La noche del 24 de marzo de 2025, las autoridades de Colombia interceptaron a Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, un hombre salvadoreño que se disponía a viajar a Madrid desde el aeropuerto internacional José María Córdova en Rionegro, Antioquia.
Cuando Sebastián pasó por el control migratorio, el sistema activó una alerta roja emitida por las autoridades de El Salvador, que lo solicitaban por los delitos de estafa y extorsión, según afirmó el Mayor Sergio Camacho, jefe del Grupo de Investigación de la Interpol en Colombia, en declaraciones al medio Caracol Televisión.
Las alertas rojas son solicitudes para la localización y detención provisional de una persona buscada por un país miembro de la Interpol. Aunque estas notificaciones no son una orden de arresto internacional, representan un aviso oficial de que la persona es buscada por la justicia con miras a su extradición y enjuiciamiento. Con base en esa notificación, la policía de Colombia capturó a Sebastián.
Las autoridades señalaron a Sebastián de ser un presunto cabecilla de la pandilla Barrio 18 con el supuesto alias de “Tatuado” y de mantener un estilo de vida ostentoso en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, a partir de las rentas ilícitas obtenidas en su país natal. Supuestamente, Sebastián exigía entre US$2.000 y US$25.000 a familiares de personas capturadas en El Salvador, a cambio de prometerles la liberación de sus seres queridos.
Estas acusaciones en contra de Sebastián se han dado en medio del régimen de excepción de El Salvador, una despiadada ofensiva contra las pandillas decretada por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022. Desde entonces, en el país no existen garantías constitucionales, se ha suspendido el derecho a la legítima defensa, y proliferan las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos.
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Desde el inicio del régimen se han capturado más de 85.000 personas, según la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC). Una cifra que incluye a aquellos que han terminado sus condenas y han sido recapturados a la salida de las cárceles.
La información que señala a Sebastián como pandillero proviene de este gobierno que ha suspendido derechos fundamentales, y ha sido tomada como verdad absoluta y replicada por medios colombianos, salvadoreños y regionales.
Sin embargo, InSight Crime analizó decenas de documentos judiciales y otras fuentes de información —como la formación académica, la historia de vida y los tatuajes de Sebastián— que indican que no pertenece a ninguna pandilla, ni tiene delitos pendientes con la justicia.
Su caso revela cómo la erosión de las garantías procesales en El Salvador ha abierto la puerta a la persecución de salvadoreños —incluso más allá de las fronteras del país—, bajo cargos infundados o manipulados. Esta persecución también ha puesto recientemente en la mira a defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas que han buscado el exilio.
La construcción de un ‘pandillero’
Sebastián nació en Jiquilisco, una ciudad al sureste del país, el 3 de marzo de 1996 y creció en un hogar de clase media, no muy lejos de los arrabales pandilleriles.
Estudió hasta el noveno grado en la escuela pública La Paz y concluyó el bachillerato en otra institución. Después tomó cursos de inglés, computación y mecánica automotriz y, a mediados de julio de 2015, comenzó a tatuar en un pequeño local en la colonia Miralvalle llamado “Full tinta-body art y piercing” mientras, ocasionalmente, ayudaba a su madre en un negocio de banquetes a domicilio.
La mayor parte de sus días habían transcurrido con tranquilidad, pero el 19 de septiembre de 2016, su vida daría un giro inesperado y empezaría la persecución que enfrenta hasta hoy.
Sebastián volvía de una fiesta y antes de llegar a su casa, alrededor de la una de la madrugada, se detuvo en una tienda del barrio a comprar un gatorade. De acuerdo con un expediente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), los agentes policiales irrumpieron en el lugar luego de un reporte de ruidos por parte de los vecinos. En ese momento, le pidieron a Sebastián que saliera, a lo que él se negó y los agentes policiales procedieron a sacarlo a la fuerza, propinándole varios golpes en todo el cuerpo durante casi 15 minutos. Posteriormente, lo detuvieron por el delito de resistencia a la autoridad.
