¿A qué se debe el furor por las armas entre los brasileños en medio de la pandemia?

El característico gesto de campaña de Jair Bolsonaro, simulando una pistola con los dedos, que hasta hoy se usa para demostrar simpatía por el presidente de Brasil y su política de “el criminal bueno es el criminal que está muerto”, fue mucho más allá de la mera simbología. Aún en tiempos de pandemia, y según datos de la Policía Federal (PF), entre enero y agosto de este año fueron registradas 105.000 armas, lo que significa un récord histórico para el país. Lo llamativo es que el 70% de esos registros son atribuidos a “ciudadanos” y servidores que argumentan que son para “defensa propia”.

El porte de armas entre los brasileños lleva más de un año de crecimiento sostenido, pero los principales compradores solían ser empresas de seguridad privada, cazadores, practicantes de tiro deportivo y órganos públicos. En este último reporte, ofrecido por la PF, son más de 73.000 las armas registradas por “ciudadanos comunes”, mientras que en el mismo periodo del año pasado, entre enero y agosto de 2019, esta categoría reportó 31.000 nuevas armas, mucho menos de la mitad.

El aumento del flujo de armas oficializadas entre la población brasileña se debe, en buena parte, a la facilidad para su adquisición y registro, otorgada por el Gobierno Federal, liderado por Bolsonaro. Una de las últimas medidas al respecto, publicada el pasado 20 de agosto, fue la normativa de la Policía Federal que autoriza a cada ciudadano o residente en el país a registrar hasta cuatro armas, y que reduce al mínimo la burocracia del proceso.

Este permiso para registrar hasta cuatro armas (contra dos de la norma anterior) fue establecido en enero de 2019, menos de un mes después de la juramentación de Bolsonaro como presidente de la república. Sin embargo, no fue efectivo sino hasta fines del último agosto, debido a que la reglamentación por parte de la Policía Federal no estaba clara. Cabe destacar que esta normativa también simplifica la obtención del permiso para el porte de armas; aquí la diferencia es que, antes, los dueños de armamentos solo podían usarlos dentro de casa y ahora podrán circular con ellos por las calles.

Ver más: Se dispara venta de armas en Brasil durante la pandemia

“Es muy fácil imponer una dictadura en Brasil. La gente está dentro de sus casas (por la pandemia), sin saber de nada… Por eso le pido al ministro que el pueblo se arme”, decía Bolsonaro en la famosa reunión ministerial del 22 de abril que terminó con la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia. “¿Por qué estoy armando al pueblo? ¡Porque no quiero una dictadura! ¡Y no podemos demorarlo más”, agregaba al presidente, a los gritos, pidiéndole a Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, y al propio Moro, la liberación del uso de armas entre los ciudadanos.

Para Bolsonaro, facilitar aún más el acceso a las armas para la población brasileña sería “un mensaje claro para esos mierdas”, dirigiéndose a los gobernadores Joao Doria, de Sao Paulo, y Wilson Witzel, de Río de Janeiro (actualmente suspendido del cargo por un proceso de Impeachment). “Esos hijos de una yegua quieren nuestra libertad, por eso es necesario que nuestro pueblo esté armado”, sostuvo el presidente durante la polémica reunión, que pudo verse de forma completa por televisión, casi en cadena nacional.

Ver más: Miedo al coronavirus dispara venta de armas en EE. UU.

“Con su discurso, Bolsonaro legitimó el uso político de armas. Sin embargo, lo que tiene que mejorar es la seguridad pública de los estados. Esa cuestión de defensa legítima de los civiles significa apostar aún menos por la Policía”, opina Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz (Soy de Paz, en español). “Además de no tener ningún sentido en la mejoría efectiva de la seguridad, facilitar las armas para los habitantes viene aliado a un discurso ideológico que puede incentivar el surgimiento de milicias políticas”, agrega la especialista en seguridad pública.

Sin embargo, Bolsonaro no está solo en su idea de facilitar el acceso a las armas de cualquier ciudadano que quiera “defenderse”. “La Constitución prohíbe grupos paramilitares y aquí nadie está incentivando eso. Lo que pretendemos es que las personas que quieran y puedan comprar un arma, para protegerse del caótico escenario de la seguridad pública, puedan hacerlo”, dice el diputado Major Vitor Hugo, del Partido Social Liberal (PSL), de Goiás, estado de la región centro oeste del país, quien además presentó un proyecto de ley para facilitar aún más la adquisición de armas, con la propuesta de acabar con la obligación de “comprobar la necesidad” de poseer armamento.

