectativas son que esta investigación se termine y se identifique a los responsables.

¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo?

Defiende Venezuela se fundó en 2017. Lo hacemos desde entonces.

¿Cuántos casos han documentado?

Me atrevería a decir que entre todas las organizaciones de la sociedad civil debemos estar superando por lo menos 1.500 casos.

¿Reciben respaldo de organizaciones internacionales como la ONU u otras?

Naciones Unidas tiene un sistema de protección de derechos humanos al cual Venezuela tiene una afiliación por tratado internacional y ellos deben investigar las situaciones que ocurren en Venezuela por mandato y nosotros, como organizaciones de derechos humanos, trabajamos de manera colaborativa con estos organismos. Hay organizaciones internacionales en la región que también tienen una preocupación genuina.

¿Cuántas organizaciones de derechos humanos como la que usted representa quedan en Venezuela?

Cada vez somos menos, muy pocas. El movimiento de derechos humanos y el espacio cívico está experimentando un cierre total de espacio. El año pasado se promulgó la Ley Anti-ONG, que busca criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos y las expectativas son inciertas, porque no solo habrá una limitación en actividades y financiamiento, sino que en algún un momento será criminalizadas.

Lleva años denunciando que el poder Judicial en Venezuela se usa como arma política para criminalizar las protestas. ¿Está igual o peor?

Varios informes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela han identificado que, en efecto, el poder Judicial no es independiente, no es autónomo y no está al servicio de los ciudadanos. Y eso se traduce en que hay mayor impunidad cuando el Estado decide reprimir.

Sigue viviendo en Caracas, ejerciendo una profesión de alto riesgo, defendiendo a quienes han manifestado críticas al madurismo. ¿Eso afecta su seguridad?

Mucho. La verdad es que en Venezuela los defensores que se mantienen en terreno son cada vez menos.

Unos están exiliados y otros presos. ¿Las opciones parecen ser salir o terminar detenido?

Hay una gran migración también de defensores que por su trabajo han tenido que salir del país por situaciones de riesgo. Es parte de nuestro oficio y no debería ser. No hay maneras de contrarrestar esa situación por más medidas de seguridad que se tomen. El Estado debería garantizar el derecho a defender los derechos de todos y eso es lo que no ocurre.

Hay que ser valiente y hacer un gran sacrificio profesional y personal.

Requiere mucho sacrificio, obviamente. Hay que tratar de, en la medida de lo posible, no exponerse demasiado. Pero, a veces, es inevitable. Cuando uno habla con un detenido o intenta conversar con alguien en un centro de detención, ahí hay una exposición natural.

¿Ha sido detenido?

Por suerte no. Tuve un episodio en 2017 con algunos funcionarios y ahora hemos tenido amenazas de voceros del oficialismo, incluso a través de publicidad que se paga por redes sociales y nos pone en situación de riesgo. Tomamos medidas para disuadirlas, pero siempre es algo que no depende de uno.

Tiene 35 años. ¿Ha pensado en no arriesgar tanto y dejar la profesión?

Creo que sigo porque amo lo que hago. Siento que es un trabajo que dignifica y genera un bienestar a todas las personas que son invisibilizadas o no tienen una voz. No he decidido apartarme. No sé si lo vaya a hacer en algún momento cuando la situación ya sea insostenible. Pero mientras pueda hacerlo y tenga la salud mental y física para hacerlo, pues estaré allí.

¿Qué es lo más gratificante?

Además de tener un bienestar emocional muy importante, lo mejor que recibo es estrechar una mano o recibir un abrazo de una persona encarcelada que ha sido liberada, o cuando recibo la buena noticia de que alguien detenido fue atendido médicamente. Es ayudar o incluso salvar alguna vida.

¿Cuál fue la más reciente alegría?

