Este lunes se cumplen ocho años desde que se firmara en Brasilia, el 23 de mayo de 2008, el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El aniversario llega en medio de una crisis política, económica y social que empeora cada día en Brasil y sobre todo en Venezuela. La negativa del gobierno de Nicolás Maduro a darle viabilidad al referendo revocatorio en su contra pone en juego la estabilidad del Estado de derecho en esa nación suramericana.
En 2004, la Organización de Estados Americanos (OEA), con César Gaviria como secretario general, abrió la discusión y el camino hacia el referendo revocatorio en Venezuela, en el que ganó el entonces presidente Hugo Chávez. Para entonces, el propio Chávez solía retar públicamente a la oposición a que realizara el referendo revocatorio. Chávez confiaba en el apoyo de las bases. Maduro, en cambio, vivió en diciembre la peor derrota electoral del chavismo, cuando la oposición obtuvo una supermayoría en la Asamblea Nacional. Ahora no quiere hacer el referendo que está establecido en la Constitución del 99, e instancias como la OEA y Unasur tienen el reto de buscar soluciones políticas.
Unasur ha hecho varios esfuerzos por buscar salidas políticas a esa crisis. Conformó un grupo compuesto por cancilleres de Uruguay, Ecuador y Colombia, que presionaron para que el año pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la fecha de las elecciones parlamentarias. Esa misma instancia está por decidir si avala o no las firmas presentadas por la oposición para llamar al referendo revocatorio. Los tres cancilleres de Unasur también han intentado sentarse con la coalición opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), pero ha sido difícil. Al aceptar en abril de este año que es parte de la comisión de la verdad propuesta por Maduro, en la que no hay miembros opositores, Unasur se distanció de la oposición venezolana. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, lo que dicha comisión pretende es obligar a los presos políticos a “aceptar delitos que ninguno de ellos ha cometido” y servir como contrapeso a la idea de una ley de amnistía.
Grandes logros de Ernesto Samper como secretario general de este organismo serían que se respete la Constitución en Venezuela, que se realice el referendo revocatorio y que se abran caminos para el diálogo político con la oposición. Pero el alcance de la Unasur parece limitado. Maduro enfrenta una creciente impopularidad, sumada a la crisis social, económica y política. A diferencia de Chávez en 2004, esta vez tiene amplias posibilidades de perder en una consulta popular. Por eso ha dicho que el referendo es inviable y procurará dilatarlo, por lo menos hasta el próximo año, para no tener que convocar a elecciones sino dejar en el poder a su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.
Mientras tanto, la voz del uruguayo Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, lleva a esta organización de vuelta al sur. A Almagro, con su amplia experiencia en derechos humanos, no le tiembla la voz para hablarle a Maduro. Por ejemplo, durante la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela fue enfático en pedir respeto por los derechos de los colombianos expulsados o deportados desde el país vecino. Con la coyuntura actual del referendo, ya dijo que, de no respetar este mecanismo constitucional, Maduro se convertiría en “un dictadorzuelo”. En esta coyuntura, Almagro seguramente tendrá una amplia visibilidad como personaje político, aunque esto no significa que la OEA como tal pueda abrir un camino hacia la realización del referendo y la protección de derechos humanos. El chavismo sigue siendo reactivo a la OEA, y ahora más con Almagro, por la idea, muy arraigada en los círculos bolivarianos, de que esta organización cerró los ojos o pudo haber hecho más ante el fallido golpe de 2002 contra Chávez.
Por Daniel Salgar Antolínez