Hasta el momento, los interesados deben comprobar que tienen una “necesidad efectiva” de cargar un arma, por ejercer una actividad profesional de riesgo o estar viviendo bajo una amenaza real a la integridad física. No obstante, la regla aprobada en agosto exonera de presentar la documentación en caso de que la situación particular del interesado sea “un hecho público o notorio”.

“¿Qué vendría siendo un hecho público o notorio? ¿Un rumor, un reportaje en la prensa nacional, un mensaje de WhatsApp?”, cuestiona Felippe Angeli, gerente de Advocacy (Defensa) del Instituto Sou da Paz. “Es preocupante, ya que este ítem deja un claro margen librado a la interpretación”, agrega. “Existen sospechas de interferencias políticas en la Policía Federal. Moro hizo esas acusaciones al salir del gobierno federal, lo que continúa siendo investigado por la Corte Suprema. Ese nivel de subjetividad, en un tema prioritario para el presidente Bolsonaro, me preocupa mucho”, añade Angeli.

Otro de los puntos que han sido criticados dentro de la normativa que empezó a regir en agosto es la eliminación del proceso por el cual determinados empleados públicos, jueces, fiscales y magistrados, autorizados a portar armas, debían presentar reportes de capacidad técnica y psicológica para el uso de las mismas. “Ya contábamos con poca información sobre cómo eran evaluadas estas capacidades técnicas y psicológicas, quiénes aprobaban o quiénes no pasaban. Ahora eso está aún más nebuloso, ya que no existirá ningún tipo de control”, dice Isabel Figueiredo, integrante del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

Ver más: La lluvia de decretos de Bolsonaro para promover venta de armas

Desde que Bolsonaro se hizo cargo de la presidencia, en enero de 2019, se han ejecutado más de 20 acciones para liberar la posesión y portación de armas o municiones, lo que representa una clara señal de satisfacer a su base más radical y a las presiones de la industria armamentística nacional, que desde el comienzo de su campaña previa a las elecciones presidenciales de 2018 le brindó su apoyó. “El Gobierno viene haciendo todo mal con respecto a las armas, editando varias acciones normativas que solo generan dudas. Ahora, por ejemplo, el policía que confisque un arma no tendrá nada claro a la hora de determinar si su portador está dentro de la ley o no”, explica Figueiredo.

El discurso a favor de un “pueblo armado” que parte de Bolsonaro se conecta, según el Instituto Sou da Paz, a tres factores. El primero de ellos es el alto índice de violencia en Brasil, que hace que algunas personas vean en la “defensa por mano propia” una alternativa fácil; el segundo punto son los intereses de la industria armamentística, que pretende vender más sin medir las consecuencias; “el tercer y último punto es la polarización política, que vinculó la defensa de las armas a los valores de los conservadores de la derecha, no solo en Brasil sino también en otros países, como en los Estados Unidos”, señala Felippe Angeli.

Más allá del fervor por las armas entre algunos ciudadanos, según una encuesta realizada por el Instituto Datafolha, en mayo de 2020 (poco después de la polémica reunión ministerial de abril), el 72% de los brasileños estaba en contra de la afirmación de Bolsonaro con respecto a que quería un pueblo armado para “evitar la esclavitud”.

En enero de 2020, Brasil tenía 1.056.670 armas de fuego registradas por la Policía Federal. El número de registros de armas por parte de “civiles”, que hacen las adquisiciones por exclusiva “defensa personal” (excluye a cazadores, practicantes de tiro deportivo y coleccionistas) pasó de 3.000, en 2004, a 54.000 en 2019. Si se mantiene el ritmo, este año pueden superar los 100.000 registros oficiales.

De cara a las elecciones municipales, que se llevarán a cabo el próximo 15 de noviembre, muchos candidatos a alcalde o concejal se encolumnan detrás de Bolsonaro y defienden la flexibilización para portar armas. Sin embargo, según los especialistas, se trata de promesas vacías, con una única intención: agradar al electorado. “Es normal que hablen de eso, la seguridad pública es un tema muy vigente. Pero es poco, poquísimo lo que concejales o alcaldes pueden hacer para cambiar algo al respecto de las armas”, aclara Figueiredo. “Vivimos momentos en que muchas de las decisiones que toma la gente son basadas en fake news. Los votantes deben tener cuidado, estar alertas, ya que reforzar ese discurso de héroes armados no funciona en la vida real”, agrega.

