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Mientras que el panel de expertos intergubernamental de las Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) alerta en un reciente informe que las consecuencias del cambio climático son irreversibles, en Venezuela la multifacética crisis social, económica, sanitaria, migratoria y educativa, y las violaciones sistemáticas de derechos humanos tapa el desastre ecológico que sigue su avance bajo la acción depredadora y corrupta del régimen de Nicolás Maduro. La degradación ambiental se debe, sobre todo, a la declinante y maltrecha industria petrolera y la vorágine minera en el sur del país por la explotación ilegal y supuestamente “legal” en el llamado Arco Minero del Orinoco.
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El reciente anuncio de que PDVSA y sus socios —incluye a empresas chinas, rusas e iraníes— planean aumentar la producción petrolera de Venezuela no augura nada bueno para el medio ambiente. Se trataría de pasar de unos 500 mil barriles a un millón y medio de barriles diarios.
El grave deterioro ecológico
El deterioro ecológico en el país es notable, aunque ha sido básicamente ignorado por organizaciones internacionales “verdes” como Greenpeace —una tímida mención a derrames petroleros en 2020— y WWF. El desmantelamiento de las capacidades financieras y técnicas de la empresa nacional de petróleo ha contribuido a agravar aún más la crisis ambiental que vive el país. Y esto empezó a ocurrir antes de que el gobierno de Estados Unidos implementara las sanciones en 2019 contra el régimen y la petrolera estatal.
Reportes indican que la mala gestión y la falta de mantenimiento del Centro de Refinación de Paraguaná han causado graves daños a la flora y fauna marinas en el noroeste de Venezuela, afectando a las pesquerías y la calidad de las aguas. En el oriente del país el coque almacenado a la intemperie, un sub-producto del petróleo pesado, contamina el aire que respiran los habitantes que viven en las áreas cercanas a las refinerías.
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En la zona de El Furrial, una localidad del estado Monagas que tiene uno de los campos petroleros con más reservas en el país, se queman diariamente enormes cantidades de gas metano. Esto es una consecuencia directa de las expropiaciones decretadas por el entonces presidente Hugo Chávez en 2009. Una de ellas, Exterran, empresa que se encargaba del procesamiento del gas y la generación de eléctrica, pasó a manos de PDVSA. Ahora el gas se quema, lo que hace de Venezuela el cuarto emisor mundial de metano.
No solo los hidrocarburos alimentan el desastre ecológico de Venezuela. Los pasivos ambientales del chavismo aumentan día a día. La explotación del oro en el Parque Nacional Canaima —patrimonio de la humanidad— en el sur del país está haciendo estragos. La Unesco aprobó el pasado 23 de julio una resolución solicitándole al gobierno que autorice el ingreso al país de una comisión mixta del Centro de Patrimonio Mundial de la organización y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para verificar in situ el impacto de la explotación de oro en la zona.
Según SOS Orinoco, organización que hizo un informe sobre este parque para el World Heritage Watch 2021, ya para 2018 se habían destruido unas mil hectáreas de su ecosistema por la explotación artesanal y cuasi mecanizada, y el uso de mercurio para extraer el oro. La misma organización reporta que en las fronteras del parque nacional, más de 7400 hectáreas han sido impactadas negativamente por la explotación ilegal de oro.
¿Qué pasa en el Arco Minero del Orinoco?
Lo que ocurre en Canaima forma parte de las puertas del infierno ecológico, social, criminal y sanitario que se abrieron con el Arco Minero del Orinoco (AMO) en el sur del país, declarada por el gobierno en 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Un reciente informe de la representación en Canadá del llamado gobierno interino de Juan Guaidó, señala que el ecocidio provocado en el AMO “tiene impacto en toda una región de Venezuela llamada Guayana de 398.345 km2 que representa el 43,47% del territorio venezolano”. Allí se han manifestado todas las perversiones de un estado casi fallido, carcomido por la corrupción, y penetrado por bandas criminales y las guerrillas colombianas del ELN y las FARC-disidentes que extorsionan y asesinan.
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A todo esto, hay que sumarle el deterioro de las capacidades de investigación en el país como consecuencia del desfinanciamiento de las universidades, los institutos y centros científicos, los ataques a la libertad académica y la emigración de profesores. Según Emilio Vilanova y otros estudiosos, el rico patrimonio biológico y ecológico de Venezuela está en peligro. En un artículo que apareció en Ecology & Evolution, un grupo de académicos manifestó su preocupación por las dificultades para acceder el terreno y continuar sus investigaciones. Peor todavía, es el incremento de la deforestación, especialmente como consecuencia de la explotación minera.
Las dificultades para cuantificar el daño
El tamaño del daño ecológico en Venezuela no es fácil de cuantificar. El gobierno no rinde cuentas y tampoco lo hace PDVSA ni sus socias. Algunos medios tratan de informar sobre el alcance del ecocidio pero tienen muchas dificultades en un país en el que se encarcela periodistas, se cierran medios de comunicación, confiscan emisoras de radio y televisión y se intimida a los comunicadores. Algunas ONGs como SOS Orinoco o el Grupo Orinoco hacen un trabajo casi heroico ante una comunidad internacional muchas veces indiferente.
Para saber el alcance y las implicaciones de este daño se debe rescatar la investigación científica y esa debería ser una prioridad de la cooperación internacional. Además, se debe levantar el perfil público, nacional y global de la causa ambientalista en Venezuela ya que este ecocidio impacta, no sólo a las poblaciones de las regiones afectadas que continuarán migrando, si no que tiene consecuencias en los países que comparten fronteras marítimas, terrestres y aéreas con Venezuela.
Además, las empresas chinas y rusas que se asocian con PDVSA heredan los pasivos ambientales de la petrolera venezolana. Eso las hace corresponsables y quedan sujetas a las leyes y tribunales de países como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea que les deben pedir cuentas por sus desafueros ecológicos.
Por supuesto, que una solución a mediano y largo plazo pasa por el cambio político en Venezuela, lo que parece no estar en discusión en la mesa de negociación en México. Rescatar la industria petrolera implicará no solamente multibillonarias inversiones, sino nuevas formas de concebir la explotación del crudo y del gas para disminuir el impacto ambiental. La minería deberá ser reconsiderada y limitada y una política agrícola deberá evitar la deforestación.
Pero no hay que ser ilusos. Del régimen chavista no se puede esperar nada bueno para el medio ambiente. Mientras siga en el poder, el medioambiente de Venezuela seguirá en declive.
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Isaac Nahón Serfaty es profesor de la Universidad de Ottawa, Canadá.
Twitter: @narrativaoral
Por Isaac Nahón Serfaty/Latinoamérica21
