Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El nombre de Brasil saldrá a relucir esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y no propiamente por los avances que ha tenido el tema en las grandes ciudades. Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, puso este martes el dedo en la herida y afirmó que en el informe que presentará en contados días denunciará los asesinatos perpetrados por la Policía contra criminales sospechosos y ciudadanos inocentes en las favelas.
Alston relata que hace dos años, durante su visita a Brasil, encontró que las autoridades efectuaba ejecuciones extrajudiciales durante los operativos en los sectores deprimidos y que, de manera clandestina, algunos policías fuera de servicio operaban en “escuadrones de la muerte y milicias, también asesinaban civiles”.
La licencia para matar impunemente que, de acuerdo con el relator, se han tomado las autoridades brasileñas en Río de Janeiro y São Paulo, causó al menos 11.000 homicidios entre 2003 y 2009. Los asesinatos han sido presentados en los informes como bajas en defensa propia, mientras que “la evidencia demuestra que la mayoría de estas muertes fueron en realidad ejecuciones que no se investigaron seriamente. El gobierno merece que le reconozcan los esfuerzos realizados, pero hace falta mucho más si quiere alcanzarse el objetivo de acabar con las ejecuciones extrajudiciales de la Policía”, asegura Alston.
Las acusaciones de Naciones Unidas se suman al llamado de atención que Amnistía Internacional oficializó el pasado jueves. La ONG envió una carta a los aspirantes a la presidencia para las elecciones del 3 de octubre —Dilma Rousseff, José Serra, y Marina Silva—, en la que les solicitaba comprometerse a mejorar la situación de los derechos humanos en Brasil.
En la misiva se lee: “Los brasileños más pobres todavía son privados de sus derechos humanos fundamentales, así como de servicios esenciales prestados por el Estado. Esas personas viven con miedo de los propios agentes de la ley, que tienen la obligación de protegerlos. Ejecuciones extrajudiciales y tortura continúan ocurriendo de forma sistemática”.
Por Redacción Internacional
