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‘Águilas’ en las fronteras

Caracas y Quito denuncian que grupos paramilitares colombianos operan en sus territorios. ¿Qué tan grave es la situación?

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Frédéric Massé*/ Especial para El Espectador, Quito, Ecuador
12 de noviembre de 2008 - 09:43 p. m.
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El pasado 5 de noviembre, unos veinte hombres armados irrumpieron en una discoteca en el pueblo ecuatoriano de Borbón y asesinaron a un hombre de 38 años. Eran presuntos miembros del grupo colombiano ‘Águilas Negras’, y el lugar del crimen, un pequeño pueblo en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

No es la primera vez que las autoridades ecuatorianas acusan a grupos paramilitares del país vecino de haber incursionado en su territorio. A finales de mayo de este año, Quito había denunciado el secuestro de tres colombianos acusados de vínculos con las Farc en el poblado de San Martín. En ese momento, Bogotá respondió y afirmó que los grupos paramilitares ya no existían, ni operaban en esa zona del país, y que, sin embargo, procederían a investigar.

Pero esta vez, las denuncias sobre la incursión en el pueblo de Borbón eran distintas: el hecho había ocurrido más lejos de la frontera colombiana (a unos 50 kilómetros), la actuación había sido a plena luz del día y la denuncia era más precisa.

Aunque la presencia de las ‘Águilas Negras’ en la región no se ha confirmado, hay indicios de su nuevo accionar. En los municipios colombianos de Tumaco, Barbacoas y Pupiales, la población civil viene denunciando de manera creciente  que en la zona ha aparecido un grupo armado ilegal, dirigido por narcotraficantes que se hace llamar ‘Águilas Negras’. De probarse este hecho, no sorprendería que el  grupo también actué en Ecuador. De hecho, hace apenas una semana, coincidencialmente o no, el diario El Tiempo reportó que Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, se escondería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

¿Realidad o manipulación?

En Venezuela, las denuncias de la presencia de grupos paramilitares vienen de más tiempo atrás. En el año 2000, por ejemplo, el empresario Richard Boulton fue secuestrado por las Auc, y en 2004, las autoridades venezolanas capturaron a unos 70 hombres colombianos, acusados de estar implicados en una conspiración de la derecha contra el gobierno de Hugo Chávez.

Recientemente, se afirma que las  ‘Águilas Negras’  están utilizando a los estados fronterizos de Zulia y Táchira como base de sus operaciones. Por el otro, se han incrementado las denuncias de asesinatos de dirigentes campesinos y militantes


chavistas por parte del ‘Frente Urbano 40’, segundo nombre con el que firman las ‘Águilas Negras’ en Venezuela. Además, en octubre, las autoridades  capturaron a Yesenia Dávila (comandante Camila) y a Leonel Montañez (Pantera), dos de sus presuntos jefes en  Zuila; y la semana pasada, el periódico venezolano Tal Cual publicó un reportaje según el cual las ‘Águilas Negras reparten panfletos que infunden temor a los habitantes de los estados de Zulia y Táchira.

Pero tales denuncias también  podrían ser una estrategia política por porte de los gobiernos de Chávez y de Correa.

El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, declaró que las incursiones eran bastante “graves y (que) ponían (a su país) frente a otro aspecto del problema colombiano que no es solamente la presencia de las Farc, sino la presencia de paramilitares”. Pero Quito podría también tener cierto interés en sobredimensionar el problema y publicitar estos  incidentes, con el fin de aminorar la presión por la presencia de las  Farc en su territorio.

En Venezuela, el momento de las denuncias   tampoco podría ser tan inocente. Para el gobierno venezolano, que acusa a la oposición de recurrir a los paramilitares colombianos para asesinar a sus seguidores y quedarse en el poder, reabrir el tema de la amenaza externa antes de la elecciones del próximo 23 de noviembre es ventajoso. Hace algunos días, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, anunció  un debate en la Asamblea Nacional sobre la situación del paramilitarismo proveniente de Colombia, así como la creación de zonas de seguridad en la Sierra de Perijá, región montañosa fronteriza con Colombia en el estado de Zulia, para “intensificar la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, el paramilitarismo, los secuestros y otros delitos”. En un estado cuyo gobernador es Manuel Rosales, el ex candidato presidencial de la oposición, el anuncio no parece casualidad.

Ecuador, que ya tiene cerca de diez mil hombres  vigilando la frontera, acaba de enviar 200 hombres adicionales a la provincia de Esmeraldas para reforzar el control y la seguridad de su frontera norte, además de anunciar la construcción de tres destacamentos navales en las inmediaciones de los ríos Cayapas y Santiago. Correa, entre tanto, volvió ayer a enviarle a Uribe un mensaje reiterativo: “El Gobierno colombiano debe controlar su territorio; estamos pagando muy caro por un conflicto que no es nuestro”, tras visitar a un soldado herido en combate contra las Farc.

El Canciller colombiano ha dicho que ve con buenos ojos que países fronterizos trabajen para impedir el accionar de grupos terroristas en esas zonas. ¿Debería reabrirse el debate sobre la utilidad de una posible fuerza multinacional para monitorear las fronteras de Colombia?

*Analista internacional

Por Frédéric Massé*/ Especial para El Espectador, Quito, Ecuador

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