Abusos policiales en el mundo, ¿la nueva normalidad?

Los miembros de la policía de varias partes del mundo son hoy unos funcionarios temidos. Así lo revelan las múltiples denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y de ciudadanos, que señalan cómo los uniformados cometen todo tipo de abusos con total impunidad. Una situación que se repite desde Hong Kong e Irán hasta Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Los miembros de la policía de varias partes del mundo son hoy unos funcionarios temidos. Así lo revelan las múltiples denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y de ciudadanos, que señalan cómo los uniformados cometen todo tipo de abusos con total impunidad. Una situación que se repite desde Hong Kong e Irán hasta Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Solo algunos datos: en noviembre de 2019, la Policía de Irán disparó y mató a cientos de manifestantes, entre ellos 23 niños; en Chile durante las protestas del año pasado, 23 personas fallecieron a manos de las fuerzas del orden, según un informe de Human Rights Watch; en Río de Janeiro, Brasil, la Policía mató en 2019 a 1.810 personas, en promedio cinco diarias, la mayoría jóvenes pobres negros en polémicas operaciones, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional. Ese mismo año, en Kenia, la Policía mató a 122 personas; en Irak, a enero de 2020, los policías usaron de forma indiscriminada armas letales en manifestaciones que se saldaron con 600 muertos.

Sin embargo, aunque se evidencia durante las protestas, esa mala conducta ha sido usada frecuentemente; una “nueva normalidad” que muchas organizaciones han cuestionado. En Estados Unidos, organizaciones de derechos civiles reportan que al año, más de mil personas, la mayoría afroamericanas, mueren en oscuras circunstancias a manos de las autoridades; en Filipinas, los policías han matado, según Amnistía Internacional, a 27.000 ciudadanos en el marco de la lucha contra las drogas.

América Latina no solo es la región más violenta del mundo, sino que tiene las fuerzas policiales más letales. “En Venezuela el número de personas muertas por fuerzas policiales es quince por cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador, con seis; Brasil con tres y Colombia con uno”, según datos del Monitor de Fuerza Letal, que expresa dudas sobre los datos colombianos.

Si bien existen estrictas leyes y normas internacionales que regulan cómo y cuándo la policía puede recurrir a la fuerza, y en particular a medios letales, lo cierto es que muy pocas organizaciones policiales cumplen estos principios básicos consagrados en la ONU, amparados por leyes locales que en muchos casos les dan inmunidad.

Con el fin de evitar que los oficiales del gobierno fueran demandados por alguna acción discrecional ejercida en el marco de sus labores, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 1967 una doctrina legal conocida como la inmunidad calificada, bajo la cual muchos oficiales evitan ser demandados o rendir cuentas por excesos.

Ocurre igual en muchos otros países, en donde los crímenes cometidos por los uniformados no se investigan. Según el derecho internacional, los agentes de policía nunca deben usar los medios letales, excepto cuando sea estrictamente necesario para protegerse o proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o lesiones graves, y solo si las demás opciones para reducir el peligro son insuficientes.

Sin embargo, cientos de videos grabados por testigos y subidos a redes sociales desnudan un problema endémico: “Muchos homicidios que hemos visto cometer a la policía en todo el mundo claramente no cumplen estos criterios. En Estados Unidos, George Floyd, Michael Brown, Breonna Taylor, Eric Garner y tantas otras personas negras murieron por un exceso de fuerza de la Policía”, denuncia AI.

Esta organización también documentó un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza por los agentes de policía en el momento de arrestar a manifestantes en Hong Kong. La Policía antimotines y un escuadrón táctico especial comúnmente conocido como “los raptores” fueron los responsables de los episodios de violencia más graves, que provocaron graves lesiones.

En las protestas en Colombia contra la brutalidad policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez, ocho personas murieron y los principales sospechosos son los propios uniformados. “Un comportamiento policial abusivo y violatorio de los derechos humanos, con despliegue de fuerza contra los ciudadanos, rompe con la función de la fuerza pública. Los hechos conocidos no tienen conexidad con el servicio y la competencia para juzgarlos es de la justicia ordinaria”, reprochó el procurador general, Fernando Carrillo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró tener evidencias “serias del uso indiscriminado de armas de fuego de miembros de la Policía contra jóvenes”.

En el más reciente informe de Latinobarómetro se evidencia que la institución pública con más mala imagen en la región es la Policía: dos tercios de la población desconfía de los uniformados. Los países en donde la tendencia es creciente son Bolivia, Venezuela y Paraguay. Un informe de Brookings Institution apunta, entre otros factores, que son los policías los servidores públicos con más bajos salarios: casi un 16 % más bajo que el resto del sector estatal. Analistas señalan que, adicionalmente, se promulgan leyes que garantizan inmunidad a la policía o ponen trabas a la acción de la justicia, incluso si los agentes han actuado ilegalmente, como sucede en Brasil.

En México, por ejemplo, se promulgó la nueva Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, que no limita el uso de los medios letales a situaciones en que sea estrictamente necesario para proteger la vida de otras personas ni exige que los agentes utilicen la fuerza mínima necesaria para resolver una situación.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición de estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aun con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, explicó a El Espectador, Érika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional.

Según los analistas, la única solución es que todos los gobiernos cumplan con la obligación de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en su legislación nacional, creen mecanismos de investigación y lleven a la justicia a quienes hayan cometidos abusos. Silencio oficial…