Durante la última década las políticas de seguridad de los Estados Unidos se han opuesto crecientemente a la agenda latinoamericana y en especial, a la del sur del continente. Su unilateralismo ha alimentado altos niveles de desconfianza regional al tiempo que ha obstaculizado una mayor cooperación.
Tanto el papel estadounidense en América Latina como los esfuerzos del presidente Chávez de construir una alianza antiamericana han actuado como fuerzas de división intrarregional. Aunque la mayoría de los gobiernos de izquierda y centro izquierda no comparte la postura hostil del mandatario venezolano, tampoco admite la prepotencia estadounidense.
Dentro del contexto descrito, Brasil ha intentado fortalecer su papel como garante de la seguridad y la estabilidad. Asimismo, ha hecho uso de mecanismos y alianzas regionales para satisfacer sus aspiraciones globales, entre las cuales figura la de asegurar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El liderazgo brasileño de la misión de paz de la ONU en Haití, junto con el papel activo desempeñado por Argentina y Chile, sugiere una nueva división del trabajo entre las potencias medias de la región y Estados Unidos.
La propuesta estadounidense de “fronteras flexibles” para la realización de operativos militares transfronterizos, la decisión de la Marina de volver a desplegar la IV Flota Naval –disuelta después de la Segunda Guerra Mundial– por aguas latinoamericanas, y los rumores de que la base militar de Manta será reubicada en algún lugar de Colombia, constituyen ejemplos recientes de la reticencia de la potencia a cambiar de estrategia. De allí que en su visita a Washington para informar sobre la intención del Brasil de conformar el Consejo, el Ministro de Defensa haya afirmado que la mayor ayuda que puede brindarle Estados Unidos a esta iniciativa es mantener su distancia.
La apuesta brasileña, junto con la de los demás integrantes de Unasur, con excepción de Colombia, es crear un mecanismo multilateral —sin la interferencia de Estados Unidos— para prevenir y resolver conflictos, reducir la desconfianza, realizar ejercicios militares conjuntos y sentar las bases para una política común de defensa.
La renuencia del gobierno Uribe de hacer parte del Consejo es errada. De no ingresar el país quedaría aún más aislado del entorno suramericano. Además, de llegar a conformarse, esta alianza de países seguramente condicionaría la participación de Venezuela a la reducción de hostilidades con Estados Unidos e incluso la matización del proyecto bolivariano.
Si bien Colombia ha encontrado en Estados Unidos un aliado para su lucha antiterrorista, mantener la relación “especial” por encima del fortalecimiento de esquemas regionales de seguridad y defensa es miope. El presidente Uribe haría bien en repensar su negativa ante la propuesta del Consejo y en mirar hacia el nuevo polo suramericano que está emergiendo.
*Profesora Universidad de Los Andes.
Por Arlene B. Tickner*