El característico gesto de campaña de Jair Bolsonaro, simulando una pistola con los dedos, que hasta hoy se usa para demostrar simpatía por el presidente de Brasil y su política de “el criminal bueno es el criminal que está muerto”, fue mucho más allá de la mera simbología. Aún en tiempos de pandemia, y según datos de la Policía Federal (PF), entre enero y agosto de este año fueron registradas 105.000 armas, lo que significa un récord histórico para el país. Lo llamativo es que el 70% de esos registros son atribuidos a “ciudadanos” y servidores que argumentan que son para “defensa propia”.

El porte de armas entre los brasileños lleva más de un año de crecimiento sostenido, pero los principales compradores solían ser empresas de seguridad privada, cazadores, practicantes de tiro deportivo y órganos públicos. En este último reporte, ofrecido por la PF, son más de 73.000 las armas registradas por “ciudadanos comunes”, mientras que en el mismo periodo del año pasado, entre enero y agosto de 2019, esta categoría reportó 31.000 nuevas armas, mucho menos de la mitad.

El aumento del flujo de armas oficializadas entre la población brasileña se debe, en buena parte, a la facilidad para su adquisición y registro, otorgada por el Gobierno Federal, liderado por Bolsonaro. Una de las últimas medidas al respecto, publicada el pasado 20 de agosto, fue la normativa de la Policía Federal que autoriza a cada ciudadano o residente en el país a registrar hasta cuatro armas, y que reduce al mínimo la burocracia del proceso.

Este permiso para registrar hasta cuatro armas (contra dos de la norma anterior) fue establecido en enero de 2019, menos de un mes después de la juramentación de Bolsonaro como presidente de la república. Sin embargo, no fue efectivo sino hasta fines del último agosto, debido a que la reglamentación por parte de la Policía Federal no estaba clara. Cabe destacar que esta normativa también simplifica la obtención del permiso para el porte de armas; aquí la diferencia es que, antes, los dueños de armamentos solo podían usarlos dentro de casa y ahora podrán circular con ellos por las calles.

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“Es muy fácil imponer una dictadura en Brasil. La gente está dentro de sus casas (por la pandemia), sin saber de nada… Por eso le pido al ministro que el pueblo se arme”, decía Bolsonaro en la famosa reunión ministerial del 22 de abril que terminó con la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia. “¿Por qué estoy armando al pueblo? ¡Porque no quiero una dictadura! ¡Y no podemos demorarlo más”, agregaba al presidente, a los gritos, pidiéndole a Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, y al propio Moro, la liberación del uso de armas entre los ciudadanos.

Para Bolsonaro, facilitar aún más el acceso a las armas para la población brasileña sería “un mensaje claro para esos mierdas”, dirigiéndose a los gobernadores Joao Doria, de Sao Paulo, y Wilson Witzel, de Río de Janeiro (actualmente suspendido del cargo por un proceso de Impeachment). “Esos hijos de una yegua quieren nuestra libertad, por eso es necesario que nuestro pueblo esté armado”, sostuvo el presidente durante la polémica reunión, que pudo verse de forma completa por televisión, casi en cadena nacional.

Ver más: Miedo al coronavirus dispara venta de armas en EE. UU.

“Con su discurso, Bolsonaro legitimó el uso político de armas. Sin embargo, lo que tiene que mejorar es la seguridad pública de los estados. Esa cuestión de defensa legítima de los civiles significa apostar aún menos por la Policía”, opina Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz (Soy de Paz, en español). “Además de no tener ningún sentido en la mejoría efectiva de la seguridad, facilitar las armas para los habitantes viene aliado a un discurso ideológico que puede incentivar el surgimiento de milicias políticas”, agrega la especialista en seguridad pública.

Sin embargo, Bolsonaro no está solo en su idea de facilitar el acceso a las armas de cualquier ciudadano que quiera “defenderse”. “La Constitución prohíbe grupos paramilitares y aquí nadie está incentivando eso. Lo que pretendemos es que las personas que quieran y puedan comprar un arma, para protegerse del caótico escenario de la seguridad pública, puedan hacerlo”, dice el diputado Major Vitor Hugo, del Partido Social Liberal (PSL), de Goiás, estado de la región centro oeste del país, quien además presentó un proyecto de ley para facilitar aún más la adquisición de armas, con la propuesta de acabar con la obligación de “comprobar la necesidad” de poseer armamento.