Sebastián denunció a dos de los autores de dichas agresiones, los policías Eduardo Enrique Urrutia Guzmán y Alfonso Cortez Nerio, quienes fueron condenados por el delito de lesiones en perjuicio de la integridad personal de Sebastián, según documentos judiciales a los que InSight Crime tuvo acceso.
Después de efectuar dicha denuncia, Sebastián también declaró que agentes policiales intensificaron las amenazas en su contra.
“Le manifestaron que cesara con las denuncias o que ya vería lo que sucedería, ya que, si se metía con el sistema, el sistema lo mataría o lo dejaría en prisión”, según consta en el expediente judicial.
En ese momento, el viacrucis de Sebastián apenas comenzaba.
Seis meses después de aquel incidente, un supuesto comerciante se presentó ante el equipo antiextorsiones de la PNC y denunció ser víctima de extorsión por parte de un hombre llamado Mateo Sebastián Pintor Rodríguez. De acuerdo con los documentos judiciales del caso, el denunciante afirmó que le había entregado a Sebastián una suma cercana a US$25.000 desde octubre de 2013, y que el 6 de marzo de 2017 —día en que decidió presentar la denuncia— había recibido una nueva exigencia de su parte: encontrarse en el centro comercial San Luis para entregarle US$100.
Ese mismo día, un grupo de policías llevó a cabo un operativo exprés alrededor de un restaurante del centro comercial, en donde el comerciante y Sebastián se encontraron. Ambos conversaron por un instante breve, y luego de la entrega del dinero, se despidieron con un abrazo.
Cuando el comerciante se marchó, la PNC intervino a Sebastián y le encontró cinco billetes que sumaban US$100. Los policías anotaron la serie de los billetes y lo dejaron seguir con su camino.
Los agentes después compararon una copia del serial de los billetes que el comerciante les había dado antes de encontrarse con Sebastián. Tras comprobar que los números coincidían con el dinero identificado durante el registro y, al analizar las fotografías tomadas durante el operativo, procedieron a detenerlo.
La policía capturó a Sebastián el 30 de marzo de 2017 por el delito de extorsión agravada y lo envió a la prisión de su pueblo natal, Zacamil.
El comerciante les dijo a los agentes policiales que Sebastián era un pandillero del Barrio 18. Lo que no les dijo es que él era en realidad su expareja.
Cuando Sebastián pudo contar su versión de la historia ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, declaró que el tal comerciante que lo había denunciado por extorsión, era su expareja, Horacio Turcios Bonilla, como puede observarse en documentos judiciales del caso. Además, Sebastián afirmó que este incidente —por el que fue capturado y encarcelado— fue una represalia orquestada por Horacio.
Horacio era un hombre divorciado que, en lugar de ser comerciante, era empleado del Ministerio de Justicia y Seguridad y un “distinguido ante la sociedad”. En 2009, comenzó una relación sentimental con la abuela de Sebastián, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña. Aunque las cosas no funcionaron entre ambos, Horacio quedó como amigo cercano de la familia y, pronto, empezó a acercarse a Sebastián, quien pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su abuela.
Horacio, que era 44 años mayor que Sebastián, en ese entonces empezó a darle todo tipo de obsequios, desde dinero hasta su primer celular.
“Lo comenzó a embobar con regalos”, dijo a InSight Crime Frania Pintor Rodríguez, la madre de Sebastián. “Mi madre no se tomó a mal [el regalo del celular] porque él estudiaba [Sebastián] y era necesario tener comunicación con él por la situación delincuencial. Para mi madre fue una bendición, ya que ella no lo podía comprar ni yo”.
Frania tampoco se tomó a mal estos regalos y, según afirmó, jamás tuvo sospechas de que Horacio tuviera una intención más que paternal con Sebastián. Sin embargo, Horacio y Sebastián comenzaron a frecuentarse lejos de la mirada de Frania y Ana, y al cabo de un tiempo iniciaron una relación sentimental.
