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El Congreso argentino aprobó en la madrugada del jueves una iniciativa del presidente Javier Milei que habilita a las provincias a redefinir las áreas de protección de los glaciares para ampliar la explotación minera, pese a la resistencia de activistas ambientales.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras casi 12 horas de debate. La reforma ya había sido aprobada por el Senado en febrero.
“A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”, dijo Milei en un comunicado tras la votación.
El mandatario ultraliberal sostenía que la modificación de la ley que regía desde 2010 era un paso necesario para atraer inversiones mineras: “Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, celebró.
El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.
En simultaneo al debate, miles de personas participaron de protestas contra la reforma con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”. Organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.
Según un Inventario Nacional de 2018, Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.
En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
Inversiones frente a soberanía ambiental
Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son “imprecisos” respecto a las áreas bajo protección y devolverá a las provincias la facultad de decidir sobre sus recursos.
“No debemos caer en la trampa de los antimineros que pretenden oponer minería y ambiente”, dijo el diputado Carlos Jaime Quiroga, de San Juan, que aseguró que la nueva ley “permitirá traer progreso y desarrollo a distintas regiones del país”.
Diputados opositores argumentaron que la reforma es inconstitucional al contradecir tratados internacionales y afirmaron que pone en riesgo las reservas hídricas.
“No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, del centro).
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La sanción de la reforma es un nuevo triunfo parlamentario para Milei, quien impuso una flexibilización laboral en febrero pese a reiteradas protestas callejeras.
El mandatario ultraliberal busca potenciar la capacidad argentina en la explotación de cobre, litio, oro y plata, y cita con frecuencia como ejemplo al vecino Chile, primer productor mundial de cobre en la misma cordillera.
Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030.
Ferraro sostuvo en su discurso que “es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”.
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Agua “en peligro”: científicos y activistas en pie de guerra
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dijo a la AFP que la reforma está “hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y que “pone en peligro el agua del 70 % de los argentinos”.
El director del IANIGLA, Pablo Villagra, consideró que la reforma “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia”.
En la mañana del miércoles, activistas de Greenpeace treparon a un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a “no traicionar a los argentinos”. Siete personas fueron arrestadas por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.
“La crisis climática a nivel mundial es una realidad que sufrimos todos los humanos que vivimos en este planeta. Atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación”, dijo a la AFP Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina.
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