Adiós a los ciudadanos de segunda categoría

Carlos Álvarez y Martín Canevaro se casaron antes de que se aprobara el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Argentina, el 15 de julio a las 4:06 de la mañana. La ley resultó en un triunfo para la lucha por la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales y tiene una importancia muy grande en la historia reciente de este país.

Carlos es un activista afrodescendiente, por lo que se trata del primer matrimonio entre personas del mismo sexo contraído por un miembro de esa comunidad. “El tema de la homofobia en la comunidad afro y el racismo en la comunidad LGBT es un tema que nos preocupa mucho. Los afrodescendientes, y sobre todo algunos países africanos, están realizando fuertes violaciones a los derechos humanos como castigar la homosexualidad con la pena de muerte o cadena perpetua”.

Carlos pertenece a la organización África y su Diáspora y su pareja es el presidente de la Organización 100% Diversidad y Derechos. Ambos creen que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo es “un logro fundamental, porque la lucha contra el racismo, el sexismo y la homofobia tienen una matriz común: el no respeto y la vulneración de los derechos de los otros”.

Carlos y Martín se casaron el 15 de abril y la boda marcó un hito para el activismo argentino. “El 10 de diciembre presentamos un recurso de amparo, ya que se nos negó el turno para el matrimonio por nuestra orientación sexual. Luego tuvimos una sentencia favorable dictada por el juez de la ciudad, Guillermo Scheibler. La fiscal de primera instancia apeló, pero gracias a la presión pública, el fiscal de segunda instancia desistió la apelación y finalmente logramos casarnos”, dicen Carlos y Martín.

El matrimonio en Argentina es una institución civil desde 1885. Sin embargo, a partir de la ley de divorcio de 1987, el Código Civil argentino modificó las palabras “ambos contrayentes” por “hombre y mujer”, exigiendo de esta manera que los matrimonios civiles en el país se hicieran de manera heterosexual exclusivamente.

“La Constitución argentina dice que el Estado no hace discriminación de sus habitantes. Sin embargo, existen dos tipos de habitantes: los que son heterosexuales y forman su vida de ‘manera’ heterosexual y los que no. Para los primeros existen derechos que otorga el Estado mediante la ley de matrimonio; para los segundos no existían hasta hace poco”, dice Jorgelina Luz Schmidt, coordinadora de Red Nac (Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva), una organización civil compuesta por 20 grupos de adolescentes y jóvenes de distintas provincias de Argentina que se reunen con el propósito de fortalecer y coordinar actividades que promuevan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ejercitar la implementación de prácticas  para el ejercicio de la sexualidad saludable y placentera, incluida la prevención del VIH y sida, de abusos y de violencia de género.

“De ninguna manera el hombre puede estar al servicio de un concepto, como en este caso es el matrimonio civil. Por lo tanto, es admisible su modificación en tanto le resulte beneficioso a una realidad que ya existe en una sociedad. Antiguamente los matrimonios se arreglaban entre los padres, en algunos Estados era impensable que dos personas de distinta raza se pudieran casar y hoy lo estamos viendo. Era imposible que no fuera indisoluble. Todo ha ido variando, porque lo que significa el matrimonio se ha ido adaptando a realidades distintas de esta misma sociedad”, continúa Schmidt.

La  comunidad LGBTTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y queer) estuvo bastante aplacada durante la última dictadura militar (1976-1983) y resurgió con fuerza cuando regresó la democracia. En los comienzos de los 90 los medios ya no ocultaban la realidad de las personas LGBTTIQ. La aparición de las primeras vedettes travestis, notas periodísticas masivas, la salida del clóset de personas mediáticas fueron visibilizaciones que, unidas a la lucha de las organizaciones LGBTTQI, lograron en 2002 la reglamentación de la unión civil para personas del mismo sexo en Buenos Aires.

En la última década, la visibilización y sensibilización han sido cada vez mayores, sobre todo en el interior del país, y en el último año hubo cuatro matrimonios igualitarios antes de que pasara la ley. Según estos grupos activistas se dice “matrimonio igualitario”, no matrimonio gay, pues “en la sociedad argentina se asocia a gay al homosexual hombre, por lo tanto, se está ocultando y minimizando al colectivo detrás de una figura masculina”, dice Schmidt. El matrimonio igualitario incluye a las lesbianas, a los/las transexuales, a los/las travestis, a las intersexuales y a los heterosexuales.

