Acusan a científicos de ocultar la muerte de más de 330 ballenas en Chile

Miembros de ONG, académicos e investigadores acusaron a los científicos que hallaron los cadáveres de más de 330 ballenas en el sur de Chile en junio pasado de ocultar la información durante más de cinco meses por un convenio con medios internacionales y poner en riesgo la salud pública.

Según los antecedentes recopilados por Efe, los científicos que hicieron el hallazgo el pasado junio y que fue dado a conocer esta última semana habrían ocultado la información a las autoridades y al resto de la comunidad científica con el propósito de publicar la exclusiva en una revista científica internacional de alto nivel.

"Ocultar la información durante cinco meses y no declararla a las autoridades que corresponden es una grave falta de ética por parte de los científicos a cargo", dijo a Efe Susannah Buchan, oceanógrafa y especialista en ballenas.

La Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre de Chile publicó un comunicado en su página web en el que denuncia una "omisión importante por parte del grupo de científicos" que ocultaron la información y que "han retrasado por meses la investigación de campo".

Asimismo, la asociación denunció que el actuar de los científicos podría "atentar contra la salud pública", puesto que el grupo que lideró la investigación considera que la muerte de las ballenas se produjo a causa de una intoxicación por mareas rojas, excesiva proliferación de microalgas, que pueden dañar la salud del hombre.

"Cuando se afectan los mamíferos marinos quiere decir que la concentración de estas toxinas en el medio ambiente debe ser muy elevada, por lo que al tener antecedentes que hacían suponer un evento de esas características era imperante que las autoridades, comunidad científica y población en general estuvieran informados y alertas", puntualiza el escrito.

Este abril, la investigadora Vreni Haüssermann, del centro científico Huinay, se encontró con el cadáver de 20 ballenas sei en la zona del Golfo de Penas, en el extremo sur de Chile, y denunció el hallazgo al Servicio Nacional de Pesca que, a las pocas semanas envió al lugar un buque de la Armada.

Las investigaciones y las muestras que tomaron el grupo de científicos que viajaban a bordo del buque para investigar el hecho no convencieron a Haüssermann, que no estuvo presente en las operaciones.

Es por este motivo que un equipo de científicos liderados por Haüssermann acudieron al Waitt Program de National Geographic y, supuestamente a cambio de un embargo de la información, consiguieron financiación para pagar un sobrevuelo por la zona, gracias al cual descubrieron la existencia de 337 cuerpos y esqueletos.

Las 30 ballenas muertas detectadas en abril y las 337 avistadas en junio y nunca declaradas formarían parte de un mismo caso de mortandad, señaló la oceanógrafa Buchan.

Francisco Viddi, especialista en ballenas de la Universidad Austral de Chile, dijo a Efe que fue un "error no haber informado a tiempo", puesto que el grupo de científicos liderados por Häussermann tan solo tomó fotografías aéreas de la situación y no examinó ni tomó muestras de las ballenas muertas: "No es un hallazgo científico porque solo hay imágenes".

"Cinco meses después, los cuerpos de las ballenas estarán en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultará que se identifique la causa de la muerte de los cetáceos", criticó Buchan.

Ambos científicos coinciden en aseverar que, si se comprobara que las ballenas son todas de la misma especie, se podría estar ante la extirpación (extinción local) de esta familia de mamíferos marinos de la Patagonia chilena.

Diego Valderrama, jefe de Comunicaciones en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, aseguró a Efe que la ocultación de información no infringe ninguna ley pesquera y que el caso ha sido derivado a la fiscalía que está indagando si existe o no algún tipo de delito.

"En el hipotético caso de que cierto ocultamiento de información hubiera obedecido a una finalidad dolosa podría investigarse bajo un supuesto delito de obstrucción a la investigación", apuntó el fiscal adjunto de Puerto Aysén, Pedro Poblete, en declaraciones a Efe.

En las próximas semanas, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Investigaciones encargada de los delitos ambientales reunirá un equipo multidisciplinar que partirá hacia el Golfo de Penas para recabar más información sobre el fenómeno.
 