Pero cuando se encontraron en el Centro Comercial San Luis aquel día de marzo, su relación ya había terminado. Era también un momento tenso entre ambos, pues según consta en los documentos judiciales, Sebastián declaró a las autoridades que se había negado a participar en el autorrobo de un vehículo que su ex había organizado en 2016, y fue por esta negativa que Horacio había tomado represalias contra él.
Sebastián también afirmó ante los tribunales que había acordado encontrarse con Horacio en el centro comercial ese día porque su expareja le iba a prestar una tarjeta de circulación vehicular de un auto suyo que usaría para celebrar su cumpleaños.
Un encierro lleno de odio
Frania, quien era policía en ese entonces, visitó a Sebastián poco después de su captura y notó que tenía dificultades para caminar y sentarse. Él le manifestó que unos agentes policiales lo habían golpeado en el abdomen, espalda, y ambas rodillas. También le dijo que le propinaron dos descargas eléctricas y lo amenazaron con matarlo y violarlo por haber denunciado a miembros de la PNC, según consta en una denuncia que Frania interpuso ante la PDDH en abril de ese mismo año.
Sebastián herido después de la golpiza que le propinaron unos policías en la cárcel. Fotos enviadas por Frania, la madre de Sebastián, a InSight Crime.
InSight Crime tuvo acceso a unos vídeos en los que se pueden observar las deplorables condiciones de Sebastián.
Al ver a Sebastián en ese estado, Frania no solo emprendió una lucha para que su hijo alcanzara justicia, sino que hizo una solicitud oficial a la PDDH para que verificara la situación de salud de su hijo. Después de la primera inspección del personal de la entidad, en abril, Sebastián fue trasladado a otro edificio, donde finalmente pudo descansar.
Con el tiempo, Sebastián se recuperó de sus heridas y durante los meses siguientes —mientras avanzaba su proceso judicial— recibió varias visitas de la PDDH. Luego de cada encuentro, los representantes de la entidad elaboraban actas que documentaban la situación de Sebastián, y, en algunas de estas, se evidenciaron circunstancias incompatibles con el perfil de un pandillero.
Por ejemplo, en un acta con fecha de enero de 2018, se indica que Sebastián se encontraba “recluido en una celda junto a personas no pertenecientes a pandillas”. En ese entonces, encerrar a un pandillero con civiles era algo impensable, pues los pandilleros debían ser puestos en celdas con otros pandilleros, pero esto no sucedió con Sebastián.
A mediados de abril de 2018, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador, emitió una condena de 15 años de cárcel para Sebastián por el delito de extorsión agravada. Sin embargo, después de una apelación, en septiembre del mismo año, el Tribunal Tercero dejó sin efecto la detención provisional en su contra y ordenó poner en libertad inmediata a Sebastián.
Sebastián regresó a casa, pero el acoso policial continuó.
En julio de 2019 fue nuevamente detenido por el delito de receptación, específicamente por no tener la documentación que acreditara la propiedad legítima de un celular que portaba al momento de una inspección. Dos días más tarde, luego de otorgar copias del recibo del teléfono, recobró su libertad.
Al mismo tiempo, su juicio por el caso de la supuesta extorsión seguía avanzando, hasta que en febrero de 2021, luego de analizar todo el material probatorio facilitado por Sebastián, el tribunal declaró en firme la sentencia que lo absuelve de responsabilidad penal y civil por el delito de extorsión agravada. El juez, además, agregó que esta fue una investigación que arrojó muchas inconsistencias, y exhortó a la fiscalía a investigar una posible comisión de fraude procesal.
Sebastián en la mira del régimen de excepción
A finales de abril, a un mes del inicio del régimen de excepción en El Salvador, ya se habían flexibilizado las normas sobre las detenciones y miles de presuntos pandilleros habían sido capturados. Fue en ese momento en que la cacería del régimen de excepción alcanzó a Sebastián. Esta vez por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, por ser pandillero.