Hace poco salió en libertad una persona detenida en Caracas, un chico que iba transitando con su motocicleta por una de las principales avenidas el 29 de julio, el día después de las elecciones. Ni siquiera estaba participando en una manifestación y fue detenido en un punto de control de la Guardia Nacional, porque lo que creemos es que había instrucciones de detener a muchas personas ese día, independientemente de que estuvieran o no vinculadas a una protesta. Fue llevado a una cárcel de la Policía Nacional Bolivariana en la zona siete en Caracas y luego a la de Tocorón, en Aragua, donde vivió momentos muy malos porque estaba muy mal alimentado. Perdió 30 kilos de peso, le daban comida podrida, tenía infecciones. Hicimos esfuerzos muy importantes y fue satisfactorio.

¿Fue declarado inocente?

No. Todas estas personas que estuvieron encarceladas siguen sometidas a un proceso judicial, tienen que presentarse regularmente ante los tribunales, porque están de alguna forma vinculados en delitos muy graves, como terrorismo o incitación al odio. Algunos tienen cargos por daños a la propiedad ajena, entre otras cosas. Y cuando se computan esos delitos, las penas son hasta de 30 años de prisión.

¿Hay cifras de presos muertos?

Después de las elecciones se registraron varias muertes en estos centros de detención por falta de atención debida. En Valencia tenemos un caso de un señor que tiene un cáncer bastante avanzado. Fue condenado por delitos comunes y hasta la fecha no ha recibido los tratamientos de quimioterapia y radioterapia que requiere, a pesar de que tiene una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cualquier momento va a morir y el Estado todavía no le permite una medida humanitaria para liberarlo con una residencia con custodia. Principios básicos que están en la Constitución y no son respetados.

¿Todavía les ponen letreros de “terrorista” a las personas cuando las reseñan en la Policía?

Sí. Las reseñas, la verdad, son victimizantes y estigmatizantes. El cargo de terrorismo de manera masiva a 2.200 personas ya es una cosa irracional. El terrorismo tiene otro fundamento, en acciones que ponen en riesgo la paz de una nación. Protestar por el resultado de una elección no es terrorismo.

Usted ha sido profesor universitario, ¿qué futuro tienen los jóvenes en Venezuela, dadas las altas cifras de deserción y migración?

La deserción estudiantil es uno de los grandes problemas en los sistemas educativos. Yo tenía foros de 40 o 50 alumnos por clase y ahora veo grupitos de cinco personas. Entonces, es bien dramático. Se ve que la prioridad de la juventud no es cursar una carrera universitaria, sino que muchos deciden irse a buscar un futuro mejor y es difícil levantarles el ánimo en ese sentido.

¿Qué intenta hacer Defiende Venezuela con programas sociales como “Transforma”, dirigido a que la sociedad recupere la confianza en su país?

Es un proyecto muy bonito que busca capacitar a víctimas indirectas de ejecuciones extrajudiciales en el país. En Venezuela se creó (2016-2020) una policía que se llamaba la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), que era un grupo básicamente de exterminio que iba a sectores populares del país a asesinar jóvenes. Ahora todas estas madres y padres quieren justicia y este programa los capacita en esa búsqueda espinosa a través de formación en derechos humanos, oratoria, redacción y otras herramientas que creemos les pueden ser útiles. Hace poco una de esas madres logró que pudieran identificar a un oficial que asesinó a su hijo y fuera condenado, pero, en este sistema de justicia tan frágil, todavía no ha sido capturado.

¿Su familia vive en Venezuela?

Tengo a mis padres, pero llevo siete años que no veo a mi hermana, porque tengo familia en todas partes del mundo producto de este proceso migratorio, que es el dolor más fuerte que tenemos los venezolanos ahora.

¿Con qué Venezuela sueña?

Ufff… yo sueño con una Venezuela que sea libre, que garantice el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y de los extranjeros. Sueño con un país donde podamos estar en paz, donde no tengamos miedo de ejercer el trabajo que hacemos. Hoy, pararse en las mañanas y recibir el llamado de alguna persona que necesita ayuda urgente ya lo pone a uno en una situación de estrés o riesgo, y eso no está bien. Sueño con un país donde la gente no sienta temor.