La principal oposición al matrimonio igualitario vino de la Iglesia católica que tomó el asunto como una “Guerra Santa” (sic), donde el enemigo estaba guiado y caminaba la senda de Satanás, según palabras del obispo Bergoglio (importante referente de la Iglesia argentina). Políticamente no hubo bloque partidario que no se viera dividido en sus decisiones y dichos, gracias a la libertad de conciencia otorgada frente al tema.

La senadora Liliana Negre de Alonso, católica conservadora y presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado (única donde fue tratado el proyecto de ley) se mostró personalmente en contra y dirigió una campaña de desprestigio hacia el proyecto de ley.

“Estos argumentos no nos sorprendieron porque también fueron usados en otros momentos históricos, como cuando se aprobó el derecho de las mujeres al voto o cuando se sancionó la ley de divorcio en Argentina”, comenta Carlos.

Contrario a lo que dice la Iglesia, Schmidt opina que esta ley no afectará la vida de los argentinos. “Si bien se ha vaticinado, cual Nostradamus, tráfico de vientres, mercado ilegal de semen, pérdida del sentido de familia, la ley promulgada sólo reglamenta la realidad que hoy viven cientos de familias conformadas por parejas no heterosexuales desprotegidas ante la ley hasta hace poco”.

A muchos les sorprende que alguien luche con tanta vehemencia para poder casarse, más aún en una época en la que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio y la unión libre es un recurso muy popular. Al respecto, Schimidt comenta: “No es sólo cuestión de matrimonio, sino de tener la garantía y certeza de que vivimos en un país donde los derechos nos respaldan igualitariamente a todas y todos. El divorcio es la terminación de un matrimonio, sin que haya fallecido alguno de los cónyuges, el divorcio también es un derecho que implicó debates y luchas hasta que fue aprobado; en ese contexto la Iglesia católica también anunciaba ‘el fin de las familias’; sin embargo, nada de eso sucedió”.

Carlos dice que se casó por amor y porque pudo, las dos condiciones mínimas necesarias para una unión de este tipo. “Es terrible que los Estados sean cómplices y promotores de sostener instituciones discriminatorias por la orientación sexual y/o por la identidad de género. Los gays, lesbianas y trans debemos tener el derecho de acceder a cualquier institución que resguarde derechos, pues no somos ciudadanos de segunda”.

Carlos Álvarez y Martín Canevaro se casaron antes de que se aprobara el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Argentina, el 15 de julio a las 4:06 de la mañana. La ley resultó en un triunfo para la lucha por la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales y tiene una importancia muy grande en la historia reciente de este país.

Carlos es un activista afrodescendiente, por lo que se trata del primer matrimonio entre personas del mismo sexo contraído por un miembro de esa comunidad. “El tema de la homofobia en la comunidad afro y el racismo en la comunidad LGBT es un tema que nos preocupa mucho. Los afrodescendientes, y sobre todo algunos países africanos, están realizando fuertes violaciones a los derechos humanos como castigar la homosexualidad con la pena de muerte o cadena perpetua”.

Carlos pertenece a la organización África y su Diáspora y su pareja es el presidente de la Organización 100% Diversidad y Derechos. Ambos creen que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo es “un logro fundamental, porque la lucha contra el racismo, el sexismo y la homofobia tienen una matriz común: el no respeto y la vulneración de los derechos de los otros”.

Carlos y Martín se casaron el 15 de abril y la boda marcó un hito para el activismo argentino. “El 10 de diciembre presentamos un recurso de amparo, ya que se nos negó el turno para el matrimonio por nuestra orientación sexual. Luego tuvimos una sentencia favorable dictada por el juez de la ciudad, Guillermo Scheibler. La fiscal de primera instancia apeló, pero gracias a la presión pública, el fiscal de segunda instancia desistió la apelación y finalmente logramos casarnos”, dicen Carlos y Martín.

El matrimonio en Argentina es una institución civil desde 1885. Sin embargo, a partir de la ley de divorcio de 1987, el Código Civil argentino modificó las palabras “ambos contrayentes” por “hombre y mujer”, exigiendo de esta manera que los matrimonios civiles en el país se hicieran de manera heterosexual exclusivamente.