Hasta el momento, los interesados deben comprobar que tienen una “necesidad efectiva” de cargar un arma, por ejercer una actividad profesional de riesgo o estar viviendo bajo una amenaza real a la integridad física. No obstante, la regla aprobada en agosto exonera de presentar la documentación en caso de que la situación particular del interesado sea “un hecho público o notorio”.

“¿Qué vendría siendo un hecho público o notorio? ¿Un rumor, un reportaje en la prensa nacional, un mensaje de WhatsApp?”, cuestiona Felippe Angeli, gerente de Advocacy (Defensa) del Instituto Sou da Paz. “Es preocupante, ya que este ítem deja un claro margen librado a la interpretación”, agrega. “Existen sospechas de interferencias políticas en la Policía Federal. Moro hizo esas acusaciones al salir del gobierno federal, lo que continúa siendo investigado por la Corte Suprema. Ese nivel de subjetividad, en un tema prioritario para el presidente Bolsonaro, me preocupa mucho”, añade Angeli.

Otro de los puntos que han sido criticados dentro de la normativa que empezó a regir en agosto es la eliminación del proceso por el cual determinados empleados públicos, jueces, fiscales y magistrados, autorizados a portar armas, debían presentar reportes de capacidad técnica y psicológica para el uso de las mismas. “Ya contábamos con poca información sobre cómo eran evaluadas estas capacidades técnicas y psicológicas, quiénes aprobaban o quiénes no pasaban. Ahora eso está aún más nebuloso, ya que no existirá ningún tipo de control”, dice Isabel Figueiredo, integrante del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

Ver más: La lluvia de decretos de Bolsonaro para promover venta de armas

Desde que Bolsonaro se hizo cargo de la presidencia, en enero de 2019, se han ejecutado más de 20 acciones para liberar la posesión y portación de armas o municiones, lo que representa una clara señal de satisfacer a su base más radical y a las presiones de la industria armamentística nacional, que desde el comienzo de su campaña previa a las elecciones presidenciales de 2018 le brindó su apoyó. “El Gobierno viene haciendo todo mal con respecto a las armas, editando varias acciones normativas que solo generan dudas. Ahora, por ejemplo, el policía que confisque un arma no tendrá nada claro a la hora de determinar si su portador está dentro de la ley o no”, explica Figueiredo.

El discurso a favor de un “pueblo armado” que parte de Bolsonaro se conecta, según el Instituto Sou da Paz, a tres factores. El primero de ellos es el alto índice de violencia en Brasil, que hace que algunas personas vean en la “defensa por mano propia” una alternativa fácil; el segundo punto son los intereses de la industria armamentística, que pretende vender más sin medir las consecuencias; “el tercer y último punto es la polarización política, que vinculó la defensa de las armas a los valores de los conservadores de la derecha, no solo en Brasil sino también en otros países, como en los Estados Unidos”, señala Felippe Angeli.

Más allá del fervor por las armas entre algunos ciudadanos, según una encuesta realizada por el Instituto Datafolha, en mayo de 2020 (poco después de la polémica reunión ministerial de abril), el 72% de los brasileños estaba en contra de la afirmación de Bolsonaro con respecto a que quería un pueblo armado para “evitar la esclavitud”.

En enero de 2020, Brasil tenía 1.056.670 armas de fuego registradas por la Policía Federal. El número de registros de armas por parte de “civiles”, que hacen las adquisiciones por exclusiva “defensa personal” (excluye a cazadores, practicantes de tiro deportivo y coleccionistas) pasó de 3.000, en 2004, a 54.000 en 2019. Si se mantiene el ritmo, este año pueden superar los 100.000 registros oficiales.

De cara a las elecciones municipales, que se llevarán a cabo el próximo 15 de noviembre, muchos candidatos a alcalde o concejal se encolumnan detrás de Bolsonaro y defienden la flexibilización para portar armas. Sin embargo, según los especialistas, se trata de promesas vacías, con una única intención: agradar al electorado. “Es normal que hablen de eso, la seguridad pública es un tema muy vigente. Pero es poco, poquísimo lo que concejales o alcaldes pueden hacer para cambiar algo al respecto de las armas”, aclara Figueiredo. “Vivimos momentos en que muchas de las decisiones que toma la gente son basadas en fake news. Los votantes deben tener cuidado, estar alertas, ya que reforzar ese discurso de héroes armados no funciona en la vida real”, agrega.