De acuerdo con una denuncia que Frania interpuso luego de los hechos, agentes de la Sección Táctica Operativa de la PNC alegaron haber consultado sus registros y encontrado que Sebastián tenía antecedentes penales y vínculos con estructuras criminales. Además, lo señalaron como miembro de la facción Revolucionarios del Barrio 18 y le inventaron el apodo de “Tatuado”. Todo esto a pesar de haber sido absuelto por la justicia salvadoreña.
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Sebastián tiene al menos una decena de tatuajes distribuidos a lo largo de su cuello, espalda, abdomen, y brazos. Carga en la piel un ave con un ancla, un búho con una vela, un corazón espinado, una sirena, una enorme calavera en la espalda, la palabra “freedom” (libertad) en la quijada. Sin embargo, ninguno dibuja un 18, un 666, la palabra “dieciocho”, o cualquier símbolo que indique que es parte de la pandilla Barrio 18.
Tampoco existe indicio alguno en la prensa o en los archivos de inteligencia policial que sugiera que Sebastián es pandillero. En los más de cuatro terabytes de documentos de la PNC filtrados por el colectivo de hackers-activistas, Guacamaya Leaks, Sebastián no aparece mencionado en ningún correo o documento con ese perfil.
Sebastián fue nuevamente encerrado en el marco del régimen de excepción y volvió a ser blanco de fuertes golpizas por parte de agentes policiales.
“Salió hasta vomitando sangre”, dijo Frania.
Duró dos meses y quince días en el penal de Mariona, el más grande de San Salvador. Logró salir con el apoyo legal de un abogado de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA), el 12 de junio de 2022. La UCA también alojó a Sebastián en un hotel durante tres meses para mantenerlo a salvo y evitar que la PNC lo volviera a detener de manera arbitraria.
Frania dijo a InSight Crime que sospecha que los años de persecución en contra de Sebastián, responden a una venganza en contra de ella, que se remonta a su tiempo en la PNC. En una denuncia que interpuso Frania ante la PDDH a finales de 2022, ella alegó haber sufrido acoso de colegas policías durante años, situación que escaló hasta recibir amenazas de muerte contra ella y su familia por parte del subinspector Néstor Alexis González Sánchez, conocido como “Vinicio”. En la denuncia, Frania también manifestó que Vinicio la habría obligado a renunciar a la PNC.
Luego del constante acoso policial que habían vivido y de la detención de Sebastián en medio del régimen de excepción, decidieron abandonar El Salvador.
Tan pronto pudieron ahorrar algo de dinero, Sebastián, su madre y su hermano huyeron a Honduras en septiembre de 2022. El plan era viajar desde ahí a España, pero el dinero no bastó para todos, así que Sebastián la alcanzaría más tarde, pero desde Colombia.
Sebastián en Colombia
Mientras reunía más dinero para reencontrarse con Frania, Sebastián decidió viajar de Honduras a Colombia el 30 de diciembre de 2022, pues la vida en territorio colombiano le resultaba más barata y, además, en la ciudad de Medellín tenía un viejo amigo que podía echarle una mano. Al cabo de un tiempo, a través de su amigo, conoció a un hombre adinerado con el que inició una relación y comenzaron a vivir juntos.
Luego de meses que se volvieron años, llegó el día de viajar a España para encontrarse con Frania. Sin embargo, el 24 de marzo de 2025, debido a la alerta roja de Interpol, Sebastián fue detenido antes de viajar.
El día de su captura, portaba un documento de identidad colombiano. Frania dijo a InSight Crime que la necesidad de protegerse motivó a Sebastián a emitir una identificación colombiana, pues había sido perseguido por las autoridades en múltiples ocasiones, incluso a pesar de que la justicia lo había dejado libre en cada una de estas oportunidades.
Las autoridades colombianas hicieron eco de su caso basándose en la notificación roja de la Interpol y en el boletín que informaba de la condena de 15 años que había recibido en abril de 2018 por extorsión, antes de que la justicia lo absolviera de todos los cargos.
