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A pesar de los avances que ha mostrado el proceso de reanudación de las relaciones con Venezuela impulsado por el presidente Gustavo Petro, del aparente clima de estabilización que parece respirarse ante la situación del país vecino y de la pérdida de relevancia del tema migratorio en la actual agenda del gobierno colombiano, las difíciles condiciones socioeconómicas que viven los venezolanos siguen vigentes y reafirman a Venezuela como uno de los principales expulsores de población a nivel mundial.
Así lo demuestran numerosas manifestaciones sociales lideradas por funcionarios públicos y profesores a inicios de 2023 en al menos 16 de los 23 estados del país. Ante la escalada del precio del dólar y la falta de medidas eficaces en la política monetaria y económica por parte del gobierno venezolano, los docentes han sido uno de los sectores más golpeados en las dos últimas décadas con la pérdida del 95,9 % del valor de su salario, quienes para igualar el monto que ganaban mensualmente en 1997, deben reunir dos años de salario, así lo señala Prodavinci.
El caso de los funcionarios y jubilados del sector público es similar. El salario mínimo mensual ronda los 130 bolívares, lo que corresponde a $6,33 dólares, una cantidad insuficiente que pierde aún más valor ante la devaluación de la moneda oficial en una economía dolarizada de facto con una inflación en diciembre de 2020 de 305,7 %. Lo que significa que Venezuela continúa siendo una de las economías más inflacionarias del planeta, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
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Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2022 mostró que el 50 % de los hogares venezolanos viven en pobreza multidimensional; que, ante la precariedad del sistema de salud, ha disminuido el uso de este servicio público y ha aumentado la afiliación a seguros médicos privados que, por sus altos costos, benefician a pocos. Asimismo, la educación actualmente solo cubre al 63 % de la población estudiantil, siendo los menores de 5 años unos de los más afectados.
Si bien estas cifras son altamente preocupantes, fueron aún peores en 2018 y 2019. La apertura a las importaciones y la dolarización de facto contribuyeron a la eliminación del desabastecimiento de años anteriores y han dinamizado anárquicamente la economía creando burbujas de bienestar y elevando el costo de vida a niveles insostenibles para la mayoría. La sociedad venezolana sobrevive en uno de los países más desiguales del mundo y es altamente dependiente de las remesas que recibe de familiares en el exterior.
La situación es de tal magnitud que cerca del 25 % del total de la población venezolana ha salido de su país en las dos últimas décadas, lo que corresponde, según la plataforma R4V, a al menos 7.131.455 migrantes y refugiados; y entre ellos, aproximadamente 2,3 millones migraron en tiempos de pandemia y pospandemia.
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Colombia, desde el 2017, se ha convertido en el principal destino con 2.494.425 migrantes con vocación de permanencia que se han inscrito en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), sumado a los cerca de 980.000 retornados y los migrantes en condición de irregularidad, junto con otros flujos presentes como el de la migración pendular a lo largo de la extensa frontera y el de la migración en tránsito hacia terceros países del sur y norte del continente.
En los últimos años esta migración venezolana ha pasado de ser un fenómeno inédito para Colombia, a ser un proceso trasformador y renovador de la sociedad colombiana. Un 51 % de “ellos”, son mujeres y el 30 % menores de edad. Debe quedar atrás la creencia en su retorno masivo a Venezuela, más aún si los factores de expulsión migratoria persisten en ese país. Ellos ahora son nosotros.
Asimismo, la improvisación de políticas públicas y los anuncios guiados por la inmediatez de los últimos meses no son la respuesta que los migrantes y la sociedad colombiana necesitan. El ETPV como medida de regularización e identificación de alto impacto, marca un camino en dirección hacia la integración, y garantizar su continuidad y su fortalecimiento es necesario, pero no suficiente.
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Son muchos los asuntos pendientes y desafíos que deberá afrontar el actual gobierno, entre ellos: definir la institucionalidad de la gestión migratoria y garantizar su funcionamiento inmediato, liderar la reglamentación de la Política Integral Migratoria, establecer acciones duraderas para eliminar el riesgo de apatridia, fortalecer el sistema de refugio, ampliar estrategias para facilitar la formalización laboral de la población migrante, articular la agenda migratoria con los territorios, combatir la xenofobia, agilizar trámites migratorios y garantizar que las plataformas virtuales de atención estén funcionando adecuadamente, entre muchos otros temas.
La migración es un asunto vigente, que compromete la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz y el fortalecimiento económico y productivo del país. El tema no debe quedar relegado de la agenda del gobierno, ni perderse dentro de la curva de aprendizaje de la nueva administración. Se espera que la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela y que el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establezcan estrategias específicas de largo aliento que enruten la atención e integración de la población migrante en Colombia.
* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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