“La Constitución argentina dice que el Estado no hace discriminación de sus habitantes. Sin embargo, existen dos tipos de habitantes: los que son heterosexuales y forman su vida de ‘manera’ heterosexual y los que no. Para los primeros existen derechos que otorga el Estado mediante la ley de matrimonio; para los segundos no existían hasta hace poco”, dice Jorgelina Luz Schmidt, coordinadora de Red Nac (Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva), una organización civil compuesta por 20 grupos de adolescentes y jóvenes de distintas provincias de Argentina que se reunen con el propósito de fortalecer y coordinar actividades que promuevan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ejercitar la implementación de prácticas  para el ejercicio de la sexualidad saludable y placentera, incluida la prevención del VIH y sida, de abusos y de violencia de género.

“De ninguna manera el hombre puede estar al servicio de un concepto, como en este caso es el matrimonio civil. Por lo tanto, es admisible su modificación en tanto le resulte beneficioso a una realidad que ya existe en una sociedad. Antiguamente los matrimonios se arreglaban entre los padres, en algunos Estados era impensable que dos personas de distinta raza se pudieran casar y hoy lo estamos viendo. Era imposible que no fuera indisoluble. Todo ha ido variando, porque lo que significa el matrimonio se ha ido adaptando a realidades distintas de esta misma sociedad”, continúa Schmidt.

La  comunidad LGBTTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y queer) estuvo bastante aplacada durante la última dictadura militar (1976-1983) y resurgió con fuerza cuando regresó la democracia. En los comienzos de los 90 los medios ya no ocultaban la realidad de las personas LGBTTIQ. La aparición de las primeras vedettes travestis, notas periodísticas masivas, la salida del clóset de personas mediáticas fueron visibilizaciones que, unidas a la lucha de las organizaciones LGBTTQI, lograron en 2002 la reglamentación de la unión civil para personas del mismo sexo en Buenos Aires.

En la última década, la visibilización y sensibilización han sido cada vez mayores, sobre todo en el interior del país, y en el último año hubo cuatro matrimonios igualitarios antes de que pasara la ley. Según estos grupos activistas se dice “matrimonio igualitario”, no matrimonio gay, pues “en la sociedad argentina se asocia a gay al homosexual hombre, por lo tanto, se está ocultando y minimizando al colectivo detrás de una figura masculina”, dice Schmidt. El matrimonio igualitario incluye a las lesbianas, a los/las transexuales, a los/las travestis, a las intersexuales y a los heterosexuales.

La principal oposición al matrimonio igualitario vino de la Iglesia católica que tomó el asunto como una “Guerra Santa” (sic), donde el enemigo estaba guiado y caminaba la senda de Satanás, según palabras del obispo Bergoglio (importante referente de la Iglesia argentina). Políticamente no hubo bloque partidario que no se viera dividido en sus decisiones y dichos, gracias a la libertad de conciencia otorgada frente al tema.

La senadora Liliana Negre de Alonso, católica conservadora y presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado (única donde fue tratado el proyecto de ley) se mostró personalmente en contra y dirigió una campaña de desprestigio hacia el proyecto de ley.

“Estos argumentos no nos sorprendieron porque también fueron usados en otros momentos históricos, como cuando se aprobó el derecho de las mujeres al voto o cuando se sancionó la ley de divorcio en Argentina”, comenta Carlos.

Contrario a lo que dice la Iglesia, Schmidt opina que esta ley no afectará la vida de los argentinos. “Si bien se ha vaticinado, cual Nostradamus, tráfico de vientres, mercado ilegal de semen, pérdida del sentido de familia, la ley promulgada sólo reglamenta la realidad que hoy viven cientos de familias conformadas por parejas no heterosexuales desprotegidas ante la ley hasta hace poco”.

A muchos les sorprende que alguien luche con tanta vehemencia para poder casarse, más aún en una época en la que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio y la unión libre es un recurso muy popular. Al respecto, Schimidt comenta: “No es sólo cuestión de matrimonio, sino de tener la garantía y certeza de que vivimos en un país donde los derechos nos respaldan igualitariamente a todas y todos. El divorcio es la terminación de un matrimonio, sin que haya fallecido alguno de los cónyuges, el divorcio también es un derecho que implicó debates y luchas hasta que fue aprobado; en ese contexto la Iglesia católica también anunciaba ‘el fin de las familias’; sin embargo, nada de eso sucedió”.

Carlos dice que se casó por amor y porque pudo, las dos condiciones mínimas necesarias para una unión de este tipo. “Es terrible que los Estados sean cómplices y promotores de sostener instituciones discriminatorias por la orientación sexual y/o por la identidad de género. Los gays, lesbianas y trans debemos tener el derecho de acceder a cualquier institución que resguarde derechos, pues no somos ciudadanos de segunda”.