Desde su captura, los medios distorsionaron la historia de Sebastián. Se decía que era pandillero del Barrio 18, que se hacía pasar como empresario del sector turístico y que esto era una fachada para las rentas criminales que supuestamente recaudaba al pertenecer a la pandilla en El Salvador. Los medios, además, comenzaron a divulgar detalles de la vida que Sebastián llevaba en el sector del Poblado, en Medellín, en un intento de sugerir que sus lujos provienen de las extorsiones. Sin embargo, este estilo de vida ostentoso era gracias al dinero de su pareja.
Además, resultan cuestionables las presunciones mediáticas que sugieren que los lujos de Sebastián provienen del dinero de las extorsiones, pues no existe un solo ejemplo de un pandillero convertido en millonario por este delito en El Salvador. Además, con la ofensiva antipandillas las extorsiones prácticamente han desaparecido. Pero, sobre todo, resulta extraño que exista una orden de captura internacional contra Sebastián, especialmente porque la propia justicia ya lo liberó en 2022 en el marco del régimen de excepción.
La persecución internacional
Bajo el régimen de excepción, el caso de Sebastián está lejos de ser un hecho aislado. El Salvador ha emitido numerosas alertas rojas de Interpol con las que se han capturado decenas de presuntos pandilleros salvadoreños en países como Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, Belice, Nicaragua, Costa Rica y España.
Desde que comenzó el régimen, 1.556 presuntos pandilleros “han sido detenidos en el extranjero y posteriormente retornados”, según un estudio de mayo de 2025 realizado por la División de Análisis e Inteligencia de la PNC.
De estos países, solo las autoridades de España se han negado a deportar a un presunto pandillero a El Salvador, debido al alto riesgo de que en la nación centroamericana se vulneren sus derechos fundamentales.
A pesar de que las alertas rojas operan dentro del marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su estatuto prohíbe intervenir en asuntos políticos, estos principios no parecen haberse respetado en el caso de Sebastián, ni de otros salvadoreños acusados durante el régimen de excepción.
Si bien muchos de los objetivos son, efectivamente, pandilleros y expandilleros, la persecución internacional también ha sido una amenaza para quienes han buscado escapar de la persecución política de Bukele, incluyendo personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
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El número de extractos visibles del buscador en línea de alertas rojas de la Interpol, funciona como una suerte de termómetro que mide el alcance de la persecución internacional por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. El Salvador cuenta con más de 800 resúmenes en circulación, cuatro veces más que Argentina, el segundo país con mayores notificaciones rojas de la región. Sin embargo, se estima que el volumen de persecución es mayor, pues no todas las notificaciones se hacen públicas, como ocurrió con el caso de Sebastián.
Sebastián se encuentra recluido en la cárcel “La Picota”, en Bogotá, junto con narcotraficantes extraditables. En agosto, InSight Crime logró sostener una breve comunicación con él para conocer su estado actual.
“En la cárcel de Bogotá se vive en incertidumbre, no se sabe qué puede traer el día. Unos se van otros llegan. Estoy a la espera de que pueda pasar con respecto a una posible extradición”, dijo Sebastián.
Sebastián también aprovechó para defender su postura y reiterar que no es pandillero.
“No soy pandillero porque elegí otro camino para mi vida. Las personas no son pandilleras ‘por naturaleza’, sino que muchas veces llegan a eso por presión social, necesidad económica, búsqueda de identidad o protección, o por falta de alternativas”, agregó. “A diferencia de ellos, tengo metas de vida, valores y principios. Rechazo la violencia en su totalidad”.
Mientras tanto, Frania está impaciente y desesperada. Ninguna ONG ha querido tomar su caso por estar relacionado con pandillas salvadoreñas.
La justicia colombiana no le ha proporcionado ningún abogado de oficio y los pocos que ha logrado contactar quieren cobrarle cantidades de dinero absurdas.
No encuentra paz y, como si fuera poco, su madre, Ana, fue capturada el pasado 14 de agosto de 2024, por presuntos vínculos con las pandillas.
Frania no sabe nada de ella hasta hoy.
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Por Carlos García - InSight Crime