Miembros de ONG, académicos e investigadores acusaron a los científicos que hallaron los cadáveres de más de 330 ballenas en el sur de Chile en junio pasado de ocultar la información durante más de cinco meses por un convenio con medios internacionales y poner en riesgo la salud pública.

Según los antecedentes recopilados por Efe, los científicos que hicieron el hallazgo el pasado junio y que fue dado a conocer esta última semana habrían ocultado la información a las autoridades y al resto de la comunidad científica con el propósito de publicar la exclusiva en una revista científica internacional de alto nivel.

"Ocultar la información durante cinco meses y no declararla a las autoridades que corresponden es una grave falta de ética por parte de los científicos a cargo", dijo a Efe Susannah Buchan, oceanógrafa y especialista en ballenas.

La Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre de Chile publicó un comunicado en su página web en el que denuncia una "omisión importante por parte del grupo de científicos" que ocultaron la información y que "han retrasado por meses la investigación de campo".

Asimismo, la asociación denunció que el actuar de los científicos podría "atentar contra la salud pública", puesto que el grupo que lideró la investigación considera que la muerte de las ballenas se produjo a causa de una intoxicación por mareas rojas, excesiva proliferación de microalgas, que pueden dañar la salud del hombre.

"Cuando se afectan los mamíferos marinos quiere decir que la concentración de estas toxinas en el medio ambiente debe ser muy elevada, por lo que al tener antecedentes que hacían suponer un evento de esas características era imperante que las autoridades, comunidad científica y población en general estuvieran informados y alertas", puntualiza el escrito.

Este abril, la investigadora Vreni Haüssermann, del centro científico Huinay, se encontró con el cadáver de 20 ballenas sei en la zona del Golfo de Penas, en el extremo sur de Chile, y denunció el hallazgo al Servicio Nacional de Pesca que, a las pocas semanas envió al lugar un buque de la Armada.

Las investigaciones y las muestras que tomaron el grupo de científicos que viajaban a bordo del buque para investigar el hecho no convencieron a Haüssermann, que no estuvo presente en las operaciones.

Es por este motivo que un equipo de científicos liderados por Haüssermann acudieron al Waitt Program de National Geographic y, supuestamente a cambio de un embargo de la información, consiguieron financiación para pagar un sobrevuelo por la zona, gracias al cual descubrieron la existencia de 337 cuerpos y esqueletos.

Las 30 ballenas muertas detectadas en abril y las 337 avistadas en junio y nunca declaradas formarían parte de un mismo caso de mortandad, señaló la oceanógrafa Buchan.

Francisco Viddi, especialista en ballenas de la Universidad Austral de Chile, dijo a Efe que fue un "error no haber informado a tiempo", puesto que el grupo de científicos liderados por Häussermann tan solo tomó fotografías aéreas de la situación y no examinó ni tomó muestras de las ballenas muertas: "No es un hallazgo científico porque solo hay imágenes".

"Cinco meses después, los cuerpos de las ballenas estarán en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultará que se identifique la causa de la muerte de los cetáceos", criticó Buchan.

Ambos científicos coinciden en aseverar que, si se comprobara que las ballenas son todas de la misma especie, se podría estar ante la extirpación (extinción local) de esta familia de mamíferos marinos de la Patagonia chilena.

Diego Valderrama, jefe de Comunicaciones en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, aseguró a Efe que la ocultación de información no infringe ninguna ley pesquera y que el caso ha sido derivado a la fiscalía que está indagando si existe o no algún tipo de delito.

"En el hipotético caso de que cierto ocultamiento de información hubiera obedecido a una finalidad dolosa podría investigarse bajo un supuesto delito de obstrucción a la investigación", apuntó el fiscal adjunto de Puerto Aysén, Pedro Poblete, en declaraciones a Efe.

En las próximas semanas, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Investigaciones encargada de los delitos ambientales reunirá un equipo multidisciplinar que partirá hacia el Golfo de Penas para recabar más información sobre el fenómeno.