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El pasado martes, la justicia cubana sentenció a casi 400 personas a prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11-J), con penas de hasta 25 años. En la isla se observan a diario los mecanismos de represión de la protesta social más duros en todo el continente. El deterioro de las condiciones para la manifestación y la persecución ya ha dejado secuelas en los activistas, lo que ha llevado a organizaciones como Race & Equality a alzar la voz y prestar asistencia a las personas perseguidas que manifiestan tener graves secuelas psicológicas por la represión.
Aunque en Cuba se ven las peores condiciones, el problema no es exclusivo de la isla. Los estallidos sociales en América Latina de finales de 2019, y los movimientos surgidos en el norte durante la pandemia, demuestran que no existen las condiciones propicias para la manifestación en América. Juan Pablo Albán, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, ofrece un panorama general sobre la represión que se observa y pide que se discuta una declaración para protegerla. Él fue uno de los invitados a los foros organizados por Race & Equality en el marco de la Cumbre de las Américas para abordar la crisis cubana y las condiciones de la protesta en general.
Hagamos un barrido en la región: ¿cuál es el panorama general para la protesta social en América?
Pese a que las constituciones protegen el derecho a la protesta, en la práctica no hay condiciones apropiadas para protestar. La criminalización de la protesta social ha sido muy frecuente en nuestra región en los últimos años. Activistas y comunicadores han sido judicializados por ejercer legítimamente la protesta en distintos países, y se han empleado mecanismos de represión violenta para controlarla. No es el escenario ideal en este momento, aunque estamos en condiciones mejores que hace cinco años.
¿Por qué dice que mejores es mejor? Se pensaba que todo había empeorado...
Porque ha habido fenómenos muy visibles de protesta social que han motivado discusiones sobre la necesidad de protegerla. Eso no significa que ahora haya protecciones suficientes. La protección estará incompleta mientras no haya un instrumento o mecanismo internacional que reconozca el derecho a la protesta como un derecho autónomo y humano. Probablemente, mientras eso no llegue, los estados no se van a sentir tan compelidos a reconocer ese derecho. Así, dependerá mucho de quién tenga el poder en un país para que le permita a la gente o no protestar.
¿Hay un abuso del poder generalizado a nivel cultural?
Salvo excepciones muy puntuales, como Venezuela o Nicaragua, la legitimidad de los gobiernos en el poder no está tan entredicho porque los pueblos accedieron a estos gobiernos por el voto popular en procesos presuntamente transparentes. Sin embargo, sí hay una vena autoritaria muy notable porque quien llega al poder no quiere ser desafiado. El que piensa diferente resulta peligroso. Ya no tenemos la figura de una dictadura militar, pero ahora son los gobiernos civiles, por más que hayan llegado por el voto popular, los que mantiene esta visión de que la única forma de gobernar es someter a la población y no permitir que esta se exprese libremente o cuestione o critique las actuaciones del poder. Eso es terreno fértil para acciones autoritarias. Que no solamente es el empleo de la violencia, sino la proliferación de detenciones arbitrarias.
Usted sustenta que las detenciones arbitrarias en el marco de las protestas deben ser catalogadas como desapariciones, ¿por qué?
El uso de eufemismos como una “detención” o retención termina por invisibilizar el aspecto más grave de una desaparición forzada, que es la sustracción del individuo de la protección del orden jurídico. Cuando desapareces a alguien, ocultas su destino, su ubicación, le estás impidiendo ejercer todos sus derechos. No es solamente que lo ha “detenido” o “retenido” sino que no puede ejercer su libertad de expresión, no puede plantear él mismo un reclamo ante una autoridad, no puede o no se reconoce su derecho a movilizarse libremente. Todos los derechos están en una suerte de limbo porque le has desconocido su condición de persona. Al final, eso es no reconocer la condición jurídica de persona en el efecto de una desaparición. Es importante no usar eufemismos y tratar la problemática como es porque la desaparición forzada es la violación más grave a los derechos humanos que se puede cometer y hay que abordarla como lo que es.
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¿Qué pueden hacer los gobiernos para que la autoridad no sea sinónimo de represión?
Los compromisos internacionales que se adquieren en escenarios como el de la Cumbre de las Américas deben ser compromisos serios y no compromisos huecos. En el tema concreto de la protesta social hay una serie de principios y buenas prácticas que distintas agencias internacionales han emitido en los últimos años, particularmente desde 2015. Pero es claro que varios de esos compromisos adquiridos han quedado en una mera declaración aspiracional y el tema es que cuando no hay voluntad política para entender la importancia y de la preservación de los valores democráticos, los estados van a seguir incurriendo en abusos porque saben que sus pares no les van a cuestionar. Se necesita respetar los compromisos adquiridos primero.
Se habla mucho de la represión en Nicaragua y Venezuela, pero otros países también tienen protestas...
Están los ‘patitos feos’ del concierto internacional de naciones que son los recriminados recurrentemente por sus prácticas antidemocráticas, y están los ‘patitos bonitos’ que pueden impunemente tener los mismos comportamientos sin ningún tipo de consecuencia. Esa dinámica de cuestionar en ciertos casos y avalar en otros la que tiene que cambiar en la comunidad internacional.
Háblenos un poco de esos “patitos bonitos”...
Que ya se hayan dado este tipo de situaciones de protesta en EE. UU. y Canadá evidencia la necesidad de encontrar con un instrumento a nivel regional. Uno no necesariamente vinculante, porque tardaría muchos años de negociación, pero quizás uno tipo soft law (derecho blando), una suerte de declaración, para que haya unas pautas mínimas de actuación. La discusión es necesaria y se ha dado principalmente entre quienes han afrontado más protestas, pero pensado desde el cómo evito que esto ocurra, no desde cómo protejo al manifestante que no es violenta y le permito que se exprese y cómo al que es violento le trato de todas maneras en el marco del respeto a sus derechos humanos. Es decir, no repelo la violencia con más violencia, sino con medidas graduales de un uso razonable de la fuerza que obedezca a parámetros de proporcionalidad. Hay que diferenciar, pues el repeler la violencia con el reprimir, que no es exactamente lo mismo.
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Queda claro que se necesita un compromiso regional, peor carecemos de un líder que abandere la protección del derecho a la protesta. Si hay un bloque con una ideología compartida, ¿sería más fácil plantar esta discusión?
Justamente a eso iba. El cambio, obviamente, parte de los esfuerzos de la sociedad civil. Pero en complemento, será necesario conquistar algún estado que esté dispuesto a frentear ese esfuerzo. En el pasado, en otros temas de derechos humanos, ciertos estados han decidido ocuparse de ciertas luchas como Argentina, que tuvo un rol fundamental en la adopción de la convención contra la desaparición forzada. La pregunta es cuál de los países puede abanderar una causa de esta naturaleza en el plano internacional. Pienso que ahora que está Gabriel Boric al frente de Chile podría frentear este esfuerzo, si tiene la voluntad de avanzar. Los cambios de régimen son oportunidades, claro. Ahora, Boric hizo muy bien en distanciarse de Nicaragua y Venezuela para que no se piense que toda la izquierda es la misma.
Por otro lado, una vez están el poder, los gobernantes se dan cuenta de todos los condicionamientos a los que están sujetos. Eso pasó en Ecuador. Sobre Colombia, solo si gana Gustavo Petro se abriría la posibilidad de que se el país se abandere de una causa de este tipo. Mismo caso para Brasil con Lula. Pero esto no es garantía de que abanderen esta causa porque llegan al poder condicionados. Habrá que ver si Petro si gana las elecciones tomará esa misma determinación de Boric. Obviamente, algún estado debería abanderarse.
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