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El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se reunió el lunes con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una visita a Quito en la que firmó tres acuerdos de cooperación, incluido uno para reproducir en su ciudad un programa ecuatoriano de atención a los discapacitados.
Petro y Correa mantuvieron un almuerzo de trabajo en el centro histórico al que también asistió el alcalde quiteño, Augusto Barrera, quien declaró huésped de honor al funcionario colombiano, según la Presidencia.
Los alcaldes suscribieron dos convenios para intercambiar experiencias en los ámbitos de tecnología de la información, comunicaciones y patrimonio cultural, indicó a su vez el municipio.
Previamente, Petro había firmado un acuerdo con la Vicepresidencia que preveía asesoría para implementar en Bogotá brigadas de ayuda a discapacitados, constató la AFP.
En un primer momento, el gobierno ecuatoriano enviará a la capital colombiana tres grupos de trabajo para que compartan su experiencia en temas de prevención, atención y rehabilitación.
Petro rubricó el memorando con el secretario general de la Vicepresidencia, Armando Cazar, ante la ausencia del titular de ese despacho, Lenín Moreno, quien viajó a Uruguay a exponer los alcances de la Misión Manuela Espejo para los discapacitados, una de las políticas sociales más destacadas del gobierno socialista.
El alcalde de izquierda elogió el programa y dijo que intentará aplicarlo en Bogotá -de casi ocho millones de habitantes-, pese a la crisis del modelo de salud que según él impera en Colombia.
"Aún así, en un modelo que está destruyendo, que está colapsando, haciendo agua, vamos a ver cómo se implementa un proyecto como la Misión Solidaria Manuela Espejo en Bogotá", dijo en un acto en el que se conocieron detalles del plan.
En el marco de esa iniciativa, Ecuador -de 14,3 millones de habitantes- ha realizado un diagnóstico para el diseño de planes sobre prevención y atención prioritaria y preferente a favor de unas 294.000 personas con discapacidad.
Este programa se complementa con medidas como la entrega de casas, la obligatoriedad para los empresarios de contratar a discapacitados y el pago, por parte del gobierno, de un subsidio mensual (equivalente a un salario básico de 292 dólares) por el cuidado de personas con limitaciones severas.