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En total, 104 migrantes llegaron al aeropuerto internacional José Martí, de Cuba, en un vuelo procedente de Estados Unidos, tras las últimas operaciones que suman a 296 personas deportadas hacia el país caribeño.
El ministerio del interior de Cuba aseveró: “Como parte de los acuerdos migratorios bilaterales, este jueves se produjo la devolución a Cuba de 104 migrantes irregulares en vuelos procedentes de Estados Unidos. Con esta operación, incluida una realizada desde los Estados Unidos del pasado 23 de enero, suman 11 devoluciones con 296 personas”.
Acciones de Trump en contra de la migración a Estados Unidos
Desde el primer día del cargo de Donald Trump, se firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. La orden al Comando Norte de Estados Unidos, firmada por el mandatario, buscaba, en pocas palabras, proteger las fronteras y la soberanía de Estados Unidos contra la migración ilegal masiva, el narcotráfico y otros delitos.
El 23 de enero, por medio de una publicación en la red social X, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó que se habían arrestado más de 500 “inmigrantes ilegales criminales”, explicando que Estados Unidos está desarrollando la mayor operación de deportación masiva de la historia.
El asunto se intensificó cuando Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que establece a la base naval de Guantánamo como un centro de detención para inmigrantes clasificados como delincuentes de alta prioridad. Aunque se hicieron traslados de migrantes detenidos, la base fue abruptamente vaciada en días recientes.
La postura de Cuba
En su momento Cuba rechazó rotundamente la decisión del presidente norteamericano de “usar la base naval en Guantánamo para encarcelar a decenas de miles de migrantes que se ha propuesto expulsar forzosamente”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó que “muchas de las personas que Estados Unidos está expulsando son víctimas de las propias políticas expoliadoras de ese gobierno”. Explicó que la población migrante “cubre necesidades de mano de obra que históricamente ha tenido la agricultura, construcción, industria, los servicios y diversos sectores de la economía estadounidense”.
El Ministerio recalcó que la zona donde se pretendía recluir a estas personas no es parte del territorio estadounidense, sino una fracción de Cuba ubicada en la provincia oriental de Guantánamo. Esta área ha permanecido bajo ocupación militar sin el consentimiento de la nación cubana y en abierta controversia legal, explica.
La base es reconocida por albergar un centro de detención donde se han reportado prácticas de tortura y encarcelamiento y definido, aseveró el ministerio.
Un acuerdo desconocido y las violaciones a los derechos humanos
La contundente postura de Cuba parece estar flaqueando tras el nombramiento de un acuerdo bilateral desconocido para el público.
Las deportaciones a Cuba continúan y la represión de los derechos humanos también. Amnistía Internacional anuncio que “en 2023 se implementó un nuevo Código Penal que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para callar y encarcelar a activistas”.
La misma organización comunicó que en Cuba persiste la discriminación a personas de la comunidad LGBTIQ+, de la población afrodescendiente de las mujeres y niñas, e integrantes de la disidencia política.
Según Prisoners Defenders, al cierre de 2024, Cuba contaba con 1.161 presos políticos. Además, hay una crisis humanitaria y económica en donde hay escasez de bienes esenciales, entre otros aspectos afectan la cotidianidad de los cubanos.
En este contexto, distintas voces recuerdan que deportar personas a un país que viola los derechos de las personas atenta contra el derecho internacional y convenciones como el Estatuto de los Refugiados de 1951 o la convención contra la Tortura de 1984.
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Por Juliana Valentina Vélez
